Reforma Política atenta contra la paz: Gustavo Petro
Política Algunos beneficiados con los procesos de paz e indulto de los años 90 denunciaron que uno de los artículos de la Reforma Política les impedirá ejercer política y ocupar cargos públicos. ¿Qué implicaciones puede tener ese artículo?
En el cuarto debate del proyecto de Reforma Política, una nueva crítica se sumó a la iniciativa. Las dudas son esta vez son sobre el artículo 4, que según el texto aprobado por el pleno de la Cámara, inhabilita a quienes hicieron parte del proceso de paz de 1989, entre el gobierno y el M-19, para aspirar a cargos públicos.
Así lo denunció el Senador del Polo Gustavo Petro, este miércoles en la noche, en el pleno del Senado. El senador, quien fue militante M-19 y protagonista del acuerdo de paz firmado con el entonces Presidente Virgilio Barco, se declaró impedido para participar en el debate de la iniciativa de reforma a la Constitución, por considerar que el artículo 4 lo enfrenta a un conflicto de interés.
"El articulo cuatro de esta Reforma Política establece que quienes hicimos los acuerdos de paz de 1989 quedamos inhabilitados definitivamente para ejercer cualquier función pública en Colombia", dijo Petro en su intervención.
El texto del artículo aprobado en el tercer debate dice que “no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo,… por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales en Colombia o en el exterior” (énfasis de Semana.com).
El artículo inicial, propuesto por el gobierno, no incluía a quienes hayan sido condenados por estos delitos sino que mencionaba a quienes hayan incurrido en delitos que afecten el patrimonio del Estado. La modificación del artículo la hizo el representante Carlos Enríque Soto Jaramillo, del Partido de la U, en el debate que transcurrió en el pleno de la Cámara pero en el que los partidos de la oposición no participaron por considerar que varios congresistas estaban inhabilitados para discutir la reforma.
“Yo no he tenido ninguna intención de perturbar los procesos de paz con los ex militantes del M-19”, dijo a Semana.com, el representante Soto Jaramillo. “Mi intención con el artículo es que se castigue a quienes han incurrido en los delitos de narcotráfico y terrorismo”, dijo. Sin embargo, el artículo, tal como está redactado, no menciona explícitamente esos dos delitos que señala Soto.
El proyecto finalmente salió de la plenaria de la Cámara sin mayor discusión y determina que quienes hayan sido condenados en cualquier momento, incluso por delitos políticos, quedan inhabilitados para ejercer cargos públicos.
Si este proyecto es aprobado tal y como está, no podrían ejercer sus cargos ex militantes de grupos guerrilleros que fueron indultados pero que desde entonces se han reintegrado a la vida civil y democrática. Por ejemplo, Antonio Navarro Wolff, actual gobernador de Nariño (M-19); Otty Patiño, quien se ha desempeñado como Jefe de la Oficina del Observatorio de Culturas del Distrito de Bogotá (M-19); Carlos Franco, director del Programa de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Presidencia (EPL); y, por supuesto el actual senador Gustavo Petro (M-19), entre otros. Ninguno de ellos podría además volver a ejercer cargos públicos ni a contratar con el Estado.
Todos ellos recibieron un indulto por los delitos de sedición y rebeldía –o sea por delitos políticos-. En el acuerdo de paz que suscribieron con el gobierno de entonces, no se indultaron delitos atroces. “El indulto incluye el reconocimiento de un delito, y uno de los efectos de esta figura es que pasa por alto la condena que merece una persona. Se diferencia de la amnistía en que esta no reconoce el delito”, según explicó a Semana.com el analista político Armando Novoa, director de del Centro de Estudios Constitucionales (Plural) y ex constituyente de 1991.
Durante los procesos de paz e indulto de los años 90, además del M-19, fueron beneficiados militantes de grupos como el EPL, Quintín Lame y PRT. Posteriormente en 1993, también se desmovilizó la Corriente de Renovación Socialista, CRS. Hoy en día cieNtos de ex militantes de estso grupos ocupan cargos públicos y de elección popular, en concejos municipales, alcaldías y gobernaciones, entre otros.
Novoa dijo que la aprobación de este artículo como fue redactado “sería una venganza contra el proceso de paz”.
El senador Petro, del Polo Democrático, en su vehemente declaración recordó que la Constitución de 1991 fue el acuerdo de paz en el que se expresó la voluntad popular y se derogó la constitución de 1886. Petro dijo que el Presidente "no quiere, ni respeta, ni reconoce, ni dignifica, ni honra el Pacto de Paz del 89".
También se refirió a la bancada del gobierno a la que le dijo que: “no es para suplicarles a ustedes que nos salven, ni imploramos eso. Con nosotros se habla de igual a igual, pero de rodillas jamás porque no hubiera tenido sentido la paz de 1989 y la Constitución de 1991".
El proyecto de Reforma Política que cursa su cuarto debate surgió con el propósito de depurar los partidos políticos de la influencia mafiosa, tras el escándalo de la parapolítica en el que más de la cuarta parte del Congreso ha resultado salpicado. Sin embargo, analistas y sectores de oposición han denunciado que la iniciativa no se enfoca en este propósito. Aunque el proyecto menciona que se sancionará a los partidos que avalen candidatos que se alíen con grupos ilegales, no especifica de qué manera lo hará.
Además las sanciones se aplicarían para los legisladores de otro Congreso y no para los del actual, el cual se ha visto enlodado por los vínculos de muchos congresistas con grupos paramilitares.
A lo largo de su trámite al proyecto se le han “colgado” artículos que poco tienen que ver con su propósito. Por ejemplo, en las primeras discusiones los congresistas se centraron en un artículo que permitía al presidente Uribe volver a aspirar a la Presidencia, en 2014. El artículo, no obstante, fue sepultado por el pleno de la Cámara.
Igualmente, al final del articulado aprobado en la Plenaria de la Cámara en su último debate, el proyecto incluyó un artículo transitorio que crea un régimen especial en lo económico, lo político y lo social, para varias regiones del país. Todas son zonas afectadas por el conflicto, en las que eventualmente grupos ilegales tienen un ávido interés. Este artículo no ha sido debatido lo suficiente y no tiene ninguna relación con la Reforma Política que necesita el país.
www.semana.com
sábado, 13 de diciembre de 2008
Diego José Martínez Goyeneche, alias ‘Daniel’,
El ex comandante del Bloque Tolima Diego Martínez Goyeneche alias 'Daniel' incriminó a varios miembros de la policía y el ejército quienes presuntamente le permitieron a las autodefensas lograr el control del Tolima
El ex comandante del Bloque Tolima Diego Martínez Goyeneche alias 'Daniel' incriminó a varios miembros de la policía y el ejército quienes presuntamente le permitieron a las autodefensas lograr el control del Tolima.
Diego José Martínez Goyeneche, alias ‘Daniel’, es un teniente retirado del ejército que decidió ingresar a las filas de las autodefensas de Cordoba y Uraba en 1999. Desde entonces se convirtió en uno de los hombres de confianza de Carlos Castaño, en algunos casos fue el encargado de abrir nuevos frentes paramilitares en el país.
En su versión libre del 3 ,4 y 5 de diciembre ante la fiscal de Justicia y Paz, María Patricia Meza González ‘Daniel’ contó que recibió la orden de comandar el bloque Tolima, una fuerza de apoyo de Carlos Castaño que en poco tiempo consiguió apoderarse de los municipios de Piedras, Líbano, Lérida, Ibagué, entre otros.
El Bloque Tolima surgió entre 2000 y 2002, como resultado de la unificación de varias bloques paramilitares como el de Ramón Isaza en el Magdalena Medio y el Bloque Centauros a cargo de Martín Arroyave. Este grupo paramilitar tuvo influencia en prácticamente todo el departamento y las autoridades consideran que fue el responsable del repliegue del frente 21 de las Farc y algunos reductos del Eln y el Erp. En el norte del departamento, en el corregimiento de Las Delicias, en Lérida, tenía su base de operaciones.
Para lograr establecer este bloque, que contaba con 207 hombres al momento de su desmovilización en octubre de 2005, el ex jefe ‘para’ sostuvo que el Coronel Ciro Chitiva y Danilo Gonzáles, quienes se desempeñaron como comandantes de Policía en el Tolima fueron presuntamente sus colaboradores.
De Chitiva señaló que, cuando se desempeñaba como comandante en el Tolima, presuntamente les pasaba información de inteligencia para ubicar a sus víctimas y además los ayudaba para entrar en poblaciones de control guerrillero. Mientras que de González, ex comandante de la Policía en este departamento y quien llegó a ser director del Gaula en Bogotá, dijo que, cuando se retiró, presuntamente les sirvió de enlace entre su bloque y la Policía.
‘Daniel’ también mencionó como presuntos colaboradores de las autodefensas al capitán Camilo Rodríguez, comandante de Inteligencia del Batallón Rooke en Ibague; al oficial Eduardo Calderón del CTI y al Capitán Andrés Perdomo de la Fuerza Áerea.
Según ‘Daniel’, el bloque Tolima consiguió consolidarse en el departamento porque reclutaron personal retirado del éjercito que eran nativos y manejaba la zona.
También confesó la forma en que los hombres bajo su mando imponían presión a los policías y militares de la región. Según ‘Daniel’, apilaban cuerpos en las comisarías y comandos de policía de los pueblos para manchar las hojas de vida de las autoridades que no se dejaban corromper por las autodefensas.
Fue así, pagando y amenazando, que Diego José Martínez Goyeneche consiguió expandir el control de su bloque dejando un prontuario de más de 770 víctimas registradas en SIJYP (Sistema de Información de Justicia y Paz).
En su versión libre Diego José Martínez, también se refirió al fenómeno de la parapolítica en el Tolima. ‘Daniel’ confesó haber entregado al ex alcalde de San Luis, Armando Gamboa, apoyo financiero para su campaña. Gamboa fue asesinado en el 2005.
La Fiscal delegada preguntó al ex jefe ‘para’ por el asesinato de 8 miembros pertenecientes al pueblo Pijao, ‘Daniel’ aseguró que el asesinato de indígenas no se encontraba dentro de las políticas de las autodefensas pero aseguró que la guerrilla tenía infiltrados en esa comunidad.
Como parte de la diligencia la Fiscalía presento a ‘Daniel’ un organigrama con las fotos de los miembros del bloque Tolima para que los identificara. Martínez argumentó que era difícil para él reconocer a sus hombres después de tanto tiempo.
Durante los días 4 y 5 de diciembre Diego José Martínez Goyeneche enunció más de 24 asesinatos que confesará en su versión libre. Los crímenes fueron ordenados por ‘Daniel’ y cometidos por sus hombres de confianza. Algunos de ellos responden a los alias de ‘Fabian’, ‘Moises’, ‘Cara de Sapo’, ‘Juancho’, ‘Chocha gringa’, ‘Paisa’, ‘Augusto’, ‘Chala’ y ‘Guerrillo’.
El protector de 'Doble Cero'
Alias 'Daniel' también relató en Justicia y Paz un episodio que aún es un enigma dentro las autodefensas. El fue testigo de cómo fueron los últimos años de uno de los mas importantes cabecillas de las Auc, 'Doble Cero'. En el 2004, 'Doble Cero' huye a Tolima, acosado por el cerco que le tendieron Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, en el Magdalena y Nordeste antioqueños, y Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, en el Valle de Aburrá y el Oriente.
Aunque los jefes paramilitares, al mando de los bloques Central Bolívar y Cacique Nutibara argumentaron en su momento que la guerra contra el disidente jefe del bloque Metro obedeció a su renuencia a vincularse a un proceso de negociación política que, en esa época apenas se esbozaba, lo cierto es que García Fernández manejaba un multimillonario “negocio”, relacionado con el continuo robo de gasolina al poliducto de Sabastopol, que pasa por el Oriente y atraviesa el Valle de Aburrá.
'Doble Cero' siempre justificó su “disidencia” con el argumento de que la confederación de grupos que había surgido tras la cumbre en la que se habían convertido como Autodefensas Unidas de Colombia -Auc- (a finales de 1997) sirvió de pretexto para vestir de camuflado y dar un estatus político a los más grandes narcotraficantes colombianos de la época.
“Nadie mató más gente en Medellín que 'Doble Cero'”, dijo una vez un delegado de un organismo internacional, quien pidió en su momento el anonimato, durante una exposición en la que explicó la forma como la guerra entre los grupos de autodefensas y de estos con la guerrilla influida en la situación de zozobra y en la oleada de crímenes que vivía la ciudad.
Macaco y don Berna acorralaron a 'Doble Cero' al punto que lo obligaron a quedarse solo, pues muchos de los combatientes del bloque Metro terminaron muertos o portando el brazalete de los bloques Central Bolívar, Cacique Nutibara o Héroes de Granada.
En Medellín, los combates tuvieron muchas repercusiones en las comunas occidental y oriental, con enfrentamientos que duraban días y noches enteras y que se escenificaban en medio de la población civil.
Cuando el Cacique Nutibara copó los espacios del Metro, prosiguió su campaña de exterminio en esas comunas contra los reductos de la guerrilla, proyecto que también se saldó con decenas de muertes, centenares de desplazados y utilizando las calles como trincheras.
Ese cruce de fuegos terminó con la controvertida operación Orión, en octubre de 2002, cuando en una acción oficial, que contó con la colaboración de todos los organismos de seguridad y la Fiscalía, el entonces comandante de la IV Brigada, general (r), Mario Montoya Uribe, anunció que el Estado había recuperado un territorio que antes se disputaron los grupos ilegales.
En ese momento, 'Doble Cero' desapareció de la escena del conflicto armado y solo se supo de él, en mayo de 2004, cuando lo mataron sus antiguos compañeros en una calle cerca de El Rodadero, en Santa Marta.
García Fernández huyó de Antioquia en busca de protección de uno de los pocos aliados que le quedaban en ese momento a Carlos Castaño, el también ex máximo jefe de las Auc, también asesinados por sus ex compañeros en abril de 2004.
Castaño y 'Doble Cero' tenían vínculos fuertes de amistad, pues fundaron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y se convirtieron en los instructores de miles de hombres que ingresaron a las filas de las autodefensas.
www.verdadabierta.com
El ex comandante del Bloque Tolima Diego Martínez Goyeneche alias 'Daniel' incriminó a varios miembros de la policía y el ejército quienes presuntamente le permitieron a las autodefensas lograr el control del Tolima.
Diego José Martínez Goyeneche, alias ‘Daniel’, es un teniente retirado del ejército que decidió ingresar a las filas de las autodefensas de Cordoba y Uraba en 1999. Desde entonces se convirtió en uno de los hombres de confianza de Carlos Castaño, en algunos casos fue el encargado de abrir nuevos frentes paramilitares en el país.
En su versión libre del 3 ,4 y 5 de diciembre ante la fiscal de Justicia y Paz, María Patricia Meza González ‘Daniel’ contó que recibió la orden de comandar el bloque Tolima, una fuerza de apoyo de Carlos Castaño que en poco tiempo consiguió apoderarse de los municipios de Piedras, Líbano, Lérida, Ibagué, entre otros.
El Bloque Tolima surgió entre 2000 y 2002, como resultado de la unificación de varias bloques paramilitares como el de Ramón Isaza en el Magdalena Medio y el Bloque Centauros a cargo de Martín Arroyave. Este grupo paramilitar tuvo influencia en prácticamente todo el departamento y las autoridades consideran que fue el responsable del repliegue del frente 21 de las Farc y algunos reductos del Eln y el Erp. En el norte del departamento, en el corregimiento de Las Delicias, en Lérida, tenía su base de operaciones.
Para lograr establecer este bloque, que contaba con 207 hombres al momento de su desmovilización en octubre de 2005, el ex jefe ‘para’ sostuvo que el Coronel Ciro Chitiva y Danilo Gonzáles, quienes se desempeñaron como comandantes de Policía en el Tolima fueron presuntamente sus colaboradores.
De Chitiva señaló que, cuando se desempeñaba como comandante en el Tolima, presuntamente les pasaba información de inteligencia para ubicar a sus víctimas y además los ayudaba para entrar en poblaciones de control guerrillero. Mientras que de González, ex comandante de la Policía en este departamento y quien llegó a ser director del Gaula en Bogotá, dijo que, cuando se retiró, presuntamente les sirvió de enlace entre su bloque y la Policía.
‘Daniel’ también mencionó como presuntos colaboradores de las autodefensas al capitán Camilo Rodríguez, comandante de Inteligencia del Batallón Rooke en Ibague; al oficial Eduardo Calderón del CTI y al Capitán Andrés Perdomo de la Fuerza Áerea.
Según ‘Daniel’, el bloque Tolima consiguió consolidarse en el departamento porque reclutaron personal retirado del éjercito que eran nativos y manejaba la zona.
También confesó la forma en que los hombres bajo su mando imponían presión a los policías y militares de la región. Según ‘Daniel’, apilaban cuerpos en las comisarías y comandos de policía de los pueblos para manchar las hojas de vida de las autoridades que no se dejaban corromper por las autodefensas.
Fue así, pagando y amenazando, que Diego José Martínez Goyeneche consiguió expandir el control de su bloque dejando un prontuario de más de 770 víctimas registradas en SIJYP (Sistema de Información de Justicia y Paz).
En su versión libre Diego José Martínez, también se refirió al fenómeno de la parapolítica en el Tolima. ‘Daniel’ confesó haber entregado al ex alcalde de San Luis, Armando Gamboa, apoyo financiero para su campaña. Gamboa fue asesinado en el 2005.
La Fiscal delegada preguntó al ex jefe ‘para’ por el asesinato de 8 miembros pertenecientes al pueblo Pijao, ‘Daniel’ aseguró que el asesinato de indígenas no se encontraba dentro de las políticas de las autodefensas pero aseguró que la guerrilla tenía infiltrados en esa comunidad.
Como parte de la diligencia la Fiscalía presento a ‘Daniel’ un organigrama con las fotos de los miembros del bloque Tolima para que los identificara. Martínez argumentó que era difícil para él reconocer a sus hombres después de tanto tiempo.
