El ventilador de las notarías

El ex superintendente de Notariado y Registro le confesó a la Corte Suprema cómo se entregaron más de 30 notarías para pasar la reelección. SEMANA investigó sus declaraciones y esto fue lo que encontró.

El miércoles 24 de junio, pasadas las 9 de la mañana, llegó a la Corte Suprema de Justicia un hombre que se convertirá en el súper testigo del segundo y más extenso capítulo de la llamada 'Yidis-política': la investigación que se adelanta para determinar si por lo menos 30 congresistas, al igual que ocurrió con Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, obtuvieron beneficios del gobierno a cambio de votar favorablemente la reelección. El hombre se llama Manuel Cuello Baute, quien entre 2004 y 2006 se desempeñó como superintendente de Notariado y Registro. Por su cargo, Cuello fue testigo de excepción de la forma como decenas de senadores y representantes habrían sido beneficiados con la entrega de notarías a cambio de sus votos.

SEMANA conoció parte de las declaraciones y de las pruebas de Cuello, que están siendo valoradas por la Corte, las cuales demostrarían los compromisos entre el gobierno y las prebendas que habrían recibido decenas de parlamentarios. Cuello es el hombre clave para aclarar cómo se pagó la reelección. Su testimonio llega en un momento crucial y, sin lugar a dudas, desatará una tormenta política y judicial.

Hace tres semanas la Corte Suprema emitió el fallo en el que condenó a Teodolindo Avendaño a ocho años de prisión por el delito de cohecho al comprobarse que recibió una notaría, que posteriormente vendió, para favorecer la reelección. Por ese mismo caso también fue sentenciado a seis años de cárcel el ex congresista Iván Díaz Mateus. A ellos se suma la condena de tres años y medio que había sido impuesta a Yidis Medina. A diferencia de lo que algunos pensaron, las condenas a estos tres ex congresistas no fueron el final de la investigación. Todo lo contrario. Por eso, el presidente de la Corte, Augusto Ibáñez, reconoció a los medios de comunicación que se estudiaba la posibilidad de investigar a por lo menos 33 congresistas. Pero con lo que no contaba la Corte es con que apareciera un testigo de la talla de Cuello Baute.

La importancia de Cuello para la Corte radica en que sabe quién dio las órdenes y para quiénes iban las notarías. Y eso es lo que ha empezado a contarle a la justicia. SEMANA conoció en exclusiva las declaraciones de Cuello y algunas de las pruebas que están en manos de los investigadores de la Corte.

El súper testigo

Cuando Cuello ingresó a la Corte Suprema el miércoles pasado, acompañado de su abogado, el reconocido penalista Álvaro Rolando Pérez, los magistrados difícilmente se imaginaron lo que estaba por contar. El ex superintendente comenzó por explicar que su retiro de esa entidad, a finales de agosto de 2006, obedeció a los choques y enfrentamientos que tuvo con altos funcionarios del gobierno que no estaban de acuerdo con que se implementara el concurso notarial. Según dijo Cuello a la Corte, funcionarios como el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, y el ministro del Interior de ese entonces, Sabas Pretelt, lo recriminaron por insistir en sacar adelante la iniciativa que permitiría nombrar a los notarios por un concurso de méritos y no por recomendaciones políticas, como era la costumbre. De acuerdo con la declaración de Cuello, el malestar consistía en que el gobierno no podría cumplir con compromisos que ya habían sido adquiridos de entregar notarías a políticos, "situación que lastimosamente vi ejecutar", dijo.

Cuando le preguntaron a Cuello qué pruebas tenía para sustentar sus afirmaciones, el ex superintendente entregó, entre otras, un listado en el que aparecen 72 decretos por medio de los cuales, según él, se crearon y entregaron notarías a recomendados de políticos (ver recuadro).

Explicó que poco después de haber sido aprobada la reelección en el Congreso, comenzó a ser llamado frecuentemente por los miembros del gobierno, especialmente por Bernardo Moreno. "Para la Navidad de 2004 Bernardo Moreno me citó a Palacio y me pidió que llevara la relación de las notarías que para el año 2005 quedarían vacantes, así como los resultados económicos y protocolos de cada una de ellas, pero especialmente los de la notaría 57 de Bogotá. Me manifestó que al gobierno le urgía cumplir un compromiso con los representantes Eduardo Enríquez Maya, Roberto Camacho y Hernando Torres Barrera, por lo que habría que revisar requisitos y proyectar decretos a una persona cuya hoja de vida me harían llegar. Días después, Juan David Ortega (ex secretario general del Ministerio de Agricultura) me hizo entrega de la hoja de vida de Ligia Josefina Erazo, informándome que la había llevado a Palacio el representante Enríquez Maya. Se revisaron los requisitos y se expidió el Decreto 219 de febrero de 2005 nombrándola notaria 57", contó Cuello la semana pasada en la Corte.

