Verdad modelo 2007

Verdad modelo 2007

Este año hubo más verdad de lo que se esperaba. Pero todavía queda un largo camino por recorrer para que la justicia aclare los crímenes de los paras.
Por María Teresa Ronderos. Asesora revista SEMANA

Al pronosticar lo que se venía, con el proceso de Justicia y Paz y los destapes de la para-política, esta revista bautizó este año como 'el de la verdad'. Y resultó, en efecto, un año de muchas verdades. Se supo el calado del daño causado a miles de colombianos y el paradero de los que habían desaparecido incluso hace tiempo. Se conoció el alcance de la complicidad entre política y paramilitarismo. Se identificaron los rostros de la maldad de un puñado de seres trastocados por un clima social en el que matar y torturar se volvió normal. Se obtuvieron respuestas sobre tierras expoliadas, sobre crímenes atroces; se revisaron miles de expedientes de casos sin culpables identificados y muchos se empezaron a descifrar. Saltaron como liebres del sombrero del mago nombres de empresarios, militares y otros cómplices de la barbarie paramilitar.

Aunque todo se dijo en público en 2007, mirado así de lejos, realmente nada parece tan novedoso. Algunos lo sabían ya todo, e incluso lo habían dicho y fueron estigmatizados por ello. Todos sabíamos algo. Sin embargo, lo que ha hecho este año tan singularmente verdadero es que aquello que se conocía ya en una nebulosa, como un paisaje de fondo, se conoció con nombres, apellidos y dimensiones exactas. Y fueron esas historias personales, esos números precisos, los que despejaron la neblina e hicieron que por primera vez, la verdad se volviera verosímil para los colombianos.

Se registraron con alguna precisión, cerca de 120.000 hechos violentos, cada uno de los cuales dejó una o más víctimas. Con nombre, apellido, firma, huella, cada una de esas miles de víctimas acudió a la Fiscalía, a la Defensoría, a la Procuraduría, a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr), en romerías, como hormigas, cada una con su pedacito de verdad pero determinadas a reconstruirla toda, viajaron desde el campo hasta la ciudad. Hubo más de 90 jornadas de atención a víctimas. Habían sido invisibles, y ahora existían. Casi una decena de sus líderes, entre ellos Yolanda Izquierdo, Carmen Santana, Oscar Cuadrado y Gustavo Espitia, fueron asesinados por salir de debajo de la tierra a animarse a hablar. Pero aun en eso algo cambió porque hubo reacciones en su defensa, como la tutela que obliga al gobierno a protegerlas.

La desaparición forzada era una tragedia que Colombia había intentado esconder debajo del tapete casi desde que existe. La verdad de este año: 973 fosas comunes encontradas con 1.153 cuerpos de personas que se habían esfumado en manos de los paramilitares. La cifra de 7.500 desaparecidos por la cual la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos (Asfaddes) era tildada de tremendista hace unos años, se quedó corta ante los hallazgos de este año, y hoy ya sabemos que fueron 15.000 o quizá más. Muchos problemas logísticos y falta de recursos del Estado han llevado a que las exhumaciones no estén conduciendo rápidamente a una identificación de los cuerpos y por eso apenas 13 han sido identificados plenamente hasta la fecha. Pero 406 han sido reconocidos por su familiares por las prendas de vestir, o alguna otra indicación. Es una verdad enorme para el país, quizá la más brutal y necesaria.

La otra verdad que empezamos a apreciar es la de los victimarios. Por primera vez han sido puestos en el banquillo para que le den cuenta a la justicia. Ha habido horas y horas de justificaciones; de esfuerzos de los jefes para darles un cariz político a actos barbáricos, o para darles apariencia de estructura jerárquica organizada a las Autodefensas Unidas de Colombia, cuando en realidad ésta fue una sombrilla que cobijó a una cofradía de enemigos en permanente competencia por el dominio y los recursos. Pero las versiones libres que han dado casi 600 paramilitares desmovilizados también han sacado a flote verdades profundas de cómo se organizó el terror contra la población civil y de lo que se hizo. Hasta ahora los desmovilizados han confesado casi 3.600 actos criminales relacionados directamente con alrededor de 5.500 víctimas. Ahora el país comenzó a enterarse cómo, cuándo, quiénes y por qué se cometieron muchas de las masacres como la de El Salado, o asesinatos como el de Gentil Cruz Patiño, representante de una Ong francesa, en inmediaciones de la Sierra Nevada.

Ahora bien, esa no es toda la verdad. Es hasta ahora una versión del implicado. Falta todavía el largo proceso judicial de verificar esos hechos confesados, confrontar al victimario con la verdad judicial, y finalmente decidir si el postulado se ganó los beneficios de la Ley 975 o de Justicia y Paz.

Por eso la parte quizá más escandalosa de toda la verdad que ha fluido por los medios masivos este año, la de los nombres de posibles cómplices entre militares, empresarios, sacerdotes y funcionarios, es la que está en el terreno más resbaladizo. Muchos de los jefes paramilitares han escogido cuidadosamente a quién salpican: algunos sólo han mencionado muertos, otros han dicho nombres, pero a la hora de concretar cómo fue exactamente su participación han patinado. Muchos testimonios de estos desmovilizados le han dado sustento al otro gran proceso: el de la para-política. Así por ejemplo, las confesiones de Salvatore Mancuso han provisto de evidencias para las investigaciones del senador Mario Uribe, entre otros. Y las versiones libres de el 'Iguano' y Hernán Giraldo, en Norte de Santander y Magdalena, respectivamente, han aportado información clave en los procesos judiciales contra políticos de esas regiones.

Los procesos de la para-política han revelado cómo funcionaron los acuerdos entre jefes paramilitares y congresistas, gobernadores y otros políticos regionales. El sólo número de los implicados da una idea del tamaño de la verdad que se asoma. Van 26 senadores, 25 representantes a la Cámara y tres gobernadores en la cárcel y otros políticos y funcionarios de diverso rango, desde ex ministros hasta alcaldes, que son investigados por presuntos nexos con el paramilitarismo.

Estas investigaciones no han sido fáciles, magistrados y fiscales han tenido presiones desde lo más alto del poder y se trató incluso de poner en duda la honorabilidad de uno de ellos. No obstante, la justicia colombiana está dando ejemplo de independencia.

Falta mucho camino por recorrer. La dimensión de los procesos ha abrumado la capacidad técnica y económica de la justicia. Hay escollos aún por resolver, como los más de 16.000 desmovilizados que habían sido indultados y que, dados varios fallos de las Cortes, han quedado en el limbo. También acechan contra la verdad las nuevas bandas criminales, o viejos jefes paramilitares que aún no rompen sus lazos con los brazos armados. Sin embargo, la verdad que emergió este año ha sido lo suficientemente esclarecedora, lo necesariamente aliviadora del dolor, como para que este año pase a la historia como aquél en el que se empezó a descubrir la verdad.