Durante los días 4 y 5 de diciembre Diego José Martínez Goyeneche enunció más de 24 asesinatos que confesará en su versión libre. Los crímenes fueron ordenados por ‘Daniel’ y cometidos por sus hombres de confianza. Algunos de ellos responden a los alias de ‘Fabian’, ‘Moises’, ‘Cara de Sapo’, ‘Juancho’, ‘Chocha gringa’, ‘Paisa’, ‘Augusto’, ‘Chala’ y ‘Guerrillo’.
El protector de 'Doble Cero'
Alias 'Daniel' también relató en Justicia y Paz un episodio que aún es un enigma dentro las autodefensas. El fue testigo de cómo fueron los últimos años de uno de los mas importantes cabecillas de las Auc, 'Doble Cero'. En el 2004, 'Doble Cero' huye a Tolima, acosado por el cerco que le tendieron Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, en el Magdalena y Nordeste antioqueños, y Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, en el Valle de Aburrá y el Oriente.
Aunque los jefes paramilitares, al mando de los bloques Central Bolívar y Cacique Nutibara argumentaron en su momento que la guerra contra el disidente jefe del bloque Metro obedeció a su renuencia a vincularse a un proceso de negociación política que, en esa época apenas se esbozaba, lo cierto es que García Fernández manejaba un multimillonario “negocio”, relacionado con el continuo robo de gasolina al poliducto de Sabastopol, que pasa por el Oriente y atraviesa el Valle de Aburrá.
'Doble Cero' siempre justificó su “disidencia” con el argumento de que la confederación de grupos que había surgido tras la cumbre en la que se habían convertido como Autodefensas Unidas de Colombia -Auc- (a finales de 1997) sirvió de pretexto para vestir de camuflado y dar un estatus político a los más grandes narcotraficantes colombianos de la época.
“Nadie mató más gente en Medellín que 'Doble Cero'”, dijo una vez un delegado de un organismo internacional, quien pidió en su momento el anonimato, durante una exposición en la que explicó la forma como la guerra entre los grupos de autodefensas y de estos con la guerrilla influida en la situación de zozobra y en la oleada de crímenes que vivía la ciudad.
Macaco y don Berna acorralaron a 'Doble Cero' al punto que lo obligaron a quedarse solo, pues muchos de los combatientes del bloque Metro terminaron muertos o portando el brazalete de los bloques Central Bolívar, Cacique Nutibara o Héroes de Granada.
En Medellín, los combates tuvieron muchas repercusiones en las comunas occidental y oriental, con enfrentamientos que duraban días y noches enteras y que se escenificaban en medio de la población civil.
Cuando el Cacique Nutibara copó los espacios del Metro, prosiguió su campaña de exterminio en esas comunas contra los reductos de la guerrilla, proyecto que también se saldó con decenas de muertes, centenares de desplazados y utilizando las calles como trincheras.
Ese cruce de fuegos terminó con la controvertida operación Orión, en octubre de 2002, cuando en una acción oficial, que contó con la colaboración de todos los organismos de seguridad y la Fiscalía, el entonces comandante de la IV Brigada, general (r), Mario Montoya Uribe, anunció que el Estado había recuperado un territorio que antes se disputaron los grupos ilegales.
En ese momento, 'Doble Cero' desapareció de la escena del conflicto armado y solo se supo de él, en mayo de 2004, cuando lo mataron sus antiguos compañeros en una calle cerca de El Rodadero, en Santa Marta.
García Fernández huyó de Antioquia en busca de protección de uno de los pocos aliados que le quedaban en ese momento a Carlos Castaño, el también ex máximo jefe de las Auc, también asesinados por sus ex compañeros en abril de 2004.
Castaño y 'Doble Cero' tenían vínculos fuertes de amistad, pues fundaron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y se convirtieron en los instructores de miles de hombres que ingresaron a las filas de las autodefensas.
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Plata incautada sí iba para Gobernador de Bolívar y su hermano, revela empresario
Plata incautada sí iba para Gobernador de Bolívar y su hermano, revela empresario
S. Schuster le dijo a la Fiscalía que Joaco y Jorge Berrío le pagaron la defensa para que no dijera que el dinero incautado en Cartagena era de ellos.
La noche del domingo 30 de noviembre, en la casa de uno de sus familiares, el empresario cartagenero Samuel Schuster tomó la decisión de contarle a la Fiscalía el verdadero origen de los 1.036 millones de pesos que la Policía incautó hace 14 meses en un operativo que culminó con su vinculación a un proceso por lavado de activos y que hoy hace parte del grueso expediente contra DMG.
Ese día, EL TIEMPO reveló que la DEA desempolvaba una vieja acusación (de 1984) en la que Schuster aparece purgando una condena en Estados Unidos, también por lavado, lo que lo convertía en un interesante reincidente que podría explicar transacciones del emporio de David Murcia en ese país.
Pero Schuster le juró a su familia que en esta ocasión nada tuvo que ver y que fue un 'gancho ciego' en el episodio del los 1.036 millones.
También le pidió a su abogado -Abelardo de la Espriella- que solicitara una ampliación de indagatoria para contarle a las autoridades su versión de lo ocurrido.
Cuatro horas de indagatoria
Efectivamente, el pasado viernes llegó a la Fiscalía 8 de la Unidad de Lavado de Activos y durante 4 horas le narró al fiscal del caso lo ocurrido ese 26 de octubre, cuando fue capturado en el mismo montallantas en donde la Sijín encontró el dinero metido en una caleta de un viejo bus de la empresa TransIpiales.
Según Schuster, ese día fue abordado por los hermanos Jorge y Joaquín Berrío (este último entonces candidato a la Gobernación de Bolívar) para que les hiciera un favor.
"Me dijeron que les prestara mi camioneta Toyota, de placas CIZ609, para recoger un dinero que les habían prestado para la campaña a la Gobernación", le dijo Schuster al fiscal.
Y agregó que el encuentro fue entre las 3 y las 4 de la tarde frente a un banco de Cartagena y que como testigo está la ex esposa de 'Joaco' Berrío, la señora Rosario Romero.
El abogado de los Berrío
"Ambos (Jorge y 'Joaco') estuvieron detrás de mi camioneta esa tarde mientras yo fui con el señor José Vélez de La Espriella a recuperar el dinero. Nos usaron de gancho ciego", insistió el empresario.
Y agregó que los hermanos Berrío le pidieron que no hablara y le prometieron que lo iban a sacar del lío.
"A través de la empresa Vimarco, ellos me pagaron mi primer abogado", puntualizó.
EL TIEMPO estableció que se trata de Hernando Osorio Rico, prestigioso jurista costeño que, efectivamente, apoderó a Schuster al inicio del proceso y que hoy defiende a Vélez el otro implicado.
Osorio niega el pago por parte de los Berrío pero reconoce que son viejos amigos y que trabajó para Vimarco (ver 'Los nexos de Osorio...).
DMG va a hablar del tema
Anticipándose a la divulgación de la indagatoria de Schuster, el gobernador 'Joaco Berrío' realizó ayer una rueda de prensa en la que lo descalifica. Y en la tarde habló con EL TIEMPO: "No es cierto lo que está diciendo Schuster, no tengo nada que ver con eso. No me han prestado nada de DMG. No conozco la declaración, pero le solicité al Fiscal que me escuche en versión libre", dijo el mandatario.
Con lo que no contaba el gobernador Berrío -que ya está siendo indagado por la Corte Suprema por este caso- es que ejecutivos de DMG ya anunciaron que le reconocerán a la Fiscalía que sí hubo tal préstamo para su campaña y que incluso el propio David Murcia Guzmán lo tienen en su contabilidad.
Por ahora es la palabra de Schuster contra la del señor gobernador.
Pero la Fiscalía se apresta a llamar a otros testigos de lo ocurrido ese 26 de octubre para remitir lo pertinente a la Corte Suprema, que ya inició la investigación.
EL TIEMPO intentó localizar a Jorge Berrío pero no fue posible escuchar su versión.
Los nexos de Osorio con los Berrío
El abogado Hernando Osorio Rico le admitió a EL TIEMPO que apoderó a Samuel Schuster al inicio del proceso por lavado pero negó que su honorarios los hubiesen pagado los hermanos Berrío a través de la empresa de vigilancia Vimarco, a la que están vinculados. Incluso, envió una certificación de Vimarco a este respecto: "Es una calumnia", dijo.
No obstante, reconoció que asesora a Vimarco desde hace cerca de una década y que es amigo personal de Joaquín y de Jairo (otro de los hermanos) Berrío. Incluso, que actualmente apodera a Jairo Berrío en un proceso que se le sigue ante la Corte Suprema por anomalías en la expedición de pasaportes, cuando fue cónsul en Madrid (España).
También dijo que Jairo Berrío le pidió que ayudara a Samuel Schuster y a José Vélez -su pariente político- en el proceso.
"Actualmente soy abogado del señor Vélez pero ya les dije que iba a renunciar al caso", dijo Osorio y añadió que ambos le juraron que no tenían nada que ver con el dinero incautado.
UNIDAD INVESTIGATIVA
www.eltiempo.com
S. Schuster le dijo a la Fiscalía que Joaco y Jorge Berrío le pagaron la defensa para que no dijera que el dinero incautado en Cartagena era de ellos.
La noche del domingo 30 de noviembre, en la casa de uno de sus familiares, el empresario cartagenero Samuel Schuster tomó la decisión de contarle a la Fiscalía el verdadero origen de los 1.036 millones de pesos que la Policía incautó hace 14 meses en un operativo que culminó con su vinculación a un proceso por lavado de activos y que hoy hace parte del grueso expediente contra DMG.
Ese día, EL TIEMPO reveló que la DEA desempolvaba una vieja acusación (de 1984) en la que Schuster aparece purgando una condena en Estados Unidos, también por lavado, lo que lo convertía en un interesante reincidente que podría explicar transacciones del emporio de David Murcia en ese país.
Pero Schuster le juró a su familia que en esta ocasión nada tuvo que ver y que fue un 'gancho ciego' en el episodio del los 1.036 millones.
También le pidió a su abogado -Abelardo de la Espriella- que solicitara una ampliación de indagatoria para contarle a las autoridades su versión de lo ocurrido.
Cuatro horas de indagatoria
Efectivamente, el pasado viernes llegó a la Fiscalía 8 de la Unidad de Lavado de Activos y durante 4 horas le narró al fiscal del caso lo ocurrido ese 26 de octubre, cuando fue capturado en el mismo montallantas en donde la Sijín encontró el dinero metido en una caleta de un viejo bus de la empresa TransIpiales.
Según Schuster, ese día fue abordado por los hermanos Jorge y Joaquín Berrío (este último entonces candidato a la Gobernación de Bolívar) para que les hiciera un favor.
"Me dijeron que les prestara mi camioneta Toyota, de placas CIZ609, para recoger un dinero que les habían prestado para la campaña a la Gobernación", le dijo Schuster al fiscal.
Y agregó que el encuentro fue entre las 3 y las 4 de la tarde frente a un banco de Cartagena y que como testigo está la ex esposa de 'Joaco' Berrío, la señora Rosario Romero.
El abogado de los Berrío
"Ambos (Jorge y 'Joaco') estuvieron detrás de mi camioneta esa tarde mientras yo fui con el señor José Vélez de La Espriella a recuperar el dinero. Nos usaron de gancho ciego", insistió el empresario.
Y agregó que los hermanos Berrío le pidieron que no hablara y le prometieron que lo iban a sacar del lío.
"A través de la empresa Vimarco, ellos me pagaron mi primer abogado", puntualizó.
EL TIEMPO estableció que se trata de Hernando Osorio Rico, prestigioso jurista costeño que, efectivamente, apoderó a Schuster al inicio del proceso y que hoy defiende a Vélez el otro implicado.
Osorio niega el pago por parte de los Berrío pero reconoce que son viejos amigos y que trabajó para Vimarco (ver 'Los nexos de Osorio...).
DMG va a hablar del tema
Anticipándose a la divulgación de la indagatoria de Schuster, el gobernador 'Joaco Berrío' realizó ayer una rueda de prensa en la que lo descalifica. Y en la tarde habló con EL TIEMPO: "No es cierto lo que está diciendo Schuster, no tengo nada que ver con eso. No me han prestado nada de DMG. No conozco la declaración, pero le solicité al Fiscal que me escuche en versión libre", dijo el mandatario.
Con lo que no contaba el gobernador Berrío -que ya está siendo indagado por la Corte Suprema por este caso- es que ejecutivos de DMG ya anunciaron que le reconocerán a la Fiscalía que sí hubo tal préstamo para su campaña y que incluso el propio David Murcia Guzmán lo tienen en su contabilidad.
Por ahora es la palabra de Schuster contra la del señor gobernador.
Pero la Fiscalía se apresta a llamar a otros testigos de lo ocurrido ese 26 de octubre para remitir lo pertinente a la Corte Suprema, que ya inició la investigación.
EL TIEMPO intentó localizar a Jorge Berrío pero no fue posible escuchar su versión.
Los nexos de Osorio con los Berrío
El abogado Hernando Osorio Rico le admitió a EL TIEMPO que apoderó a Samuel Schuster al inicio del proceso por lavado pero negó que su honorarios los hubiesen pagado los hermanos Berrío a través de la empresa de vigilancia Vimarco, a la que están vinculados. Incluso, envió una certificación de Vimarco a este respecto: "Es una calumnia", dijo.
No obstante, reconoció que asesora a Vimarco desde hace cerca de una década y que es amigo personal de Joaquín y de Jairo (otro de los hermanos) Berrío. Incluso, que actualmente apodera a Jairo Berrío en un proceso que se le sigue ante la Corte Suprema por anomalías en la expedición de pasaportes, cuando fue cónsul en Madrid (España).
También dijo que Jairo Berrío le pidió que ayudara a Samuel Schuster y a José Vélez -su pariente político- en el proceso.
"Actualmente soy abogado del señor Vélez pero ya les dije que iba a renunciar al caso", dijo Osorio y añadió que ambos le juraron que no tenían nada que ver con el dinero incautado.
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! Viva el gran fascismo liberal !
¡Viva el gran fascismo liberal!
Opinión
Daniel Samper Ospina
Confieso que siempre he tenido un sentimiento encontrado por los curas. Hay unos que admiro profundamente por su compromiso con la niñez abandonada, como el padre Javier de Nicoló; hay otros que han demostrado que también tienen palito para los niños, aunque de una manera un poco más literal, como el padre Rozo, acusado de pedofilia. Y hay otros que usan brackets y cantan baladas, como el padre Chucho, que no sé a cuál grupo pertenecen, o si incluso hacen parte de los niños.
En esta era de Uribe me sucede algo extraño, y es que me cuesta trabajo reconocer cuál funcionario es cura y cuál no. Todos parecen sacerdotes. ¿El de prensa es cura? El de Invercolsa que habla como si fuera obispo, ¿es monseñor de Manizales? Y uno que anda pregonando que los jóvenes deben aguantarse el gustico y eleva una mirada llena de fervor y locura cuando visita al padre Marianito: ¿es párroco de un pueblito paisa?
Pero el que más pinta de cura tiene, y de cura de la edad media, es el doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, futuro procurador.
Pensaba abstenerme de escribir sobre él porque alguna vez me demandó infructuosamente por haber hecho una parodia de la última cena con una mujer desnuda en la revista SoHo, pero creo que haberlo padecido me da más autoridad para referirme a él. Aquella vez fue interesante presenciar de cerca a un extremista religioso: un ejemplar que yo creía que existía sólo en la ficción; que cree ciegamente que la moral le pertenece, que piensa que los únicos valores útiles a la sociedad son las virtudes católicas que pregona, y cuya vehemencia medieval era parecida a la de Ricardo Corazón de León, aquel pariente lejano del presidente Uribe.
Su inevitable elección como Procurador se suma a un ambiente cargado de actitudes retrógradas y oscurantistas que se han propagado con el gobierno de Uribe, como la del senador cristiano Víctor Velásquez, escandalizado porque en una comedia de televisión aparecía una pareja homosexual. No sé por qué estos extremistas religiosos tienen la obsesión de perseguir lo que no les gusta: si les molesta una revista, no les basta con no comprarla: necesitan llevarla a juicio; si la homosexualidad no es de su preferencia, no les es suficiente con casarse tranquilamente con una mujer: necesitan perseguir a los homosexuales. Y aunque no tengan útero, procuran decirles a las mujeres lo que deben hacer con él.
Sorprendido ante su inminente elección, llamé a un amigo que es congresista del Polo para que nos quejáramos juntos.
—¿Puede creer lo que se nos viene? -le dije.
—No es para tanto -empezó a escurrirse-. Ordóñez es un hombre que lucha por los valores, que últimamente se han perdido.
—Sobre todo en Wall street -le dije desencajado.
Busqué entonces a un senador liberal que consideraba serio. Le dije que según recortes de prensa, en julio del 82 Ordóñez asaltó la biblioteca Gabriel Turbay junto con un grupo de extremistas vestidos con boinas negras para quitar libros y pinturas que atentaran contra lo que ellos entienden por moral, como si lo inmoral no fuera asaltar bibliotecas.
—Al menos es franco -me respondió con una parsimonia sospechosa.
—Franco no: franquista.
Acudí a los congresistas que conozco y por los que he votado y que, en teoría, eran progresistas; les recordé la importancia de que por encima de los valores religiosos permanezcan las conquistas de la ilustración, el respeto a las libertades, la defensa de las minorías: todas ideas contrarias al talante del doctor Ordóñez.
Pero fue en vano: tanto mis amigos de izquierda como mis conocidos liberales me dieron todo tipo de argumentos de mantequilla, resbaladizos y blandos, para traicionarse sin angustia en beneficio de los puestos que ya debieron negociar.
Yo me imagino que el doctor Ordóñez sueña con hacer una cruzada a favor de la castidad y con vivir en una sociedad en la que las únicas parejas legales sean entre hombres y mujeres: nada de una mujer y una mujer, o un cura y un seminarista, o un ser humano y un hincha de Millonarios.