Durante más de 10 horas Cuello relató otros episodios a la Corte en los que contó detalladamente cómo se hicieron nombramientos en varias notarías. "Hernando Angarita (ex viceministro de Interior) me remitió la hoja de vida del doctor Otto Paternina para verificar requisitos y nombrarlo notario 6 de Barranquilla. Así lo hice mediante el Decreto 809 de marzo 18 de 2005. Sin embargo, a los pocos días Angarita me remite la hoja de vida de Claudia Betancourt (esposa del representante Jaime Amín) para ser nombrada en la misma notaría.Le manifesté mi preocupación porque allí ya se había nombrado un notario y ya estaba en trámite la posesión. Me dijo que ese era un compromiso del gobierno con el representante Jaime Amín, que mi deber era simplemente verificar requisitos y que por la renuncia del doctor Paternina no me preocupara, que me la haría llegar a los pocos días. Se envió el proyecto de decreto 1201 de 19 de abril de 2005 para nombrarla.

"Sin embargo, un viernes recibí una llamada de Palacio. Era el Presidente, quien me preguntó que quién me había dado la orden de nombrar a la doctora Betancourt, a lo cual le contesté que había sido Bernardo Moreno, a través de Juan David Ortega, y el ministro Sabas, a través de Hernando Angarita. (El Presidente) me dijo que atendiera sus instrucciones y revocara ese decreto porque él había dado instrucciones a Moreno y Sabas de no nombrar a parientes cercanos de parlamentarios. Me dijo que buscara al ministro (Sabas) y revocara ese decreto. Ese fin de semana me comuniqué con el representante Jaime Amín, le comenté lo sucedido y le sugerí que su esposa declinara el nombramiento, a lo cual me manifestó que de ninguna manera, ya que se trataba de un compromiso del gobierno con él. El lunes busqué al Ministro y lo enteré de la orden presidencial. Me respondió que cumpliera con mi deber, ya que se trataba de un compromiso adquirido con Amín, y que él se encargaría de hablar del tema con el Presidente", relató Cuello a la Corte. Betancourt sigue siendo la notaria 6 de Barranquilla.

Feria de notarías

En su declaración, el ex superintendente hizo especial énfasis en una época. Recordó que el mes de noviembre de 2005 fue "un período bastante agitado por las llamadas constantes del ministro Sabas, Hernando Angarita, Bernardo Moreno y Juan David Ortega, para solicitar información de toda índole acerca de las notarías. Eran constantes las reuniones a las cuales era citado para brindarles información y fui testigo de la toma de decisiones frente a quienes les serían concedidos los despachos, de acuerdo con los compromisos adquiridos". Cuello hizo énfasis en dos fechas clave: el 23 y el 25 de noviembre, para explicar por qué lo llamaban tanto altos funcionarios del gobierno.

El 23 de noviembre de 2005 el gobierno expidió ocho decretos para crear notarías y nombrar notarios (ver recuadro). Uno de los notarios nombrados fue Luis Camilo O'Meara, en la notaría 67 de Bogotá. Esta notaría fue la que las investigaciones de la Corte demostraron que había sido asignada a Teodolindo Avendaño, quien posteriormente se la vendió a O'Meara. Por ese caso fue condenado Avendaño.

En su declaración en la Corte, el ex superintendente les explicó a los investigadores los pormenores de los nombramientos y las creaciones de notarías en esa fecha. "El 14 de octubre de 2003 la notaría 2 de Chía había sido suprimida por el gobierno mediante el Decreto 2915, ya que no era viable. Sin embargo, en noviembre de 2005 fui citado por Hernando Angarita a Palacio, en donde Bernardo Moreno me dijo que por orden del Presidente adelantara los estudios pertinentes para reabrir la notaría 2 de Chía. Fue un tema en el que recibí mucha presión por parte de Bernardo Moreno, tanto así que en una de las citas en Palacio me exigió muy alterado que acelerara el trámite para reabrir esa notaría porque había que cumplir un compromiso del gobierno con el representante Plinio Olano. Angarita me hizo llegar la hoja de vida de a quien debía nombrar y así se hizo. La creación de esa notaría y el nombramiento integran un solo decreto, el 4267 del 23 de noviembre de 2005", dijo Cuello a la Corte. Ese 23 de noviembre se crearon de un sólo plumazo ocho notarías más aparte de la de Chía.