Esa es la visión medieval e intolerante del doctor Ordóñez, pero hay que reconocer que al menos es consistente: ha sido reaccionario desde chiquito, de frente y sin disimulos, como los funcionarios que parecen curas en esta era uribista.
Su actitud es grave pero no triste. Lo triste es saber que, salvo las excepciones que veremos, los únicos liberales valiosos que nos quedan son los que venden en las tiendas. Y que no hay cura que más apriete que la del mismo Polo.
www.semana.com
Opinión
Daniel Samper Ospina
Confieso que siempre he tenido un sentimiento encontrado por los curas. Hay unos que admiro profundamente por su compromiso con la niñez abandonada, como el padre Javier de Nicoló; hay otros que han demostrado que también tienen palito para los niños, aunque de una manera un poco más literal, como el padre Rozo, acusado de pedofilia. Y hay otros que usan brackets y cantan baladas, como el padre Chucho, que no sé a cuál grupo pertenecen, o si incluso hacen parte de los niños.
En esta era de Uribe me sucede algo extraño, y es que me cuesta trabajo reconocer cuál funcionario es cura y cuál no. Todos parecen sacerdotes. ¿El de prensa es cura? El de Invercolsa que habla como si fuera obispo, ¿es monseñor de Manizales? Y uno que anda pregonando que los jóvenes deben aguantarse el gustico y eleva una mirada llena de fervor y locura cuando visita al padre Marianito: ¿es párroco de un pueblito paisa?
Pero el que más pinta de cura tiene, y de cura de la edad media, es el doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, futuro procurador.
Pensaba abstenerme de escribir sobre él porque alguna vez me demandó infructuosamente por haber hecho una parodia de la última cena con una mujer desnuda en la revista SoHo, pero creo que haberlo padecido me da más autoridad para referirme a él. Aquella vez fue interesante presenciar de cerca a un extremista religioso: un ejemplar que yo creía que existía sólo en la ficción; que cree ciegamente que la moral le pertenece, que piensa que los únicos valores útiles a la sociedad son las virtudes católicas que pregona, y cuya vehemencia medieval era parecida a la de Ricardo Corazón de León, aquel pariente lejano del presidente Uribe.
Su inevitable elección como Procurador se suma a un ambiente cargado de actitudes retrógradas y oscurantistas que se han propagado con el gobierno de Uribe, como la del senador cristiano Víctor Velásquez, escandalizado porque en una comedia de televisión aparecía una pareja homosexual. No sé por qué estos extremistas religiosos tienen la obsesión de perseguir lo que no les gusta: si les molesta una revista, no les basta con no comprarla: necesitan llevarla a juicio; si la homosexualidad no es de su preferencia, no les es suficiente con casarse tranquilamente con una mujer: necesitan perseguir a los homosexuales. Y aunque no tengan útero, procuran decirles a las mujeres lo que deben hacer con él.
Sorprendido ante su inminente elección, llamé a un amigo que es congresista del Polo para que nos quejáramos juntos.
—¿Puede creer lo que se nos viene? -le dije.
—No es para tanto -empezó a escurrirse-. Ordóñez es un hombre que lucha por los valores, que últimamente se han perdido.
—Sobre todo en Wall street -le dije desencajado.
Busqué entonces a un senador liberal que consideraba serio. Le dije que según recortes de prensa, en julio del 82 Ordóñez asaltó la biblioteca Gabriel Turbay junto con un grupo de extremistas vestidos con boinas negras para quitar libros y pinturas que atentaran contra lo que ellos entienden por moral, como si lo inmoral no fuera asaltar bibliotecas.
—Al menos es franco -me respondió con una parsimonia sospechosa.
—Franco no: franquista.
Acudí a los congresistas que conozco y por los que he votado y que, en teoría, eran progresistas; les recordé la importancia de que por encima de los valores religiosos permanezcan las conquistas de la ilustración, el respeto a las libertades, la defensa de las minorías: todas ideas contrarias al talante del doctor Ordóñez.
Pero fue en vano: tanto mis amigos de izquierda como mis conocidos liberales me dieron todo tipo de argumentos de mantequilla, resbaladizos y blandos, para traicionarse sin angustia en beneficio de los puestos que ya debieron negociar.
Yo me imagino que el doctor Ordóñez sueña con hacer una cruzada a favor de la castidad y con vivir en una sociedad en la que las únicas parejas legales sean entre hombres y mujeres: nada de una mujer y una mujer, o un cura y un seminarista, o un ser humano y un hincha de Millonarios.
Esa es la visión medieval e intolerante del doctor Ordóñez, pero hay que reconocer que al menos es consistente: ha sido reaccionario desde chiquito, de frente y sin disimulos, como los funcionarios que parecen curas en esta era uribista.
Su actitud es grave pero no triste. Lo triste es saber que, salvo las excepciones que veremos, los únicos liberales valiosos que nos quedan son los que venden en las tiendas. Y que no hay cura que más apriete que la del mismo Polo.
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Yo te absuelvo, tú me eliges…
Yo te absuelvo, tú me eliges…
Alejandro Ordóñez, el candidato más opcionado a la Procuraduría, ha sido proclive a absolver a los congresistas investigados en el Consejo de Estado.
A primera vista, el éxito de Alejandro Ordóñez como candidato a la Procuraduría radica en que ha tenido más tiempo para hacer su campaña en el Congreso. Pese a que no tiene una imagen de ecuanimidad y ponderación, sino que más bien es célebre por sus posturas radicales, logró hacer acuerdos con todos los partidos y los puso de su lado para una elección que está cantada.
Sin embargo, hay otra razón para explicar el inusitado unanimismo alrededor de su nombre. Y es que siendo Consejero de Estado tuvo una clara y evidente posición para oponerse a las pérdidas de investidura de los congresistas investigados, incluidos los de la para-política. Una revisión a 63 de sus ponencias en estas muy comunes demandas contra los parlamentarios permite establecer que Ordóñez, como lo ratifican los propios legisladores, "se portó bien" con el Congreso. Muchos de los que este miércoles van a elegirlo contaron con el voto favorable del ex magistrado cuando fueron demandados por pérdida de investidura.
La lista de congresistas absueltos por el candidato a Procurador es bastante larga y no todos los procesos son iguales. Aun así, esta conducta repetida frente a estos procesos es 'inquietante', en concepto de juristas consultados por SEMANA.
No obstante, la preocupación va más allá de las absoluciones. Ordóñez sentó una jurisprudencia que favorece a los congresistas que tuvieron vínculos con el paramilitarismo, según la cual quienes votaron la Ley de Justicia y Paz cuando se adelantaban en su contra procesos penales por dicha causa no tenían conflicto de intereses.
Según la jurisprudencia elaborada con la ponencia del ex magistrado, los congresistas que tienen vínculos con los paramilitares y aquellos que asistieron a la reunión de Ralito con los jefes paramilitares y firmaron el documento para "refundar el país" no incurrieron en conflicto de intereses al votar Justicia y Paz. Según Ordóñez, no debían perder la investidura porque esa ley les otorgaba beneficios a los involucrados directamente en los delitos del paramilitarismo y no a los que simplemente habían sido elegidos con la ayuda de esos grupos armados o tenían de cualquier manera vínculos con ellos.
Ordóñez sacó adelante su tesis proferida en un proceso contra el senador William Montes, y no le importaron las graves objeciones de nueve de sus colegas que salvaron el voto y dejaron constancia expresa de su perplejidad con esa decisión; uno de ellos el magistrado Jaime Moreno, se refiere a la gravedad de que un senador estuviera participando en pactos con grupos ilegales: "Su moral y su ética se encontraban en conflicto con intereses contrapuestos: por un lado estaba el compromiso que adquirió dentrde un Estado legítimo, gobernado por una Constitución... un Estado Social de Derecho que le imponía mantener una conducta ética, ajena a motivaciones de orden personal o particular que pudieran afectar la imparcialidad de sus raciocinios, y, por el otro, el adquirido con un grupo armado ilegal, clandestino y delincuencial que pretendía tomarse el poder y hacer un nuevo contrato social…".
Y con argumentos como estos, los demás magistrados registraron con extrañeza la decisión del magistrado Ordóñez. Marco Antonio Velilla, por ejemplo, dice que está asombrado por la "fragilidad de la memoria del doctor Ordóñez en tan delicada materia". Le señaló al ponente que era absurdo que él mismo en su momento hubiese pedido la condena de Fabio Valencia Cossio por participar como delegado del gobierno en conversaciones de paz con grupos al margen de la ley y ahora absolviera a quienes participaron en el pacto de Ralito, celebrado clandestinamente con paramilitares confesos.
Ahora bien, la jurisprudencia del Consejo de Estado señala que se incurre en causal de pérdida de investidura cuando existe una situación de índole moral que los inhiba de cualquier forma para participar en el trámite de los asuntos puestos a su consideración.
La pregunta que hay que hacer es si los parlamentarios a los que absolvió el doctor Ordóñez y todos los que resultaron o pueden resultar favorecidos con su precedente jurisprudencial de inmunidad se declararán impedidos por conflicto de intereses de orden moral.
¿No estarán los congresistas absueltos devolviéndole favores al ahora candidato a la Procuraduría? ¿No estarán interesados en que la persona que les ayudó a los senadores vinculados al paramilitarismo sea ahora el Procurador, que es quien los juzgará éticamente y es el funcionario competente para pedir su pérdida de investidura en el Consejo de Estado? ¿No estarán interesados en tener como Procurador a un ex consejero que se portó bien con los parlamentarios investigados y cuestionados y que les garantiza que seguirá haciéndolo?
A estos hechos se suman las alarmas que desde varios sectores se han escuchado para prevenir al Congreso sobre la necesidad de una Procuraduría eficaz e independiente. El editorial del periódico El Tiempo del pasado 2 de diciembre, por ejemplo, subraya el hecho de que Ordóñez mezcle sus creencias religiosas con el criterio de sus posiciones jurídicas, y señala la posibilidad de que el Congreso esté actuando por oportunismo o por afán burocrático sin ver el riesgo de elegir un procurador con estas características.
Otros columnistas como Daniel Samper, Daniel Coronell y Cecilia Orozco también han hecho advertencias de todo tipo, ideológicas, éticas y morales. Esta semana Ordóñez fue a la plenaria del Senado a darse a conocer con sus electores y se defendió de quienes cuestionan que no vaya a ser un procurador independiente. El profesor Germán Bustillo, candidato nombrado por el gobierno, también expuso su visión de la Procuraduría, y Camilo Gómez, candidato de la Corte Suprema, no asistió a la cita por considerar que es una elección sin garantías.
El miércoles es la cita en la que los senadores elegirán al sucesor de Edgardo Maya, quien estuvo dos períodos al frente del Ministerio Público y desempeñó, con algunos altibajos, una muy buena labor.
Por ahora hay que decir que, a pesar de todas las críticas, la próxima coronación de Ordóñez como nuevo Procurador parece inevitable.
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Alejandro Ordóñez, el candidato más opcionado a la Procuraduría, ha sido proclive a absolver a los congresistas investigados en el Consejo de Estado.
A primera vista, el éxito de Alejandro Ordóñez como candidato a la Procuraduría radica en que ha tenido más tiempo para hacer su campaña en el Congreso. Pese a que no tiene una imagen de ecuanimidad y ponderación, sino que más bien es célebre por sus posturas radicales, logró hacer acuerdos con todos los partidos y los puso de su lado para una elección que está cantada.
Sin embargo, hay otra razón para explicar el inusitado unanimismo alrededor de su nombre. Y es que siendo Consejero de Estado tuvo una clara y evidente posición para oponerse a las pérdidas de investidura de los congresistas investigados, incluidos los de la para-política. Una revisión a 63 de sus ponencias en estas muy comunes demandas contra los parlamentarios permite establecer que Ordóñez, como lo ratifican los propios legisladores, "se portó bien" con el Congreso. Muchos de los que este miércoles van a elegirlo contaron con el voto favorable del ex magistrado cuando fueron demandados por pérdida de investidura.
La lista de congresistas absueltos por el candidato a Procurador es bastante larga y no todos los procesos son iguales. Aun así, esta conducta repetida frente a estos procesos es 'inquietante', en concepto de juristas consultados por SEMANA.
No obstante, la preocupación va más allá de las absoluciones. Ordóñez sentó una jurisprudencia que favorece a los congresistas que tuvieron vínculos con el paramilitarismo, según la cual quienes votaron la Ley de Justicia y Paz cuando se adelantaban en su contra procesos penales por dicha causa no tenían conflicto de intereses.
Según la jurisprudencia elaborada con la ponencia del ex magistrado, los congresistas que tienen vínculos con los paramilitares y aquellos que asistieron a la reunión de Ralito con los jefes paramilitares y firmaron el documento para "refundar el país" no incurrieron en conflicto de intereses al votar Justicia y Paz. Según Ordóñez, no debían perder la investidura porque esa ley les otorgaba beneficios a los involucrados directamente en los delitos del paramilitarismo y no a los que simplemente habían sido elegidos con la ayuda de esos grupos armados o tenían de cualquier manera vínculos con ellos.
Ordóñez sacó adelante su tesis proferida en un proceso contra el senador William Montes, y no le importaron las graves objeciones de nueve de sus colegas que salvaron el voto y dejaron constancia expresa de su perplejidad con esa decisión; uno de ellos el magistrado Jaime Moreno, se refiere a la gravedad de que un senador estuviera participando en pactos con grupos ilegales: "Su moral y su ética se encontraban en conflicto con intereses contrapuestos: por un lado estaba el compromiso que adquirió dentrde un Estado legítimo, gobernado por una Constitución... un Estado Social de Derecho que le imponía mantener una conducta ética, ajena a motivaciones de orden personal o particular que pudieran afectar la imparcialidad de sus raciocinios, y, por el otro, el adquirido con un grupo armado ilegal, clandestino y delincuencial que pretendía tomarse el poder y hacer un nuevo contrato social…".
Y con argumentos como estos, los demás magistrados registraron con extrañeza la decisión del magistrado Ordóñez. Marco Antonio Velilla, por ejemplo, dice que está asombrado por la "fragilidad de la memoria del doctor Ordóñez en tan delicada materia". Le señaló al ponente que era absurdo que él mismo en su momento hubiese pedido la condena de Fabio Valencia Cossio por participar como delegado del gobierno en conversaciones de paz con grupos al margen de la ley y ahora absolviera a quienes participaron en el pacto de Ralito, celebrado clandestinamente con paramilitares confesos.
Ahora bien, la jurisprudencia del Consejo de Estado señala que se incurre en causal de pérdida de investidura cuando existe una situación de índole moral que los inhiba de cualquier forma para participar en el trámite de los asuntos puestos a su consideración.
La pregunta que hay que hacer es si los parlamentarios a los que absolvió el doctor Ordóñez y todos los que resultaron o pueden resultar favorecidos con su precedente jurisprudencial de inmunidad se declararán impedidos por conflicto de intereses de orden moral.
¿No estarán los congresistas absueltos devolviéndole favores al ahora candidato a la Procuraduría? ¿No estarán interesados en que la persona que les ayudó a los senadores vinculados al paramilitarismo sea ahora el Procurador, que es quien los juzgará éticamente y es el funcionario competente para pedir su pérdida de investidura en el Consejo de Estado? ¿No estarán interesados en tener como Procurador a un ex consejero que se portó bien con los parlamentarios investigados y cuestionados y que les garantiza que seguirá haciéndolo?
A estos hechos se suman las alarmas que desde varios sectores se han escuchado para prevenir al Congreso sobre la necesidad de una Procuraduría eficaz e independiente. El editorial del periódico El Tiempo del pasado 2 de diciembre, por ejemplo, subraya el hecho de que Ordóñez mezcle sus creencias religiosas con el criterio de sus posiciones jurídicas, y señala la posibilidad de que el Congreso esté actuando por oportunismo o por afán burocrático sin ver el riesgo de elegir un procurador con estas características.
Otros columnistas como Daniel Samper, Daniel Coronell y Cecilia Orozco también han hecho advertencias de todo tipo, ideológicas, éticas y morales. Esta semana Ordóñez fue a la plenaria del Senado a darse a conocer con sus electores y se defendió de quienes cuestionan que no vaya a ser un procurador independiente. El profesor Germán Bustillo, candidato nombrado por el gobierno, también expuso su visión de la Procuraduría, y Camilo Gómez, candidato de la Corte Suprema, no asistió a la cita por considerar que es una elección sin garantías.
El miércoles es la cita en la que los senadores elegirán al sucesor de Edgardo Maya, quien estuvo dos períodos al frente del Ministerio Público y desempeñó, con algunos altibajos, una muy buena labor.
Por ahora hay que decir que, a pesar de todas las críticas, la próxima coronación de Ordóñez como nuevo Procurador parece inevitable.
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La guerra sucia que oscurece a Colombia
La guerra sucia que oscurece a Colombia
Las autoridades judiciales investigan a militares por la desaparición de más de mil civiles desde 2002
WINSTON MANRIQUE SABOGAL - Madrid - 07/12/2008
En la región del Bajo Ariari, en el centro de Colombia, estaban acostumbrados a la violencia de paramilitares y guerrilleros, pero no a ésta. Hace dos años, empezaron a desaparecer campesinos y marginados sin motivo alguno. Sus cuerpos fueron encontrados después, a decenas de kilómetros, y el Ejército los contabilizó como insurgentes muertos en combate. En total han sido supuestamente 55 víctimas, aunque las ONG elevan hasta 2.100 los casos de posibles ejecuciones extrajudiciales, cometidas desde 2002 presuntamente por militares, en complicidad con narcotraficantes, paramilitares y delincuentes comunes. Oficialmente, la justicia investiga más de mil desapariciones.
Más de 3.000 funcionarios del Ejército están siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación en relación con los cientos de casos que han sido denunciados. El Gobierno ha destituido a 40 militares hasta ahora. Dos centenares de ONG afirman que los crímenes han aumentado y su impunidad.
Este escándalo, que estalló a finales de septiembre, es producto de las grietas de la política de Seguridad Democrática, la principal arma del presidente Álvaro Uribe desde su llegada al poder en 2002. "Su objetivo es la recuperación y el control del territorio y la presencia del Estado donde no estaba", explica Sergio Jaramillo Caro, viceministro de Defensa. Es decir, reducir la violencia y el número de secuestros, y devolver la tranquilidad a un país en guerra permanente.
La paz ha vuelto a muchas zonas del país. El aumento de la seguridad ha atraído a más inversores y mantiene la popularidad de Uribe en máximos sin precedentes en América Latina. Pero esta estrategia, basada entre otras cosas en un sistema agresivo de incentivos, también ha derivado en una guerra sucia. En primer lugar, el Gobierno recompensa a los civiles que informan sobre guerrilleros, lo que generado presuntamente una red de delincuencia que saca beneficio de entregar a las autoridades los cuerpos de inocentes. En segundo lugar, el Ejército premia a los militares en función del número de bajas que consiguen, lo que supuestamente ha provocado más de un abuso.
Entre el afán de lograr objetivos y el ansia de obtener recompensas se estarían cometiendo hechos muy graves, según el fiscal Mario Iguarán Arana. "Yo presiono, pero no presiono a nadie para que haga actos criminales", se ha defendido Uribe. "La realidad ha demostrado que se trata de una política que incluye el pago de recompensas millonarias por información de insurgentes que ha degenerado en algo siniestro", denuncia Iván Cepeda Castro, portavoz del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado de Colombia.
"No es justo considerar que el asesinato de civiles para ser presentados como guerrilleros dados de baja responda a una siniestra estrategia de las Fuerzas Militares de Colombia. Menos aún puede atribuirse al Gobierno una directa responsabilidad en este escándalo", reflexiona Plinio Apuleyo Mendoza, escritor y periodista.
El perfil de la víctima corresponde a hombres entre 18 y 30 años, campesinos, mendigos, drogadictos, líderes comunales y jóvenes marginales. Los embaucan con promesas de trabajo en campos lejanos de sus hogares para que nadie pueda reclamarlos y así enterrarlos en fosas comunes. "El secuestro es una plaga y el Gobierno ha hecho una labor de sensibilización, pero mientras entre los secuestrados hay políticos y ricos, entre los falsos positivos [víctimas de las ejecuciones extrajudiciales] sólo hay marginados y pobres", se lamenta Héctor Torres, de la Comisión de Derechos Humanos del Bajo Ariari.
El perfil del ejecutor varía. Diversas investigaciones del Ministerio de Defensa, la Fiscalía, la Procuraduría y organizaciones de derechos humanos permiten establecer que hay varias clases de criminales. Los narcotraficantes son los que más recurren a esta macabra estrategia, según explica el viceministro de Defensa. Reclutan con engaños a estas personas, las dejan en el campo y luego informan a alguien del batallón más próximo de que en la zona hay guerrilleros. Días después, llega el Ejército, y, horas más tarde, aparecen como caídos en combate. Así se benefician las dos partes, los militares cumplen objetivos, ganan méritos y, a cambio, dejan en paz a los narcos. Los paramilitares también participan en esta guerra sucia, señalando a personas que creen vinculadas a la guerrilla y así poder limpiar la zona. El tercer grupo lo constituyen las bandas emergentes o delincuentes comunes. También están las legalizaciones de inocentes que surgen por iniciativa de algún militar o soldado para ganar méritos, ascensos, más poder o permisos. No faltan los falsos positivos producto del azar, del llamado fuego amigo, donde muere un inocente y el Ejército lo da como baja de un guerrillero. Finalmente, el Gobierno cree que la guerrilla también podría estar participando en estos crímenes para desprestigiar a los militares.
¿Por qué el Gobierno de Uribe ha guardado silencio tanto tiempo y descalificado a quienes denunciaban estos crímenes? "Uno de los problemas es la veracidad de la información", explica el viceministro de Defensa. "Sólo a través de un proceso judicial se puede establecer la veracidad. Además, hay falsas denuncias, sin desconocer que hay casos reales".
"El Gobierno vive momentos amargos. Pero lo más importante es que por una vez hay un golpe a la legitimidad de su principal bandera: la política de Seguridad Democrática", dice Néstor Morales periodista de Caracol Radio.
Jaque a los derechos humanos
Las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales por parte de paramilitares, guerrilleros y organismos del Estado se realizan desde hace muchos años en Colombia. Empezaron a notarse a mediados de los años ochenta con el recrudecimiento de la guerra abierta entre las Fuerzas Armadas y grupos guerrilleros como las FARC y el ELN, pero se han incrementado desde 2002 y con una mayor presencia de miembros del Ejército. Algunos analistas culpan a la política de Seguridad Democrática de Álvaro Uribe. El viceministro de Defensa colombiano, Sergio Jaramillo, reconoce que ha habido perversiones a ciertos niveles de la fuerza pública, ya que algunos comandantes han malinterpretado la política de Seguridad Democrática. Se refiere al hecho de la exigencia de resultados que algunos resumían y simplificaban en bajas de guerrilleros para ganar méritos u obtener ascensos o permisos.
Tras seis años en el poder, y a raíz del asesinato de once jóvenes de Soacha, Uribe ha destituido a 40 militares, como consecuencia de una investigación interna de Defensa que reveló fallos de control y mando. También ha aceptado la renuncia del comandante del Ejército, Mario Montoya, responsable de la Operación Jaque, que rescató a Ingrid Betancourt. En 2006, Defensa creó un comité de seguimiento para vigilar el cumplimiento de los derechos humanos en el Ejército, apoyar las investigaciones de la Fiscalía y tomar medidas de prevención. Para ello se sirve de 428 oficinas de Derechos Humanos repartidas por todo el país.
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Las autoridades judiciales investigan a militares por la desaparición de más de mil civiles desde 2002
WINSTON MANRIQUE SABOGAL - Madrid - 07/12/2008
En la región del Bajo Ariari, en el centro de Colombia, estaban acostumbrados a la violencia de paramilitares y guerrilleros, pero no a ésta. Hace dos años, empezaron a desaparecer campesinos y marginados sin motivo alguno. Sus cuerpos fueron encontrados después, a decenas de kilómetros, y el Ejército los contabilizó como insurgentes muertos en combate. En total han sido supuestamente 55 víctimas, aunque las ONG elevan hasta 2.100 los casos de posibles ejecuciones extrajudiciales, cometidas desde 2002 presuntamente por militares, en complicidad con narcotraficantes, paramilitares y delincuentes comunes. Oficialmente, la justicia investiga más de mil desapariciones.
Más de 3.000 funcionarios del Ejército están siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación en relación con los cientos de casos que han sido denunciados. El Gobierno ha destituido a 40 militares hasta ahora. Dos centenares de ONG afirman que los crímenes han aumentado y su impunidad.
Este escándalo, que estalló a finales de septiembre, es producto de las grietas de la política de Seguridad Democrática, la principal arma del presidente Álvaro Uribe desde su llegada al poder en 2002. "Su objetivo es la recuperación y el control del territorio y la presencia del Estado donde no estaba", explica Sergio Jaramillo Caro, viceministro de Defensa. Es decir, reducir la violencia y el número de secuestros, y devolver la tranquilidad a un país en guerra permanente.
La paz ha vuelto a muchas zonas del país. El aumento de la seguridad ha atraído a más inversores y mantiene la popularidad de Uribe en máximos sin precedentes en América Latina. Pero esta estrategia, basada entre otras cosas en un sistema agresivo de incentivos, también ha derivado en una guerra sucia. En primer lugar, el Gobierno recompensa a los civiles que informan sobre guerrilleros, lo que generado presuntamente una red de delincuencia que saca beneficio de entregar a las autoridades los cuerpos de inocentes. En segundo lugar, el Ejército premia a los militares en función del número de bajas que consiguen, lo que supuestamente ha provocado más de un abuso.
Entre el afán de lograr objetivos y el ansia de obtener recompensas se estarían cometiendo hechos muy graves, según el fiscal Mario Iguarán Arana. "Yo presiono, pero no presiono a nadie para que haga actos criminales", se ha defendido Uribe. "La realidad ha demostrado que se trata de una política que incluye el pago de recompensas millonarias por información de insurgentes que ha degenerado en algo siniestro", denuncia Iván Cepeda Castro, portavoz del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado de Colombia.
"No es justo considerar que el asesinato de civiles para ser presentados como guerrilleros dados de baja responda a una siniestra estrategia de las Fuerzas Militares de Colombia. Menos aún puede atribuirse al Gobierno una directa responsabilidad en este escándalo", reflexiona Plinio Apuleyo Mendoza, escritor y periodista.
El perfil de la víctima corresponde a hombres entre 18 y 30 años, campesinos, mendigos, drogadictos, líderes comunales y jóvenes marginales. Los embaucan con promesas de trabajo en campos lejanos de sus hogares para que nadie pueda reclamarlos y así enterrarlos en fosas comunes. "El secuestro es una plaga y el Gobierno ha hecho una labor de sensibilización, pero mientras entre los secuestrados hay políticos y ricos, entre los falsos positivos [víctimas de las ejecuciones extrajudiciales] sólo hay marginados y pobres", se lamenta Héctor Torres, de la Comisión de Derechos Humanos del Bajo Ariari.
El perfil del ejecutor varía. Diversas investigaciones del Ministerio de Defensa, la Fiscalía, la Procuraduría y organizaciones de derechos humanos permiten establecer que hay varias clases de criminales. Los narcotraficantes son los que más recurren a esta macabra estrategia, según explica el viceministro de Defensa. Reclutan con engaños a estas personas, las dejan en el campo y luego informan a alguien del batallón más próximo de que en la zona hay guerrilleros. Días después, llega el Ejército, y, horas más tarde, aparecen como caídos en combate. Así se benefician las dos partes, los militares cumplen objetivos, ganan méritos y, a cambio, dejan en paz a los narcos. Los paramilitares también participan en esta guerra sucia, señalando a personas que creen vinculadas a la guerrilla y así poder limpiar la zona. El tercer grupo lo constituyen las bandas emergentes o delincuentes comunes. También están las legalizaciones de inocentes que surgen por iniciativa de algún militar o soldado para ganar méritos, ascensos, más poder o permisos. No faltan los falsos positivos producto del azar, del llamado fuego amigo, donde muere un inocente y el Ejército lo da como baja de un guerrillero. Finalmente, el Gobierno cree que la guerrilla también podría estar participando en estos crímenes para desprestigiar a los militares.
¿Por qué el Gobierno de Uribe ha guardado silencio tanto tiempo y descalificado a quienes denunciaban estos crímenes? "Uno de los problemas es la veracidad de la información", explica el viceministro de Defensa. "Sólo a través de un proceso judicial se puede establecer la veracidad. Además, hay falsas denuncias, sin desconocer que hay casos reales".
"El Gobierno vive momentos amargos. Pero lo más importante es que por una vez hay un golpe a la legitimidad de su principal bandera: la política de Seguridad Democrática", dice Néstor Morales periodista de Caracol Radio.
Jaque a los derechos humanos
Las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales por parte de paramilitares, guerrilleros y organismos del Estado se realizan desde hace muchos años en Colombia. Empezaron a notarse a mediados de los años ochenta con el recrudecimiento de la guerra abierta entre las Fuerzas Armadas y grupos guerrilleros como las FARC y el ELN, pero se han incrementado desde 2002 y con una mayor presencia de miembros del Ejército. Algunos analistas culpan a la política de Seguridad Democrática de Álvaro Uribe. El viceministro de Defensa colombiano, Sergio Jaramillo, reconoce que ha habido perversiones a ciertos niveles de la fuerza pública, ya que algunos comandantes han malinterpretado la política de Seguridad Democrática. Se refiere al hecho de la exigencia de resultados que algunos resumían y simplificaban en bajas de guerrilleros para ganar méritos u obtener ascensos o permisos.
Tras seis años en el poder, y a raíz del asesinato de once jóvenes de Soacha, Uribe ha destituido a 40 militares, como consecuencia de una investigación interna de Defensa que reveló fallos de control y mando. También ha aceptado la renuncia del comandante del Ejército, Mario Montoya, responsable de la Operación Jaque, que rescató a Ingrid Betancourt. En 2006, Defensa creó un comité de seguimiento para vigilar el cumplimiento de los derechos humanos en el Ejército, apoyar las investigaciones de la Fiscalía y tomar medidas de prevención. Para ello se sirve de 428 oficinas de Derechos Humanos repartidas por todo el país.
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Abusos sexuales cometidos por 'para' dejaron amargos recuerdos a las mujeres de San Onofre (Sucre)
Foto: Carlos Capella / EL TIEMPO
San Onofre, además de sufrir los abusos sexuales de las autodefensas, fue escenario de varias de las fosas comunes de los 'paras'.
Marco Tulio Pérez Guzmán, alias 'El Oso', capturado hace cuatro años y sometido hoy a Justicia y Paz, dejó heridas abiertas en corregimientos y veredas del norte de Sucre, donde ejerció su dominio.
EL TIEMPO reconstruye la historia de los abusos.
Según denunciaron algunas mujeres de la región, fueron sometidas a toda clase de vejámenes: desde atropellos sexuales hasta la explotación laboral; pasando por la agresión física y el escarnio público.
En Libertad, corregimiento de San Onofre, se concentra gran cantidad de estas víctimas. Allí estuvo EL TIEMPO y conoció de sus protagonistas varias de estas historias.
"Ese tipo se aprovechó de una sobrina mía de 13 años, en Paloalto (vereda). Un día llegó y la mamá le puso la queja de que la pelada no le quería reconocer que tenía novio.
"Tranquila señora, que ella a mí sí me dice la verdad, me la voy a llevar y luego se la traigo, le dijo. A los tres días la regresó tras abusar de ella sexualmente y amenazarla de muerte para que no contara nada a la familia", relató el tío de la niña, un mototaxista.
Una mujer rompe en llanto al recordar el 31 de diciembre del 2003, cuando a las 9 de la mañana, en plena plaza de Libertad, 'El Oso' azotó hasta el cansancio a su nieta de 31 años, Laudith Herrera, madre de cuatro hijos. "Un día antes ella peleó con el esposo en un baile y le pegó con una botella. Alguien del pueblo se lo dijo a 'El Oso', y vino a buscarla. Cuando la encontró empezó a azotarla sin compasión.
"Todo el mundo veía, pero nadie se atrevía siquiera a decir: 'Déjala'. Uno de sus hombres fue el que se la quitó. De no hacerlo, la mata".
Ese fin de año, con heridas en todo el cuerpo, Laudith tuvo que abandonar el pueblo. "Cuando dejó de golpearla le hizo un disparo cerca de los pies y le dijo: Esto es para que respetes, te salvas (de la muerte), pero te vas de aquí. Tienes tres horas para marcharte".
No sé qué tenía contra mi muchacha, ella se fue y más nunca regresó", dice la abuela.
También en el poblado recuerdan la historia de dos vecinas, que luego de sostener una riña fueron castigadas por 'El Oso' con trabajos forzados. Se las llevó a su campamento de Las Brisas a hacerle oficios, sin pagarles un solo peso. "Tuve que lavar unos 400 uniformes camuflados", dice una de ellas. La otra tuvo que encargarse del aseo y la cocina.
"En la noche se alternaba en la cama con cada una de nosotras. Eso de llevar mujeres a su campamento o a las fincas de él o de 'Cadena' (el jefe paramilitar de Sucre) a trabajar gratis y después tener sexo, lo vivimos muchas aquí, y hasta por 15 días seguidos, pero todavía hay miedo para frentear las cosas", añade una de las dos vecinas.
Castigaba con trabajo forzoso
De la furia de 'El Oso' no se salvaban ni las mujeres mayores. A sus 66 años una recuerda que tuvo que barrer durante 15 días la plaza y el parque central de Libertad, entre 9 y 11 de la mañana, con carteles colgados en el pecho y la espalda que decían: "Esto me pasa por chismosa".
"Alguien al que seguramente yo no le gustaba le dijo que me ponía a levantar calumnias sobre infidelidades. Eso fue suficiente para que me castigara. Quedé enferma porque me insolé", señala la mujer.
Sobre un controvertido reinado interveredal que 'El Oso' organizó con menores, y que según la Fiscalía hacía para aprovecharse sexualmente de las candidatas, la persona que manejó el concurso asegura que no conoció de intereses sexuales con las jovencitas.
"El Oso reunió a 20 maestros entre rectores y docentes, y propuso el reinado para animar las fiestas de corralejas. Eso fue en marzo del 2003. Me hicieron cargo de eso, pero no supe de abusos con las candidatas". La mujer asegura que aceptó el encargo "porque aquí él era la ley, y quien lo contradecía era persona muerta".
Una de las candidatas cuenta que durante el evento, que duró un mes, no fue víctima de acoso, pero que 30 días después tuvo que esconderse en otra población porque 'Cadena' la perseguía para llevársela a su finca. En ese entonces tenía 15 años.
Durante la semana previa a la elección, las candidatas estuvieron ocho días en una finca de 'Cadena' recibiendo clases de glamur de una modelo cartagenera. Allí se les prohibió la entrada a familiares y acompañantes de las chicas.
Por los días en que ha rendido versión ante Justicia y Paz, 'El Oso' ha negado los cargos sobre abuso sexual, y ha dicho en su defensa que eso no sucedió y que en la Libertad todos lo "quieren".
"Lo queremos, pero joder, porque bastante daño que nos hizo", le responde un lugareño.
'El Oso' 0bligó a homosexuales a boxear y desfilar
El 11 de mayo del 2003, San Onofre amaneció sin uno solo de los más conocidos miembros de su comunidad homosexual. A las 5 de la mañana dos camionetas cuatro por cuatro, de vidrios oscuros, los recogió casa por casa, y emprendió con ellos un viaje del cual creyeron al comienzo que no tendrían regreso. El grupo lo integraban unos 16 jóvenes entre los 15 y los 26 años, que según la invitación recibida un día antes, se iban a reunir con 'El Oso'.