El día más importante en todos estos episodios fue el 25 de noviembre de 2005. Esa fecha se expidieron 21 decretos para nombrar igual número de notarios (ver recuadro). Entre esos está el de la célebre notaría 2 de Barrancabermeja, en la cual fue nombrada María Lucely Valencia, la cuota de Yidis Medina, caso por el cual terminó condenada la ex congresista.

Cuello le contó a la Corte que pocos días antes de esa maratónica jornada de nombramientos fue citado al Palacio de Nariño, en donde estuvo reunido con Bernardo Moreno, Sabas Pretelt y Juan David Ortega. Allí, según Cuello, le dijeron a quién tenía que nombrar en determinada notaría y de quién era cuota. Por ejemplo, Cuello relató que ese día se nombró a Rosa Margarita Jiménez Nájera, quien era la cuñada del representante a la Cámara José María Imbett. Dos días antes se había creado la notaría 7 de Cartagena, la cual le fue asignada a Jiménez. Este es sólo uno de los muchos casos a los que ha hecho referencia Cuello y que están siendo evaluados por la Corte.

La inusual lluvia de nombramientos que ocurrió el 25 de noviembre tiene explicaciones. "El afán básicamente consistía en que había que cumplir con los acuerdos que se habían hecho con los políticos para la reelección, y el último plazo para hacerlo era ese día", explicó Cuello a la Corte. En efecto, dos días más tarde, el 27 de noviembre, Álvaro Uribe anunció que iba a ser candidato a la Presidencia. El lunes 28 entró a regir la ley de garantías, la cual le prohibía al gobierno realizar nombramientos en cargos públicos hasta las elecciones presidenciales de mayo de 2006.

No es la única razón. Apenas a finales de octubre la Corte Constitucional le había dado vía libre a la reelección. Sólo a partir de esa fecha tendrían valor los votos de los congresistas a favor de la reforma constitucional. Eso explica por qué apenas en noviembre de 2005 se les entregaron las notarías a Yidis y Teodolindo, si su rol fundamental fue en la votación en el tercer debate, que se realizó en junio de 2004. Sin la sentencia favorable del alto tribunal, no habría necesidad de pagarles las prebendas a esos parlamentarios y los otros que mencionó Cuello a la Corte.

Las palabras de Cuello coinciden con la declaración deYidis Medina en el proceso que se les adelantaba a Díaz Mateus y Teodolindo. Medina afirmó que varios votos de congresistas fueron comprados por medio de un decreto del gobierno que les asignaban notarías. "Señores magistrados, si ustedes desean, yo he logrado conseguir parte de las notarías, la relación de las notarías nombradas para esa fecha, y además, también, se hizo en un solo decreto, lo justificaron todo en un solo decreto, para los nombramientos a cada uno de los congresistas en las notarías", dice la declaración de Yidis.

"Debe advertirse que como Yidis Medina Padilla en su testimonio rendido ante esta Corporación en desarrollo de la audiencia pública de juzgamiento, entre otras afirmaciones que hizo, aludió de manera genérica a 'congresistas' cuyos comportamientos han podido dar lugar a la infracción de la ley penal y al Código Único Disciplinario, es menester ordenar la correspondiente expedición de copias para la investigación de rigor... Por la secretaría de la Sala, expídanse las copias para determinar si hay lugar al ejercicio de la acción penal en contra de algún congresista o congresistas", dice uno de los apartes de la sentencia contra Díaz Mateus en la que la Corte ordena la apertura de nuevas investigaciones.

Si bien hasta ahora las declaraciones de Medina la habían convertido en pieza clave de la investigación, la realidad es que su testimonio palidece al lado de lo que ha dicho, y dirá, Cuello Baute. La razón es simple: él, como superintendente de Notariado, fue el encargado por parte del gobierno de entregar las notarías a los políticos, entre ellas las de Yidis y Teodolindo, como lo reconoció ante la Corte. Para los investigadores de la Corte la responsabilidad de Cuello en los nombramientos de notarios y creación de notarías es relativa. De hecho, en algunos apartes de la sentencia condenatoria de Teodolindo se recalca que Cuello era un "convidado de piedra" y que la creación y la designación de notarías y notarios no era responsabilidad del funcionario porque era "obvio que se necesitaba la voluntad política y la orden del gobierno". Nombrar a un notario y crear una notaría es algo que sólo puede ordenar el Presidente de la República por medio de un decreto que va firmado por el mandatario y por el Ministro del Interior.

La confesión de Cuello abre una nueva etapa en la llamada Yidis-política. Hasta ahora, la Corte ha condenado a tres parlamentarios por su participación en el voto por la reelección, la Procuraduría ha absuelto a los funcionarios acusados de dar las prebendas y la Fiscalía sigue investigando.


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