Las represiones de los paramilitares a los homosexuales hicieron temer a estos muchachos, y a sus familias, que podrían estar en la antesala de un acto masivo de exterminio. Los temores se disiparon un tanto cuando llegaron a la vereda Alto Julio, y 'El Oso' les dijo: "Queremos divertirnos todos, las Auc y la comunidad, esta noche vamos a organizar en la gallera una velada de boxeo en la cual ustedes pelearán entre sí. También participarán en un reinado".
Uno de los participantes reconoció que los trataron bien, pero que siempre tuvo temor. "Con ellos (los paramilitares) uno nunca sabía lo que iba a pasar. A mí finalmente me regalaron 100 mil pesos y puedo echar el cuento". Otro narra que no recibió dinero, y recuerda la angustia que vivió su madre. "Nos vistieron como boxeadores y peleamos. Todos se burlaban, pero yo no le paré bolas porque había que salvar el pellejo".
Cuentan que algunos de los homosexuales abandonaron luego el pueblo por la vergüenza a las que los expusieron.
ROBERTO LLANOS RODADO
ENVIADO ESPECIAL DE EL TIEMPO
LIBERTAD (SAN ONOFRE - SUCRE)
www.eltiempo.com
Foto: Carlos Capella / EL TIEMPO
San Onofre, además de sufrir los abusos sexuales de las autodefensas, fue escenario de varias de las fosas comunes de los 'paras'.
Marco Tulio Pérez Guzmán, alias 'El Oso', capturado hace cuatro años y sometido hoy a Justicia y Paz, dejó heridas abiertas en corregimientos y veredas del norte de Sucre, donde ejerció su dominio.
EL TIEMPO reconstruye la historia de los abusos.
Según denunciaron algunas mujeres de la región, fueron sometidas a toda clase de vejámenes: desde atropellos sexuales hasta la explotación laboral; pasando por la agresión física y el escarnio público.
En Libertad, corregimiento de San Onofre, se concentra gran cantidad de estas víctimas. Allí estuvo EL TIEMPO y conoció de sus protagonistas varias de estas historias.
"Ese tipo se aprovechó de una sobrina mía de 13 años, en Paloalto (vereda). Un día llegó y la mamá le puso la queja de que la pelada no le quería reconocer que tenía novio.
"Tranquila señora, que ella a mí sí me dice la verdad, me la voy a llevar y luego se la traigo, le dijo. A los tres días la regresó tras abusar de ella sexualmente y amenazarla de muerte para que no contara nada a la familia", relató el tío de la niña, un mototaxista.
Una mujer rompe en llanto al recordar el 31 de diciembre del 2003, cuando a las 9 de la mañana, en plena plaza de Libertad, 'El Oso' azotó hasta el cansancio a su nieta de 31 años, Laudith Herrera, madre de cuatro hijos. "Un día antes ella peleó con el esposo en un baile y le pegó con una botella. Alguien del pueblo se lo dijo a 'El Oso', y vino a buscarla. Cuando la encontró empezó a azotarla sin compasión.
"Todo el mundo veía, pero nadie se atrevía siquiera a decir: 'Déjala'. Uno de sus hombres fue el que se la quitó. De no hacerlo, la mata".
Ese fin de año, con heridas en todo el cuerpo, Laudith tuvo que abandonar el pueblo. "Cuando dejó de golpearla le hizo un disparo cerca de los pies y le dijo: Esto es para que respetes, te salvas (de la muerte), pero te vas de aquí. Tienes tres horas para marcharte".
No sé qué tenía contra mi muchacha, ella se fue y más nunca regresó", dice la abuela.
También en el poblado recuerdan la historia de dos vecinas, que luego de sostener una riña fueron castigadas por 'El Oso' con trabajos forzados. Se las llevó a su campamento de Las Brisas a hacerle oficios, sin pagarles un solo peso. "Tuve que lavar unos 400 uniformes camuflados", dice una de ellas. La otra tuvo que encargarse del aseo y la cocina.
"En la noche se alternaba en la cama con cada una de nosotras. Eso de llevar mujeres a su campamento o a las fincas de él o de 'Cadena' (el jefe paramilitar de Sucre) a trabajar gratis y después tener sexo, lo vivimos muchas aquí, y hasta por 15 días seguidos, pero todavía hay miedo para frentear las cosas", añade una de las dos vecinas.
Castigaba con trabajo forzoso
De la furia de 'El Oso' no se salvaban ni las mujeres mayores. A sus 66 años una recuerda que tuvo que barrer durante 15 días la plaza y el parque central de Libertad, entre 9 y 11 de la mañana, con carteles colgados en el pecho y la espalda que decían: "Esto me pasa por chismosa".
"Alguien al que seguramente yo no le gustaba le dijo que me ponía a levantar calumnias sobre infidelidades. Eso fue suficiente para que me castigara. Quedé enferma porque me insolé", señala la mujer.
Sobre un controvertido reinado interveredal que 'El Oso' organizó con menores, y que según la Fiscalía hacía para aprovecharse sexualmente de las candidatas, la persona que manejó el concurso asegura que no conoció de intereses sexuales con las jovencitas.
"El Oso reunió a 20 maestros entre rectores y docentes, y propuso el reinado para animar las fiestas de corralejas. Eso fue en marzo del 2003. Me hicieron cargo de eso, pero no supe de abusos con las candidatas". La mujer asegura que aceptó el encargo "porque aquí él era la ley, y quien lo contradecía era persona muerta".
Una de las candidatas cuenta que durante el evento, que duró un mes, no fue víctima de acoso, pero que 30 días después tuvo que esconderse en otra población porque 'Cadena' la perseguía para llevársela a su finca. En ese entonces tenía 15 años.
Durante la semana previa a la elección, las candidatas estuvieron ocho días en una finca de 'Cadena' recibiendo clases de glamur de una modelo cartagenera. Allí se les prohibió la entrada a familiares y acompañantes de las chicas.
Por los días en que ha rendido versión ante Justicia y Paz, 'El Oso' ha negado los cargos sobre abuso sexual, y ha dicho en su defensa que eso no sucedió y que en la Libertad todos lo "quieren".
"Lo queremos, pero joder, porque bastante daño que nos hizo", le responde un lugareño.
'El Oso' 0bligó a homosexuales a boxear y desfilar
El 11 de mayo del 2003, San Onofre amaneció sin uno solo de los más conocidos miembros de su comunidad homosexual. A las 5 de la mañana dos camionetas cuatro por cuatro, de vidrios oscuros, los recogió casa por casa, y emprendió con ellos un viaje del cual creyeron al comienzo que no tendrían regreso. El grupo lo integraban unos 16 jóvenes entre los 15 y los 26 años, que según la invitación recibida un día antes, se iban a reunir con 'El Oso'.
Las represiones de los paramilitares a los homosexuales hicieron temer a estos muchachos, y a sus familias, que podrían estar en la antesala de un acto masivo de exterminio. Los temores se disiparon un tanto cuando llegaron a la vereda Alto Julio, y 'El Oso' les dijo: "Queremos divertirnos todos, las Auc y la comunidad, esta noche vamos a organizar en la gallera una velada de boxeo en la cual ustedes pelearán entre sí. También participarán en un reinado".
Uno de los participantes reconoció que los trataron bien, pero que siempre tuvo temor. "Con ellos (los paramilitares) uno nunca sabía lo que iba a pasar. A mí finalmente me regalaron 100 mil pesos y puedo echar el cuento". Otro narra que no recibió dinero, y recuerda la angustia que vivió su madre. "Nos vistieron como boxeadores y peleamos. Todos se burlaban, pero yo no le paré bolas porque había que salvar el pellejo".
Cuentan que algunos de los homosexuales abandonaron luego el pueblo por la vergüenza a las que los expusieron.
ROBERTO LLANOS RODADO
ENVIADO ESPECIAL DE EL TIEMPO
LIBERTAD (SAN ONOFRE - SUCRE)
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Ingrid Betancourt considera "necesaria" la acción militar contra las FARC
Ingrid Betancourt considera "necesaria" la acción militar contra las FARC
La ex rehén se reúne con el presidente boliviano, Evo Morales, que dice sentirse comprometido en la búsqueda de una salida al conflicto colombiano
AGENCIAS - La Paz - 06/12/2008
La ex rehén de la guerrilla colombiana FARC, Ingrid Betancourt, ha explicado tras su reunión con el presidente boliviano Evo Morales, que la acción militar contra la guerrilla es necesaria. "La opción militar sobre las FARC es necesaria", ha dicho, porque "es una guerrilla que dejó de tener una reflexión política en torno al problema de Colombia, y por lo tanto está completamente de espaldas al país".
Betancourt ha visitado hoy La Paz como parte de una gira que realiza por Sudamérica para pedir apoyos para la liberación de otros rehenes de las FARC. Después de reunirse con ella, Morales ha dicho que se siente más comprometido para gestionar con presidentes y movimientos sociales el fin de los enfrentamientos armados en América Latina. El presidente boliviano ha expresado varias veces que apoya una solución concertada al problema de las FARC en Colombia. Hoy ha dicho que luchar por las reformas sociales "no van con secuestros ni con matanzas".
Betancourt se ha referido al presidente boliviano como un ejemplo de que la izquierda puede llegar al poder por la vía democrática y tener éxito, como también lo han demostrado otras opciones de "izquierda revolucionaria" en América Latina. A su juicio, las FARC sienten admiración por presidentes como Morales o Chávez, en Venezuela, "pero esto no quiere decir que haya una relación clandestina" entre ellos con el grupo guerrillero. "Para lograr la liberación de mis compañeros, la participación del presidente Chávez es muy importante, y eso no quiere decir que tenga vinculación directa con las FARC", ha explicado.
La ex rehén se ha entrevistado ya con los presidentes de Ecuador, Argentina, Chile, Perú y Bolivia y hoy seguirá su gira hacia Venezuela, desde donde regresará a Francia.
www.elpais.com
La ex rehén se reúne con el presidente boliviano, Evo Morales, que dice sentirse comprometido en la búsqueda de una salida al conflicto colombiano
AGENCIAS - La Paz - 06/12/2008
La ex rehén de la guerrilla colombiana FARC, Ingrid Betancourt, ha explicado tras su reunión con el presidente boliviano Evo Morales, que la acción militar contra la guerrilla es necesaria. "La opción militar sobre las FARC es necesaria", ha dicho, porque "es una guerrilla que dejó de tener una reflexión política en torno al problema de Colombia, y por lo tanto está completamente de espaldas al país".
Betancourt ha visitado hoy La Paz como parte de una gira que realiza por Sudamérica para pedir apoyos para la liberación de otros rehenes de las FARC. Después de reunirse con ella, Morales ha dicho que se siente más comprometido para gestionar con presidentes y movimientos sociales el fin de los enfrentamientos armados en América Latina. El presidente boliviano ha expresado varias veces que apoya una solución concertada al problema de las FARC en Colombia. Hoy ha dicho que luchar por las reformas sociales "no van con secuestros ni con matanzas".
Betancourt se ha referido al presidente boliviano como un ejemplo de que la izquierda puede llegar al poder por la vía democrática y tener éxito, como también lo han demostrado otras opciones de "izquierda revolucionaria" en América Latina. A su juicio, las FARC sienten admiración por presidentes como Morales o Chávez, en Venezuela, "pero esto no quiere decir que haya una relación clandestina" entre ellos con el grupo guerrillero. "Para lograr la liberación de mis compañeros, la participación del presidente Chávez es muy importante, y eso no quiere decir que tenga vinculación directa con las FARC", ha explicado.
La ex rehén se ha entrevistado ya con los presidentes de Ecuador, Argentina, Chile, Perú y Bolivia y hoy seguirá su gira hacia Venezuela, desde donde regresará a Francia.
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Pulso sobre derechos humanos en el país sostendrán Gobierno y ONG ante la ONU en Ginebra
Pulso sobre derechos humanos en el país sostendrán Gobierno y ONG ante la ONU en Ginebra
La representación del Gobierno estará a cargo del vicepresidente Francisco Santos y las ONG tendrán como vocero a Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas.
El próximo miércoles, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una instancia nueva, hará el Examen Periódico Universal sobre el tema, al cual el Gobierno colombiano se presentará voluntariamente.
El primer insumo del examen será el informe del Gobierno, el cual fue entregado a la ONU el pasado primero de septiembre.
Según el Gobierno, su informe "tiene un enfoque balanceado. Habla de problemas, tiene recomendaciones y hace propuestas. Tiene, además, un enfoque realista. Muestra una realidad que ha mejorado".
Luego de esto, la alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Navy Pillay, presentará la síntesis que elaboraron 1.200 ONG sobre la situación de los DD.HH. en el país.
Este documento afirma que las violaciones a los derechos humanos en Colombia han aumentado por cuenta, según ellos, de la implementación de la política de seguridad democrática.
Finalmente, la misma Alta Comisionada entregará un balance de las recomendaciones que ha hecho la ONU a Colombia sobre el tema.
Lo novedoso del mecanismo consiste en que es la primera vez que Colombia comparece ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, una instancia de más alto nivel que la que existía antes: la Comisión de Derechos Humanos.
Ante este Consejo los Estados asumen un compromiso más decidido para combatir las violaciones a los derechos humanos, debido a que todos los países miembros de la ONU han hecho el acuerdo de estar vigilantes a la realidad del tema en los demás Estados.
La segunda novedad es que las recomendaciones de la ONU a cada país serán cada cuatro años y no cada año, como ocurre actualmente.
El nuevo mecanismo implica que todos los países miembros de la ONU deben presentar este examen. Cuando lo hagan todos, volverán a hacerlo los primeros.
Ese mismo día, tras un debate de los 47 delegados que componen el Consejo, se conocerán las recomendaciones que Colombia debe acoger, las cuales serán anunciadas oficialmente el 15 de diciembre.
La defensa del Gobierno
Los argumentos del vicepresidente Francisco Santos son los siguientes:
Demostrar que se ha avanzado en la política de los derechos humanos y que el objetivo es consolidarla.
Mencionará los avances en la protección a sindicalistas y defensores de los derechos humanos.
Llamará la atención sobre el poder del narcotráfico en la generación de violencia en Colombia.
Expondrá las cifras positivas de la política de seguridad democrática.
Recordará que en el 2002 se perpetraron 28.837 homicidios y el año pasado, 17.198.
Presentará un reporte de masacres que demuestra que se país de 115 casos con 680 víctimas en el 2002 a 26 casos con 128 víctimas, en el 2007.
Revelará directivas del Ministerio de Defensa en las que se reitera la obligación de respetar a las personas protegidas por el DIH.
Explicará que en estas directivas hay procedimientos para prevenir, investigar y sancionar el delito de desaparición forzada.
Incluirá los resultados de la Ley de Justicia y Paz y argumentará que gracias a esta norma se avanzó en la reparación a las víctimas por vía administrativa.
Citará que el Gobierno tiene planeado destinar 7 billones de pesos en los próximos tres años para reparar a las víctimas.
Dirá que la Ley de Justicia y Paz "es la más exigente dentro de este tipo de procesos de paz desarrollados en el mundo".
Sobre la extradición de los 14 jefes 'paras', dirá que este procedimiento se autorizó porque no estaban cumpliendo con las condiciones para obtener los beneficios.
También dirá que el Gobierno aseguró la cooperación con Estados Unidos para que sigan declarando en los casos que les interesan a las víctimas en Colombia.
Sobre los crímenes de sindicalistas, dirá que estos se redujeron en un 87 por ciento.
Las críticas de las ONG
Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas, presentará estos argumentos:
Insistirá en que el país siguen las violaciones de los derechos humanos.
Dirá que entre julio del 2002 y diciembre del 2007 fueron asesinadas fuera de combate 13.644 personas, por la violencia sociopolítica.
Afirmará que en los últimos cinco años las ejecuciones extrajudiciales se incrementaron en un 67,71 por ciento.
Señalará que todos los grupos armados cometen infracciones al Derecho Internacional Humanitario contra personas y bienes protegidos.
Denunciará que sigue el reclutamiento de menores, la violencia sexual -especialmente contra las mujeres- .
Acusará al Gobierno de utilizar el emblema de la Cruz Roja Internacional en la operación 'Jaque'.
Argumentará que el Gobierno ha negado la existencia del conflicto interno y que a través de la política de seguridad democrática ha involucrado a la población en el conflicto.
Dirá que el Gobierno le dio reconocimiento político y beneficios jurídicos a los 'paras' y que ha negado la posibilidad de diálogos de paz con la guerrilla.
Expondrá que el paramilitarismo no se ha desmantelado y que falta depurar sus vínculos con algunos agentes estatales.
Recordará que 63 congresistas se encuentran investigados por sus posibles nexos con el paramilitarismo.
Cuestionará que el 90 por ciento de los 'paras' desmovilizados fueron beneficiados con una 'amnistía' sin exigirles que contaran la verdad sobre sus crímenes.
Manifestará que la extradición de los 14 jefes paramilitares afecta las investigaciones por delitos de lesa humanidad en Colombia.
Insistirá en que el desplazamiento se mantiene en Colombia y dirá que diariamente son desarraigadas 1.250 personas en promedio.
Señalarán que el Estado no ha hecho lo suficiente para reducir la inequidad que hay en el país.
REDACCIÓN POLÍTICA
www.eltiempo.com
La representación del Gobierno estará a cargo del vicepresidente Francisco Santos y las ONG tendrán como vocero a Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas.
El próximo miércoles, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una instancia nueva, hará el Examen Periódico Universal sobre el tema, al cual el Gobierno colombiano se presentará voluntariamente.
El primer insumo del examen será el informe del Gobierno, el cual fue entregado a la ONU el pasado primero de septiembre.
Según el Gobierno, su informe "tiene un enfoque balanceado. Habla de problemas, tiene recomendaciones y hace propuestas. Tiene, además, un enfoque realista. Muestra una realidad que ha mejorado".
Luego de esto, la alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Navy Pillay, presentará la síntesis que elaboraron 1.200 ONG sobre la situación de los DD.HH. en el país.
Este documento afirma que las violaciones a los derechos humanos en Colombia han aumentado por cuenta, según ellos, de la implementación de la política de seguridad democrática.
Finalmente, la misma Alta Comisionada entregará un balance de las recomendaciones que ha hecho la ONU a Colombia sobre el tema.
Lo novedoso del mecanismo consiste en que es la primera vez que Colombia comparece ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, una instancia de más alto nivel que la que existía antes: la Comisión de Derechos Humanos.
Ante este Consejo los Estados asumen un compromiso más decidido para combatir las violaciones a los derechos humanos, debido a que todos los países miembros de la ONU han hecho el acuerdo de estar vigilantes a la realidad del tema en los demás Estados.
La segunda novedad es que las recomendaciones de la ONU a cada país serán cada cuatro años y no cada año, como ocurre actualmente.
El nuevo mecanismo implica que todos los países miembros de la ONU deben presentar este examen. Cuando lo hagan todos, volverán a hacerlo los primeros.
Ese mismo día, tras un debate de los 47 delegados que componen el Consejo, se conocerán las recomendaciones que Colombia debe acoger, las cuales serán anunciadas oficialmente el 15 de diciembre.
La defensa del Gobierno
Los argumentos del vicepresidente Francisco Santos son los siguientes:
Demostrar que se ha avanzado en la política de los derechos humanos y que el objetivo es consolidarla.
Mencionará los avances en la protección a sindicalistas y defensores de los derechos humanos.
Llamará la atención sobre el poder del narcotráfico en la generación de violencia en Colombia.
Expondrá las cifras positivas de la política de seguridad democrática.
Recordará que en el 2002 se perpetraron 28.837 homicidios y el año pasado, 17.198.
Presentará un reporte de masacres que demuestra que se país de 115 casos con 680 víctimas en el 2002 a 26 casos con 128 víctimas, en el 2007.
Revelará directivas del Ministerio de Defensa en las que se reitera la obligación de respetar a las personas protegidas por el DIH.
Explicará que en estas directivas hay procedimientos para prevenir, investigar y sancionar el delito de desaparición forzada.
Incluirá los resultados de la Ley de Justicia y Paz y argumentará que gracias a esta norma se avanzó en la reparación a las víctimas por vía administrativa.
Citará que el Gobierno tiene planeado destinar 7 billones de pesos en los próximos tres años para reparar a las víctimas.
Dirá que la Ley de Justicia y Paz "es la más exigente dentro de este tipo de procesos de paz desarrollados en el mundo".
Sobre la extradición de los 14 jefes 'paras', dirá que este procedimiento se autorizó porque no estaban cumpliendo con las condiciones para obtener los beneficios.
También dirá que el Gobierno aseguró la cooperación con Estados Unidos para que sigan declarando en los casos que les interesan a las víctimas en Colombia.
Sobre los crímenes de sindicalistas, dirá que estos se redujeron en un 87 por ciento.
Las críticas de las ONG
Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas, presentará estos argumentos:
Insistirá en que el país siguen las violaciones de los derechos humanos.
Dirá que entre julio del 2002 y diciembre del 2007 fueron asesinadas fuera de combate 13.644 personas, por la violencia sociopolítica.
Afirmará que en los últimos cinco años las ejecuciones extrajudiciales se incrementaron en un 67,71 por ciento.
Señalará que todos los grupos armados cometen infracciones al Derecho Internacional Humanitario contra personas y bienes protegidos.
Denunciará que sigue el reclutamiento de menores, la violencia sexual -especialmente contra las mujeres- .
Acusará al Gobierno de utilizar el emblema de la Cruz Roja Internacional en la operación 'Jaque'.
Argumentará que el Gobierno ha negado la existencia del conflicto interno y que a través de la política de seguridad democrática ha involucrado a la población en el conflicto.
Dirá que el Gobierno le dio reconocimiento político y beneficios jurídicos a los 'paras' y que ha negado la posibilidad de diálogos de paz con la guerrilla.
Expondrá que el paramilitarismo no se ha desmantelado y que falta depurar sus vínculos con algunos agentes estatales.
Recordará que 63 congresistas se encuentran investigados por sus posibles nexos con el paramilitarismo.
Cuestionará que el 90 por ciento de los 'paras' desmovilizados fueron beneficiados con una 'amnistía' sin exigirles que contaran la verdad sobre sus crímenes.
Manifestará que la extradición de los 14 jefes paramilitares afecta las investigaciones por delitos de lesa humanidad en Colombia.
Insistirá en que el desplazamiento se mantiene en Colombia y dirá que diariamente son desarraigadas 1.250 personas en promedio.
Señalarán que el Estado no ha hecho lo suficiente para reducir la inequidad que hay en el país.
REDACCIÓN POLÍTICA
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Explosivos dejaron nueve policías muertos en Arauca
Explosivos dejaron nueve policías muertos en Arauca
Conflicto armado En pleno casco urbano del municipio de Fortul, Arauca, ocho policías que iban hacia el cementerio del pueblo murieron al estallar explosivos de alto poder en el sitio por donde pasaban. El patrullero que sobrevivió al ataque, murió este sábado.
A primera hora de este viernes, la estación de Policía de Fortul, en el departamento de Arauca, recibió una llamada para atender la inspección de un cadáver en el cementerio del municipio.
El teniente Javier Gómez, comandante de la estación, le ordenó a cuatro patrulleros y dos subintendentes que lo acompañaran a hacer la diligencia. Sacaron una camioneta, y dos motos. Pasadas las nueve de la mañana, cuando atravesaban una calle destapada entre los barrios Tres de diciembre y El Doble, los habitantes oyeron un estruendo ensordecedor y después hubo confusión porque también oyeron disparos.
Cuando se asomaron los pobladores (que viven a unos 20 metros de vía) vieron un gigantesco cráter en la calle, el vehículo y las motos destruidas, y los cuerpos de los ochos policías sin vida en la mitad de la calle.
“Todavía no sabemos quién fue. Esta tarde se va a hacer un consejo de seguridad en pueblo (encabezado por el director de la Policía general Oscar Naranjo) para saber qué pasó”, le dijo a Semana.com, Oscar Toro, secretario de Gobierno de Fortul y alcalde encargado del municipio.
El coronel Luis Ortiz, comandante de la Policía en Arauca, dijo a la AP que, posiblemente, a los policías les pudieron haber lanzado cilindros de gas que los guerrilleros suelen rellenar de explosivos y metralla.
La policía atribuyó el ataque al frente "Domingo Laín", una de las unidades del ELN que tradicionalmente ha operado en aquella región del país, fronteriza con Venezuela.
Las autoridades ofrecieron 100 millones de pesos (43.000 dólares) por quien ofrezca datos que lleven a la captura de los autores del ataque.
El presidente Álvaro Uribe dijo que el ataque del viernes "demuestra que nuestros avances en seguridad todavía no han llegado a un punto de no retorno y que el país no se puede confiar".
Según las autoridades locales, este es el tercer golpe que la Policía recibe en el departamento durante este año, ya que en el municipio de Tame, a comienzos de 2008, un atentado contra el alcalde de este municipio cobró la vida de cuatro policías y meses después, otro ataque guerrillero terminó con la vida de cinco uniformados.
Esta es la lista de los policías que perdieron la vida:
Teniente Javier Edison Gómez Mancillo (comandante de la estación)
Subintendente Orbi Yesid Hernández Bernal
Subintendente Luis Alberto Zambrano Contreras
Patrullero Wílmer Evelio Parrado Orjuela
Patrullero Andrés Jerónimo Calderón Martínez
Patrullero Nelson Oswaldo García Rozo
Patrullero Darwin David Mogollón Bedoya
Patrullero Wilson Fabián Rivera Cabezas
El patrullero herido es Francisco Rivera Urrutia
Ninguna de las víctimas superaba los 25 años.
Con información de AP.
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Conflicto armado En pleno casco urbano del municipio de Fortul, Arauca, ocho policías que iban hacia el cementerio del pueblo murieron al estallar explosivos de alto poder en el sitio por donde pasaban. El patrullero que sobrevivió al ataque, murió este sábado.
A primera hora de este viernes, la estación de Policía de Fortul, en el departamento de Arauca, recibió una llamada para atender la inspección de un cadáver en el cementerio del municipio.
El teniente Javier Gómez, comandante de la estación, le ordenó a cuatro patrulleros y dos subintendentes que lo acompañaran a hacer la diligencia. Sacaron una camioneta, y dos motos. Pasadas las nueve de la mañana, cuando atravesaban una calle destapada entre los barrios Tres de diciembre y El Doble, los habitantes oyeron un estruendo ensordecedor y después hubo confusión porque también oyeron disparos.
Cuando se asomaron los pobladores (que viven a unos 20 metros de vía) vieron un gigantesco cráter en la calle, el vehículo y las motos destruidas, y los cuerpos de los ochos policías sin vida en la mitad de la calle.
“Todavía no sabemos quién fue. Esta tarde se va a hacer un consejo de seguridad en pueblo (encabezado por el director de la Policía general Oscar Naranjo) para saber qué pasó”, le dijo a Semana.com, Oscar Toro, secretario de Gobierno de Fortul y alcalde encargado del municipio.
El coronel Luis Ortiz, comandante de la Policía en Arauca, dijo a la AP que, posiblemente, a los policías les pudieron haber lanzado cilindros de gas que los guerrilleros suelen rellenar de explosivos y metralla.
La policía atribuyó el ataque al frente "Domingo Laín", una de las unidades del ELN que tradicionalmente ha operado en aquella región del país, fronteriza con Venezuela.
Las autoridades ofrecieron 100 millones de pesos (43.000 dólares) por quien ofrezca datos que lleven a la captura de los autores del ataque.
El presidente Álvaro Uribe dijo que el ataque del viernes "demuestra que nuestros avances en seguridad todavía no han llegado a un punto de no retorno y que el país no se puede confiar".
Según las autoridades locales, este es el tercer golpe que la Policía recibe en el departamento durante este año, ya que en el municipio de Tame, a comienzos de 2008, un atentado contra el alcalde de este municipio cobró la vida de cuatro policías y meses después, otro ataque guerrillero terminó con la vida de cinco uniformados.
Esta es la lista de los policías que perdieron la vida:
Teniente Javier Edison Gómez Mancillo (comandante de la estación)
Subintendente Orbi Yesid Hernández Bernal
Subintendente Luis Alberto Zambrano Contreras
Patrullero Wílmer Evelio Parrado Orjuela
Patrullero Andrés Jerónimo Calderón Martínez
Patrullero Nelson Oswaldo García Rozo
Patrullero Darwin David Mogollón Bedoya
Patrullero Wilson Fabián Rivera Cabezas
El patrullero herido es Francisco Rivera Urrutia
Ninguna de las víctimas superaba los 25 años.
Con información de AP.
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Capturado Claudio Sánchez Parra, rector de la Universidad de Córdoba
Capturado Claudio Sánchez Parra, rector de la Universidad de Córdoba
Foto: Archivo particular
Claudio Sánchez Parra, rector Universidad de Córdoba.
Agentes del CTI de la Fiscalía lo detuvieron a las 8 a.m. de este jueves, cuando se encontraba en las instalaciones del Club Campestre de Montería.
Contra el rector cursan varias investigaciones en la Fiscalía y procesos disciplinarios en la Procuraduría, por su presunta relación y vinculación con los grupos paramilitares.
Recientemente, el desmovilizado y extraditado jefe 'para' Salvatore Mancuso, dijo desde Washington que Sánchez Parra llegó al cargo como cuota de las autodefensas en su proyecto político de tomarse el Alma Máter, que según Mancuso estaba permeado y tomado por la guerrilla de las Farc.
La captura de Sánchez Parra conmocionó no solo al estamento universitario de Montería, sino prácticamente a toda la ciudad, donde Sánchez es ampliamente conocido.
La jornada académica en la Universidad de Córdoba fue suspendida y a esta hora hay grupos de estudiantes, docentes y trabajadores en el campus universitario comentado el hecho.
Una de las investigaciones contra el rector se fundamentó en una denuncia que hizo en el 2002 el parlamentario Gustavo Petro, quien en una sesión de la Cámara denunció que la elección de Sánchez fue presionada por Salvatore Mancuso en una reunión que realizó en Santa fe de Ralito (antes de los diálogos de paz), y a la que convocó a docentes, sindicalistas y directivos del consejo superior de la Universidad.
La aprehensión de Claudio Sánchez se da en momentos en que docentes y trabajadores mantienen bloqueada desde hace tres días la entrada a la oficina de Rectoría, en protesta por lo que llaman incumplimientos a pactos laborales suscritos hace unos dos meses con el Ministerio de Educación, durante otra parálisis laboral.
La acción judicial del CTI coincide, igualmente, con una visita que una comisión de docentes hizo la semana pasada a la Fiscalía General de la Nación solicitándole al Fiscal Mario Iguarán más celeridad en los procesos que se desarrollan contra Sánchez Parra.
El rector se encuentra en las instalaciones del CTI y, hasta ahora, se desconoce si será escuchado en indagatoria allí mismo o si será trasladado a Bogotá.
MONTERÍA
www.eltiempo.com
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Claudio Sánchez Parra, rector Universidad de Córdoba.
Agentes del CTI de la Fiscalía lo detuvieron a las 8 a.m. de este jueves, cuando se encontraba en las instalaciones del Club Campestre de Montería.
Contra el rector cursan varias investigaciones en la Fiscalía y procesos disciplinarios en la Procuraduría, por su presunta relación y vinculación con los grupos paramilitares.
Recientemente, el desmovilizado y extraditado jefe 'para' Salvatore Mancuso, dijo desde Washington que Sánchez Parra llegó al cargo como cuota de las autodefensas en su proyecto político de tomarse el Alma Máter, que según Mancuso estaba permeado y tomado por la guerrilla de las Farc.
La captura de Sánchez Parra conmocionó no solo al estamento universitario de Montería, sino prácticamente a toda la ciudad, donde Sánchez es ampliamente conocido.
La jornada académica en la Universidad de Córdoba fue suspendida y a esta hora hay grupos de estudiantes, docentes y trabajadores en el campus universitario comentado el hecho.
Una de las investigaciones contra el rector se fundamentó en una denuncia que hizo en el 2002 el parlamentario Gustavo Petro, quien en una sesión de la Cámara denunció que la elección de Sánchez fue presionada por Salvatore Mancuso en una reunión que realizó en Santa fe de Ralito (antes de los diálogos de paz), y a la que convocó a docentes, sindicalistas y directivos del consejo superior de la Universidad.
La aprehensión de Claudio Sánchez se da en momentos en que docentes y trabajadores mantienen bloqueada desde hace tres días la entrada a la oficina de Rectoría, en protesta por lo que llaman incumplimientos a pactos laborales suscritos hace unos dos meses con el Ministerio de Educación, durante otra parálisis laboral.
La acción judicial del CTI coincide, igualmente, con una visita que una comisión de docentes hizo la semana pasada a la Fiscalía General de la Nación solicitándole al Fiscal Mario Iguarán más celeridad en los procesos que se desarrollan contra Sánchez Parra.
El rector se encuentra en las instalaciones del CTI y, hasta ahora, se desconoce si será escuchado en indagatoria allí mismo o si será trasladado a Bogotá.
MONTERÍA
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Detrás de los aportantes de Colombia Primero
Detrás de los aportantes de Colombia Primero
Varias empresas aportantes a la iniciativa de recolección de firmas para promover el referendo reeleccionista tienen contratos o concesiones del Estado.
Las inconsistencias sobre la financiación de la megaempresa pro referendo que buscó que el Presidente Álvaro Uribe fuese reelegido una segunda vez en 2010, volvieron a generar polémica esta semana. Mientras el Consejo Nacional Electoral examina si los promotores de la iniciativa no violaron los topes permitidos por la ley, Luis Guillermo Giraldo, su vocero, propone recaudar dinero de los tarjetahabientes para pagar la deuda de 1.907 millones de pesos que supuestamente prestó la Asociación Colombia Primero.
Para Giraldo no ha sido fácil explicar que las empresas que dieron el dinero que financió la recolección de firmas pro referendo en todo el país no lo donaron a la causa, sino que lo prestaron, ni tampoco por qué si se iba a prestar dinero por qué no se le pidió a los bancos que sería lo normal. También queda la duda si los promotores incluyeron estas donaciones empresariales en las cuentas oficiales como “otros créditos” para evitar que se viera que habían violado los topes máximos que contempla la norma para este tipo de iniciativas, que no pueden superar los 3,3 millones de pesos por donante.
Semana.com, publicó la lista de las 109 empresas y personas naturales que dieron dinero a la Asociación Colombia Primero, organización a la cual pertenecen varios los promotores del referendo, con el propósito de financiar la recolección de firmas. El hecho de que las empresas aporten a las campañas electorales es algo normal en una democracia.
Por eso es que en este caso el asunto es más polémico. Nadie cuestionaría que empresas privadas aporten dinero a la causa política de su predilección porque están en todo su derecho. El problema es que aquí no ha habido claridad por parte de los organizadores. ¿Dieron el dinero como donación o como préstamo?
También despierta el debate el hecho de que algunas de las empresas que hayan aportado dinero a esta causa de la reforma constitucional para permitirle a Álvaro Uribe competir por un tercer mandato, sean hoy contratistas o concesionarias del Estado, y unas incluso, han sido beneficiadas con subsidios y exenciones tributarias bajo este gobierno. ¿Existe un conflicto de interés?
Por lo menos para aportar a esta delicada discusión con mayor información, Semana hizo una revisión de cuáles de los mayores aportantes, los que dieron más de 50 millones de pesos, han conseguido concesiones, contratos o subsidios con el actual gobierno.
1. Asocaña, que aportó 54 millones 504 mil pesos, es el gremio que agrupa a 14 ingenios azucareros, entre los que está Manuelita, Riopaila e Incauca (esta última además aportó 25 millones por separado). Esta asociación está presidida por el ex Ministro de Agricultura, Luis Fernando Londoño Capurro, padre de Álvaro José Londoño, quien, dicho sea de paso, estuvo nombrado por este gobierno en 2006 como integrante de la misión diplomática en la ONU.
Los cañeros han recibido exenciones tributarias y otro estímulos, como parte de la política del gobierno para incrementar la producción nacional de etanol.
Pero los ingenios Mayaguez, Riopaila, Incauca y Manuelita dieron además, 25, 30, 25 y 23 millones de pesos. Sumadas las entregas de dinero de los ingenios y Asocaña, los aportes del gremio azucarero ascienden a 157 millones 504 mil pesos.
2. La Concesión Túnel de Aburrá Oriente, que aportó 50 millones de pesos al referendo es una sociedad de firmas de ingeniería como la Antioqueña y la Fiduciaria Popular S.A. Este grupo se creó para hacer varias obras de infraestructura que unen la ciudad de Medellín con el oriente antioqueño, y que tiene un contrato hasta el 2.023. El contrato de concesión firmado entre el Departamento de Antioquia y el consorcio fue suscrito en 1997, cuando Uribe era su gobernador.
3. El Grupo Odinsa S.A. aportó 20 millones a la causa. Este es el mayor conglomerado de constructores del país, que percibe la mayor parte de sus ingresos de contratos de concesión con el Estado, como el aeropuerto El Dorado de Bogotá. El presidente de este grupo es Luis Fernando Jaramillo, quien además es miembro de la Asociación Colombia Primero.
4. El Grupo Cóndor, que es el mayor accionista de Odinsa dio, a través de la filial Construcciones El Cóndor S.A., otros 100 millones de pesos. Es decir, este grupo dio por partida doble. La empresa Construcciones El Cóndor ha realizado importantes obras como la segunda y tercera etapa de Transmilenio, la carretera Bosconia y Metro Plus, entre otras. Varios de estos contratos con el Estado han sido en los últimos seis años, pero hay que aclarar que algunos han sido con gobiernos locales.
5. El empresario William Vélez Sierra, quien es propietario del 13 por ciento de Odinsa, entregó además 11 millones 750 mil pesos a la Asociación Colombia Primero. Las concesiones viales sólo son el 10 por ciento de su actividad empresarial, el 60 por ciento está en el sector eléctrico y montajes industriales, y el 30 por ciento restante son concesiones de servicios públicos. Sus empresas hacen parte del grupo de las más beneficiadas con las concesiones del país.
6. El grupo CSS Constructores S.A, compuesto por los hermanos Carlos y Luis Héctor Solarte, aportó 50 millones de pesos. Este grupo logró el contrato de la concesión de la doble calzada Bogotá- Briceño- Tunja- Sogamoso. claro está que este se firmó en 2002, durante el gobierno de Andrés Pastrana y fue renovado en 2006 para otros cuatro años. Según la información de Presidencia esta última etapa del contrato tendría un costo de 2 mil 300 millones de pesos.
7. El aporte más grande lo hizo la firma Consultores del Desarrollo Condesa: 150 millones de pesos. David Name, empresario barranquillero, hermano un tradicional cacique político de la Costa Caribe y ex senador José Name, es asociado a esta firma y a otras concesiones de obras públicas en esa región. Margarita, hija de José Name, hace parte de la Misión Permanente de Colombia en la ONU, en Nueva York. Dentro de los contratos importantes que la firma ha tenido con el Estado está la interventoría del Proyecto Hidroeléctrico Porce III, en el norte de Antioquia.
8. Edgardo Navarro Vives, quien aportó 50 millones de pesos, es una empresa con amplia trayectoria en la construcción de obras públicas. Navarro ha hecho parte del consorcio de la vía Bogotá-Medellín, de carreteras de la Costa como la Vía al Mar de Barranquilla a Cartagena y la ruta Barranquilla-Ciénaga-Santa Marta. También es proveedora de concreto y asfalto de las principales constructoras del país.
El consorcio ‘Vía Circunvalar’, del cual hace parte Edgardo Navarro Vives y otras dos firmas barranquilleras, tienen un contrato por 16.815 millones de pesos con la Nación para hacer el tercer tramo de la vía Circunvalar de Barranquilla, que apenas empezó a construirse en octubre de este año.
Esta empresa también hace parte del Consorcio Vía al Mar, junto con la empresa Codensa, que tiene un contrato por tres años que empezaron a correr desde el pasado marzo, para hacer la carretera Cartagena- Barranquilla. El costo de la obra es de 480 mil millones de pesos.
9. Para promover el referendo Manufacturas Eliot S.A. aportó (o prestó, según lo defina el Consejo Nacional Electoral) 100 millones de pesos. El principal accionista de esta empresa es Pepe Douer, dueño de Pat Primo y socio del noticiero de televisión CM&. El presidente Álvaro Uribe lo condecoró el año pasado con la orden del mérito industrial.
10. La empresa Interseg S.A. dio 45 millones de pesos. Esta empresa, especializada en sistemas de seguridad, junto a Siemens y Security Sistems, ha celebrado varios contratos con el Estado para mejorar la seguridad en aeropuertos y edificios donde funcionan varias instituciones como la Fiscalía, la Procuraduría, el Congreso y aeropuertos, entre otros.
11. La empresa de Transportes Sánchez Polo dio 60 millones de pesos. Esta empresa está dedicada al transporte de carga de minerales y mercancías. La empresa tiene otras filiales como Geotech, Almacén de Logística y Distribución e Inverloset, entre otras y, al parecer no tiene contratos con mayores con la Nación.
12. Valorem S.A., fondo de inversión de la familia Santo Domingo, dio 100 millones de pesos, es socio de Almagran, Biofilm y Caracol Televisión.
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Varias empresas aportantes a la iniciativa de recolección de firmas para promover el referendo reeleccionista tienen contratos o concesiones del Estado.
Las inconsistencias sobre la financiación de la megaempresa pro referendo que buscó que el Presidente Álvaro Uribe fuese reelegido una segunda vez en 2010, volvieron a generar polémica esta semana. Mientras el Consejo Nacional Electoral examina si los promotores de la iniciativa no violaron los topes permitidos por la ley, Luis Guillermo Giraldo, su vocero, propone recaudar dinero de los tarjetahabientes para pagar la deuda de 1.907 millones de pesos que supuestamente prestó la Asociación Colombia Primero.
Para Giraldo no ha sido fácil explicar que las empresas que dieron el dinero que financió la recolección de firmas pro referendo en todo el país no lo donaron a la causa, sino que lo prestaron, ni tampoco por qué si se iba a prestar dinero por qué no se le pidió a los bancos que sería lo normal. También queda la duda si los promotores incluyeron estas donaciones empresariales en las cuentas oficiales como “otros créditos” para evitar que se viera que habían violado los topes máximos que contempla la norma para este tipo de iniciativas, que no pueden superar los 3,3 millones de pesos por donante.
Semana.com, publicó la lista de las 109 empresas y personas naturales que dieron dinero a la Asociación Colombia Primero, organización a la cual pertenecen varios los promotores del referendo, con el propósito de financiar la recolección de firmas. El hecho de que las empresas aporten a las campañas electorales es algo normal en una democracia.
Por eso es que en este caso el asunto es más polémico. Nadie cuestionaría que empresas privadas aporten dinero a la causa política de su predilección porque están en todo su derecho. El problema es que aquí no ha habido claridad por parte de los organizadores. ¿Dieron el dinero como donación o como préstamo?
También despierta el debate el hecho de que algunas de las empresas que hayan aportado dinero a esta causa de la reforma constitucional para permitirle a Álvaro Uribe competir por un tercer mandato, sean hoy contratistas o concesionarias del Estado, y unas incluso, han sido beneficiadas con subsidios y exenciones tributarias bajo este gobierno. ¿Existe un conflicto de interés?
Por lo menos para aportar a esta delicada discusión con mayor información, Semana hizo una revisión de cuáles de los mayores aportantes, los que dieron más de 50 millones de pesos, han conseguido concesiones, contratos o subsidios con el actual gobierno.
1. Asocaña, que aportó 54 millones 504 mil pesos, es el gremio que agrupa a 14 ingenios azucareros, entre los que está Manuelita, Riopaila e Incauca (esta última además aportó 25 millones por separado). Esta asociación está presidida por el ex Ministro de Agricultura, Luis Fernando Londoño Capurro, padre de Álvaro José Londoño, quien, dicho sea de paso, estuvo nombrado por este gobierno en 2006 como integrante de la misión diplomática en la ONU.
Los cañeros han recibido exenciones tributarias y otro estímulos, como parte de la política del gobierno para incrementar la producción nacional de etanol.
Pero los ingenios Mayaguez, Riopaila, Incauca y Manuelita dieron además, 25, 30, 25 y 23 millones de pesos. Sumadas las entregas de dinero de los ingenios y Asocaña, los aportes del gremio azucarero ascienden a 157 millones 504 mil pesos.
2. La Concesión Túnel de Aburrá Oriente, que aportó 50 millones de pesos al referendo es una sociedad de firmas de ingeniería como la Antioqueña y la Fiduciaria Popular S.A. Este grupo se creó para hacer varias obras de infraestructura que unen la ciudad de Medellín con el oriente antioqueño, y que tiene un contrato hasta el 2.023. El contrato de concesión firmado entre el Departamento de Antioquia y el consorcio fue suscrito en 1997, cuando Uribe era su gobernador.
3. El Grupo Odinsa S.A. aportó 20 millones a la causa. Este es el mayor conglomerado de constructores del país, que percibe la mayor parte de sus ingresos de contratos de concesión con el Estado, como el aeropuerto El Dorado de Bogotá. El presidente de este grupo es Luis Fernando Jaramillo, quien además es miembro de la Asociación Colombia Primero.
4. El Grupo Cóndor, que es el mayor accionista de Odinsa dio, a través de la filial Construcciones El Cóndor S.A., otros 100 millones de pesos. Es decir, este grupo dio por partida doble. La empresa Construcciones El Cóndor ha realizado importantes obras como la segunda y tercera etapa de Transmilenio, la carretera Bosconia y Metro Plus, entre otras. Varios de estos contratos con el Estado han sido en los últimos seis años, pero hay que aclarar que algunos han sido con gobiernos locales.
5. El empresario William Vélez Sierra, quien es propietario del 13 por ciento de Odinsa, entregó además 11 millones 750 mil pesos a la Asociación Colombia Primero. Las concesiones viales sólo son el 10 por ciento de su actividad empresarial, el 60 por ciento está en el sector eléctrico y montajes industriales, y el 30 por ciento restante son concesiones de servicios públicos. Sus empresas hacen parte del grupo de las más beneficiadas con las concesiones del país.
6. El grupo CSS Constructores S.A, compuesto por los hermanos Carlos y Luis Héctor Solarte, aportó 50 millones de pesos. Este grupo logró el contrato de la concesión de la doble calzada Bogotá- Briceño- Tunja- Sogamoso. claro está que este se firmó en 2002, durante el gobierno de Andrés Pastrana y fue renovado en 2006 para otros cuatro años. Según la información de Presidencia esta última etapa del contrato tendría un costo de 2 mil 300 millones de pesos.
7. El aporte más grande lo hizo la firma Consultores del Desarrollo Condesa: 150 millones de pesos. David Name, empresario barranquillero, hermano un tradicional cacique político de la Costa Caribe y ex senador José Name, es asociado a esta firma y a otras concesiones de obras públicas en esa región. Margarita, hija de José Name, hace parte de la Misión Permanente de Colombia en la ONU, en Nueva York. Dentro de los contratos importantes que la firma ha tenido con el Estado está la interventoría del Proyecto Hidroeléctrico Porce III, en el norte de Antioquia.
8. Edgardo Navarro Vives, quien aportó 50 millones de pesos, es una empresa con amplia trayectoria en la construcción de obras públicas. Navarro ha hecho parte del consorcio de la vía Bogotá-Medellín, de carreteras de la Costa como la Vía al Mar de Barranquilla a Cartagena y la ruta Barranquilla-Ciénaga-Santa Marta. También es proveedora de concreto y asfalto de las principales constructoras del país.
El consorcio ‘Vía Circunvalar’, del cual hace parte Edgardo Navarro Vives y otras dos firmas barranquilleras, tienen un contrato por 16.815 millones de pesos con la Nación para hacer el tercer tramo de la vía Circunvalar de Barranquilla, que apenas empezó a construirse en octubre de este año.
Esta empresa también hace parte del Consorcio Vía al Mar, junto con la empresa Codensa, que tiene un contrato por tres años que empezaron a correr desde el pasado marzo, para hacer la carretera Cartagena- Barranquilla. El costo de la obra es de 480 mil millones de pesos.
9. Para promover el referendo Manufacturas Eliot S.A. aportó (o prestó, según lo defina el Consejo Nacional Electoral) 100 millones de pesos. El principal accionista de esta empresa es Pepe Douer, dueño de Pat Primo y socio del noticiero de televisión CM&. El presidente Álvaro Uribe lo condecoró el año pasado con la orden del mérito industrial.
10. La empresa Interseg S.A. dio 45 millones de pesos. Esta empresa, especializada en sistemas de seguridad, junto a Siemens y Security Sistems, ha celebrado varios contratos con el Estado para mejorar la seguridad en aeropuertos y edificios donde funcionan varias instituciones como la Fiscalía, la Procuraduría, el Congreso y aeropuertos, entre otros.
11. La empresa de Transportes Sánchez Polo dio 60 millones de pesos. Esta empresa está dedicada al transporte de carga de minerales y mercancías. La empresa tiene otras filiales como Geotech, Almacén de Logística y Distribución e Inverloset, entre otras y, al parecer no tiene contratos con mayores con la Nación.
12. Valorem S.A., fondo de inversión de la familia Santo Domingo, dio 100 millones de pesos, es socio de Almagran, Biofilm y Caracol Televisión.
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Capturado el ex gobernador de Magdalena por "Pacto de Chivolo"
Capturado el ex gobernador de Magdalena por "Pacto de Chivolo"
Justicia La captura de José Domingo Dávila se suma a la de los dos últimos gobernadores de ese departamento por vínculos con grupos paramilitares.
Ayer fue detenido en Tasajera, Ciénaga, el exgobernador del departamento del Magdalena elegido en octubre del año 2000 para el periodo 2001 - 2003, José Domingo Dávila Armenta. Dávila viajaba de Barranquilla a Santa Marta cuando fue requerido por agentes del CTI de la Fiscalía.
Al exgobernador le abrieron una investigación por haber firmado y ser beneficiario del 'Pacto de Chivolo', un acuerdo suscrito en septiembre del año 2000 entre los grupos paramilitares del Bloque Norte comandados por Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, con concejales, alcaldes y diputados, así como con aspirantes a estas corporaciones y a las 29 alcaldías de los municipios del departamento.
Como consecuencia de este pacto José Domingo Dávila, conocido como "Chelo", habría sido elegido gobernador derrotando al otro aspirante, el exdiputado Trino Luna Correa.
En prisión se encuentran los senadores Miguel Pinedo Vidal, Jorge Castro y Luis Vives Lacouture; los representantes a la cámara Alfonso Campo Escobar, José Gamarra Sierra, Jorge Luis Caballero Caballero, Karely Lara Vence y Alonso Ramírez Torres. El ex gobernador Trino Luna Correa, quien se había acogido a sentencia anticipada por cooperación con la justicia, fue condenado a 37 meses, pero por buena conducta y otros beneficios recuperó la libertad.
De acuerdo con un informe de la Fiscalía General de la Nación, Dávila Armenta habría sido el mayor favorecido con el Acuerdo de Chivolo sellado el 28 de septiembre del 2000 el cual llevaba la rúbrica de 13 candidatos a alcaldías y 395 personas más, todos candidatos a corporaciones públicas. Con ellos se consolidaría la fuerza política del movimiento ‘Provincia Unida Por Una Mejor Opción De Vida’, impulsado por ‘Jorge 40’.
También fue detenida la fundadora del movimiento Provincia Unida, Neyla Alfredina Soto Ruiz, conocida como alias "doña Sonia" o la "sombrerona", quien se desmovilizó en Ralito como perteneciente al Bloque Norte y su hija Victoria Paternina Soto, fundadora y directora ejecutiva de la fundación Provincia Unida, entidad que tenía contratos con alcaldías y organismos nacionales.
Otros 12 políticos que firmaron el pacto resultaron elegidos alcaldes municipales y a comienzos de octubre la Fiscalía llamó a indagatoria a 10 políticos firmantes del referido pacto. Ellos fueron el alcalde de Concordia, Miguel Aragón, los ex alcaldes de esa localidad, Aníbal Castro Martínez, José Ignacio Mercado Colón y Pablo José Salas Orozco; los ex diputados de la Asamblea Edgar Manuel Castro Castro, Fernando Jesús Mozo Ortiz, Franklin Lozano Pimienta y Jorge Vega Barrios, quienes también firmaron el Pacto de Pivijay siendo alcaldes en beneficio, pacto mediante el cual se buscaba la elección a senado en 2002 de Dieb Maloof y Jorge Castro al Senado, habiendo logrado ese propósito.
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Justicia La captura de José Domingo Dávila se suma a la de los dos últimos gobernadores de ese departamento por vínculos con grupos paramilitares.
Ayer fue detenido en Tasajera, Ciénaga, el exgobernador del departamento del Magdalena elegido en octubre del año 2000 para el periodo 2001 - 2003, José Domingo Dávila Armenta. Dávila viajaba de Barranquilla a Santa Marta cuando fue requerido por agentes del CTI de la Fiscalía.
Al exgobernador le abrieron una investigación por haber firmado y ser beneficiario del 'Pacto de Chivolo', un acuerdo suscrito en septiembre del año 2000 entre los grupos paramilitares del Bloque Norte comandados por Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, con concejales, alcaldes y diputados, así como con aspirantes a estas corporaciones y a las 29 alcaldías de los municipios del departamento.
Como consecuencia de este pacto José Domingo Dávila, conocido como "Chelo", habría sido elegido gobernador derrotando al otro aspirante, el exdiputado Trino Luna Correa.
En prisión se encuentran los senadores Miguel Pinedo Vidal, Jorge Castro y Luis Vives Lacouture; los representantes a la cámara Alfonso Campo Escobar, José Gamarra Sierra, Jorge Luis Caballero Caballero, Karely Lara Vence y Alonso Ramírez Torres. El ex gobernador Trino Luna Correa, quien se había acogido a sentencia anticipada por cooperación con la justicia, fue condenado a 37 meses, pero por buena conducta y otros beneficios recuperó la libertad.
De acuerdo con un informe de la Fiscalía General de la Nación, Dávila Armenta habría sido el mayor favorecido con el Acuerdo de Chivolo sellado el 28 de septiembre del 2000 el cual llevaba la rúbrica de 13 candidatos a alcaldías y 395 personas más, todos candidatos a corporaciones públicas. Con ellos se consolidaría la fuerza política del movimiento ‘Provincia Unida Por Una Mejor Opción De Vida’, impulsado por ‘Jorge 40’.
También fue detenida la fundadora del movimiento Provincia Unida, Neyla Alfredina Soto Ruiz, conocida como alias "doña Sonia" o la "sombrerona", quien se desmovilizó en Ralito como perteneciente al Bloque Norte y su hija Victoria Paternina Soto, fundadora y directora ejecutiva de la fundación Provincia Unida, entidad que tenía contratos con alcaldías y organismos nacionales.
Otros 12 políticos que firmaron el pacto resultaron elegidos alcaldes municipales y a comienzos de octubre la Fiscalía llamó a indagatoria a 10 políticos firmantes del referido pacto. Ellos fueron el alcalde de Concordia, Miguel Aragón, los ex alcaldes de esa localidad, Aníbal Castro Martínez, José Ignacio Mercado Colón y Pablo José Salas Orozco; los ex diputados de la Asamblea Edgar Manuel Castro Castro, Fernando Jesús Mozo Ortiz, Franklin Lozano Pimienta y Jorge Vega Barrios, quienes también firmaron el Pacto de Pivijay siendo alcaldes en beneficio, pacto mediante el cual se buscaba la elección a senado en 2002 de Dieb Maloof y Jorge Castro al Senado, habiendo logrado ese propósito.
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¿A cultivar coca de nuevo?
¿A cultivar coca de nuevo?
En Putumayo y Nariño el Estado invirtió miles de millones para la sustitución de cultivos pero la fiebre del dinero fácil sacó a la gente del campo y la tiene ahora a punto de volcarse de nuevo a la coca. Uribe viajará a la zona.
Luis Angel Murcia, corresponsal de Semana
DMG y DRFE son más que dos simples siglas para los habitantes del sur occidente colombiano. Desde que aparecieron en la región, la gente entregó sus vidas a ellas. Esa pasión explica en parte los paros, desórdenes y marchas que protagonizan los inversionistas desde hace dos semanas y que amenaza en convertirse en una bomba social sin precedentes en Putumayo y Nariño.
Para entender la ira y la lógica que expresan los manifestantes se debe aclarar que la gran mayoría de ellos son personas humildes que lo perdieron todo; pero sigue intacto el mayor capital: su mano de obra. Por ello, si bien hay una crisis aún está lejos de quebrar a sus departamentos, por cuanto los estafados son trabajadores y no generadores de riqueza.
Sin embargo, otra porción de inversionistas la forman grandes comerciantes que dejó el auge cocalero, en quienes sí recae la dinámica productiva de la región. El problema es que muchos de ellos no tienen cómo demostrar ante el gobierno de dónde obtuvieron las gruesas sumas de dinero que invirtieron en las captadoras, “Por eso no quieren entregar las tarjetas prepago; les da miedo que los investiguen”, dijo una fuente a Semana.com.
Precisamente, la crísis de las pirámides ha dejado en la ruina a dos departamentos a los que el Estado por cerca de diez años les apostó miles de millones de pesos, de energía y de cooperación internacional para sacarlos de la economía de la coca. El año anterior en esa región donde nacieron las pirámides se cultivó el 36 por ciento de las 99.000 hectáreas de coca sembradas en todo el país y fue precisamente en Putumayo donde se concentró gran parte del plan de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos del Plan Colombia. Hoy todo ese esfuerzo puede terminar en la basura.
Al menos la mitad de 1´700.000 personas que habitan en esos departamentos aplicó la fórmula mágica para producir plata que sacaron David Murcia Guzman de DMG y Carlos Alfredo Suárez de DRFE.
“Es una fórmula que no puedo revelar; es como si Coca-Cola contara la fórmula de su receta”, solía decir Murcia. Hoy se sabe que su fórmula tenía más de coca que de cola. según la Fiscalía hay indicios de que con el cuestionado sistema de tarjetas prepago e interese exorbitantes de Murcia se haya lavado dinero del narcotráfico.
Mientras el dinero se multiplicaba como por arte de magia, el campo se quedaba solo y los empleados de los pueblos se independizaban. En La Hormiga, Mocoa, Puerto Asis y Orito, Putumayo los labriegos vendían desde sus guadañas hasta sus fincas, “La meta era tener mucho efectivo para invertir”, confesó Alexis Cuaces, un campesino de la zona.
Esa sed por el dinero constante y sonante explica la soledad del campo en la región. Camilo Otaya, secretario de Agricultura de Putumayo, aseguró que este año dejaron de explotarse al menos dos mil hectáreas de tierra, “Los potreros están desocupados y el cultivo de fríjol bajó de 1.200 a 600 hectáreas”, aseguró.
En Nariño el panorama es menos alentador. Según el gobernador Antonio Navarro, de los 4.500 millones de pesos previstos en venta de aguardiente este mes, sólo ingresaron 460 millones de pesos. Se debe tener en cuenta que noviembre fue en periodo de toques de queda y ley seca por cuenta de los disturbios tras la caída de las pirámides.
Existen muchos ejemplos para retratar que mientras las captadoras DMG y DRFE llenaban sus arcas, la economía local se deprimía. Por eso la alarma y acciones controvertidas como la del gobernador Navarro quien desde ayer se declaró en huelga de hambre durante 48 horas. (ver artículo relacionado) Algunos simplifican esa protesta como un chiste pastuso.
Sin embargo, en materia de cifras la cosa no es para risas. Las autoridades estiman que el billón de pesos que no entró en los últimos dos años al sistema financiero de la región, cayó en manos de las captadoras. La cifra es escandalosa si tenemos en cuenta que el PIB de Putumayo y Nariño no suman más de siete billones de pesos. Es decir casi el presupuesto anual de Bogotá.
Aunque aún la crisis económica en la región no ha tocado fondo, se espera que esa cruda realidad se muestre en los próximos meses. Al gobierno le preocupa que estalle en sus manos un lío similar al ocurrido en 1994, cuando los cultivadores de coca del sur del país entraron en paro y pusieron contra las cuerdas al gobierno Samper. Temen que a la ira colectiva que ya golpeó la popularidad del presidente Uribe y frenó parcialmente su reelección en 2010, se mezclen intereses oscuros de guerrilla, paramilitares y narcos de Nariño y Putumayo.
La prueba máxima del descontento es que pocas veces el presidente ha sido chiflado en Colombia durante uno de sus improvisados consejos comunitarios; ocurrió el domingo anterior en Chachagüi, Nariño, cuando encaró a los iracundos estafados por las pirámides.
Por esa razón entre Gobierno y políticos del sur del país ya se escuchan ideas para resolver el problema. Uribe habló de aumentar las ayudas que ofrece el gobierno a través de Acción Social, Gustavo Petro lanzó al aire la idea de convertir la pirámides en una especie de banco y hoy Navarro Wolf dijo que los créditos de salvamento deben ser condonables a cambio de trabajo comunitario.
Hasta ahora son sólo ideas, mientras el desespero de la gente crece y sin que se vean soluciones concretas en una región donde por más de diez años el Estado ha intentado crear una economía legal, alejada de la coca.
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En Putumayo y Nariño el Estado invirtió miles de millones para la sustitución de cultivos pero la fiebre del dinero fácil sacó a la gente del campo y la tiene ahora a punto de volcarse de nuevo a la coca. Uribe viajará a la zona.
Luis Angel Murcia, corresponsal de Semana
DMG y DRFE son más que dos simples siglas para los habitantes del sur occidente colombiano. Desde que aparecieron en la región, la gente entregó sus vidas a ellas. Esa pasión explica en parte los paros, desórdenes y marchas que protagonizan los inversionistas desde hace dos semanas y que amenaza en convertirse en una bomba social sin precedentes en Putumayo y Nariño.
Para entender la ira y la lógica que expresan los manifestantes se debe aclarar que la gran mayoría de ellos son personas humildes que lo perdieron todo; pero sigue intacto el mayor capital: su mano de obra. Por ello, si bien hay una crisis aún está lejos de quebrar a sus departamentos, por cuanto los estafados son trabajadores y no generadores de riqueza.
Sin embargo, otra porción de inversionistas la forman grandes comerciantes que dejó el auge cocalero, en quienes sí recae la dinámica productiva de la región. El problema es que muchos de ellos no tienen cómo demostrar ante el gobierno de dónde obtuvieron las gruesas sumas de dinero que invirtieron en las captadoras, “Por eso no quieren entregar las tarjetas prepago; les da miedo que los investiguen”, dijo una fuente a Semana.com.
Precisamente, la crísis de las pirámides ha dejado en la ruina a dos departamentos a los que el Estado por cerca de diez años les apostó miles de millones de pesos, de energía y de cooperación internacional para sacarlos de la economía de la coca. El año anterior en esa región donde nacieron las pirámides se cultivó el 36 por ciento de las 99.000 hectáreas de coca sembradas en todo el país y fue precisamente en Putumayo donde se concentró gran parte del plan de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos del Plan Colombia. Hoy todo ese esfuerzo puede terminar en la basura.
Al menos la mitad de 1´700.000 personas que habitan en esos departamentos aplicó la fórmula mágica para producir plata que sacaron David Murcia Guzman de DMG y Carlos Alfredo Suárez de DRFE.
“Es una fórmula que no puedo revelar; es como si Coca-Cola contara la fórmula de su receta”, solía decir Murcia. Hoy se sabe que su fórmula tenía más de coca que de cola. según la Fiscalía hay indicios de que con el cuestionado sistema de tarjetas prepago e interese exorbitantes de Murcia se haya lavado dinero del narcotráfico.
Mientras el dinero se multiplicaba como por arte de magia, el campo se quedaba solo y los empleados de los pueblos se independizaban. En La Hormiga, Mocoa, Puerto Asis y Orito, Putumayo los labriegos vendían desde sus guadañas hasta sus fincas, “La meta era tener mucho efectivo para invertir”, confesó Alexis Cuaces, un campesino de la zona.
Esa sed por el dinero constante y sonante explica la soledad del campo en la región. Camilo Otaya, secretario de Agricultura de Putumayo, aseguró que este año dejaron de explotarse al menos dos mil hectáreas de tierra, “Los potreros están desocupados y el cultivo de fríjol bajó de 1.200 a 600 hectáreas”, aseguró.
En Nariño el panorama es menos alentador. Según el gobernador Antonio Navarro, de los 4.500 millones de pesos previstos en venta de aguardiente este mes, sólo ingresaron 460 millones de pesos. Se debe tener en cuenta que noviembre fue en periodo de toques de queda y ley seca por cuenta de los disturbios tras la caída de las pirámides.
Existen muchos ejemplos para retratar que mientras las captadoras DMG y DRFE llenaban sus arcas, la economía local se deprimía. Por eso la alarma y acciones controvertidas como la del gobernador Navarro quien desde ayer se declaró en huelga de hambre durante 48 horas. (ver artículo relacionado) Algunos simplifican esa protesta como un chiste pastuso.
Sin embargo, en materia de cifras la cosa no es para risas. Las autoridades estiman que el billón de pesos que no entró en los últimos dos años al sistema financiero de la región, cayó en manos de las captadoras. La cifra es escandalosa si tenemos en cuenta que el PIB de Putumayo y Nariño no suman más de siete billones de pesos. Es decir casi el presupuesto anual de Bogotá.
Aunque aún la crisis económica en la región no ha tocado fondo, se espera que esa cruda realidad se muestre en los próximos meses. Al gobierno le preocupa que estalle en sus manos un lío similar al ocurrido en 1994, cuando los cultivadores de coca del sur del país entraron en paro y pusieron contra las cuerdas al gobierno Samper. Temen que a la ira colectiva que ya golpeó la popularidad del presidente Uribe y frenó parcialmente su reelección en 2010, se mezclen intereses oscuros de guerrilla, paramilitares y narcos de Nariño y Putumayo.
La prueba máxima del descontento es que pocas veces el presidente ha sido chiflado en Colombia durante uno de sus improvisados consejos comunitarios; ocurrió el domingo anterior en Chachagüi, Nariño, cuando encaró a los iracundos estafados por las pirámides.
Por esa razón entre Gobierno y políticos del sur del país ya se escuchan ideas para resolver el problema. Uribe habló de aumentar las ayudas que ofrece el gobierno a través de Acción Social, Gustavo Petro lanzó al aire la idea de convertir la pirámides en una especie de banco y hoy Navarro Wolf dijo que los créditos de salvamento deben ser condonables a cambio de trabajo comunitario.
Hasta ahora son sólo ideas, mientras el desespero de la gente crece y sin que se vean soluciones concretas en una región donde por más de diez años el Estado ha intentado crear una economía legal, alejada de la coca.
www.semana.com
Rearme en la Guajira
Rearme en la Guajira
Conflicto hoy - Rearmados
Lunes, 01 de Diciembre de 2008 12:39
Verdad Abierta estuvo en la Guajira y pudo constatar procesos de rearme paramilitar en la media y alta Guajira, además de la fuerte presencia de hombres de 'Don Mario' en la región y el preocupante impacto del narcotráfico en esta zona del país.
Ideas para la Paz para Verdadabierta
El 19 de noviembre la Policía Antinarcóticos incautó 2.5 toneladas de coca en la alta Guajira. Foto: Policía Nacional
- Bandas emergentes toman fuerza
- Las Farc se reacomodan para seguir en la guerra
Dos hechos ocurridos en noviembre muestran lo que ocurre en la Guajira en orden público. Por un lado la masacre de seis personas en Maicao y por otro la reciente incautación de 2.5 toneladas de coca en la alta Guajira. Ambos con un hilo conductor, la fuerte presencia bandas armadas integradas por ex paramilitares e involucradas de lleno en el negocio del narcotráfico.
El sábado 8 de noviembre fueron asesinadas seis personas pertenecientes a la etnia Wayúu en Maicao. Ese día dos personas en una motocicleta dispararon a un grupo familiar en el barrio Santander y le causaron la muerte a Rafael Antonio Valdeblánquez Barros, Eider Manuel Barros, José David Mindiola Gámez, los hermanos Carlos y Arturo Iguarán Acuña, y María Mary Epiayú Ipuana, quien se encontraba en estado de embarazo.
Entre los muertos se encontraba Eider Manuel Barros, hijo de José María Barros Ipuana, alias "Chema Bala", conocido paramilitar miembro de los Wayúu y quien hacía parte del frente contrainsurgencia Wayúu del bloque Norte que lideraba "Jorge 40". "Chema Bala" comandó junto a otros paramilitares la masacre de Bahía Portete (municipio de Uribia) en abril de 2004 en la cual fueron asesinadas 12 personas, desaparecidas más de 30 y originó el desplazamiento de más de 600 Wayúu.
Así mismo otro de los asesinados, Rafael Antonio Valdeblánquez, era hijo de Gervasio Valdeblánquez Ipuana conocido comerciante guajiro que ha sido relacionado con los paramilitares y el narcotráfico en la región. En junio de 2007 circuló una foto suya en compañía de Vicente Castaño quien al parecer se escondía en la Guajira.
'Chema Bala', quien convivió con una hermana de Gervasio Valdeblánquez, fue capturado en octubre de 2004 por la DIJIN y posteriormente se acogió a la Ley de Justicia y Paz, luego de las desmovilizaciones del bloque Norte en marzo de 2006. Barros Ipuana fue pedido en extradición por los Estados Unidos el 22 de agosto de 2007, y esta fue autorizada por el gobierno colombiano el pasado 10 de octubre. Hoy espera en la cárcel de Cómbita su traslado a la Florida.
La incautación el pasado 19 de noviembre de 2.5 toneladas de clorhidrato de cocaína en la alta Guajira es el más reciente golpe de las autoridades a las redes de narcotráfico que operan en la zona. Estas redes que en un principio eran lideradas por el bloque Norte de las AUC y luego vendidas a los 'Mellizos', hoy están bajo el poder de 'Don Mario' y de Arnulfo Sánchez González, alias 'Pablo'.
Arnulfo Sánchez González alias "Pablo" lider de los grupos rearmados en la media y alta Guajira. Foto Policía
Este último cargamento, avaluado en 63 millones de dólares, fue incautado por la Policía Antinarcóticos en zona rural de Puerto Chimare dentro de un camión de estacas con placas del Estado de Zulia (Venezuela), y según las autoridades pertenecía a alias "Don Mario".
El operativo es el último de una serie que en lo que va de este año ha significado la incautación de 113 toneladas de cocaína en el país. En la Guajira en febrero de este año fue incautada una tonelada en Manaure, en agosto fueron dos toneladas más cerca de Puerto Bolívar y en septiembre 4.83 toneladas fueron halladas enterradas en un sector denominado Parajimarahu.
La llegada de los paramilitares a la Guajira acrecentó la importancia de esta zona para los narcotraficantes.
Los "paras" a la Guajira
Los paramilitares llegaron a la Guajira por el sur en el año 2002 a manera de ejército de ocupación, motivados por los narcotraficantes de la zona y algunas familias locales relacionadas con negocios ilícitos. Con su entrada 'Jorge 40' y sus hombres asesinaron a dos hombres claves del negocio del contrabando y el narcotráfico, ambos de ascendente Wayúu, Mario Cotes el 10 de julio de 2002 y Luis Ángel González el 6 de marzo de 2003. Luego de otra serie de asesinatos selectivos el jefe del bloque Norte coloca a "Felipe" como comandante de la zona y empiezan a apoderarse de territorios como Maicao, Manaure y Uribia.
Posteriormente se crea el frente contrainsurgencia Wayúu a partir de una alianza entre 'Jorge 40' y la familia Ipuana, que se consolida tras la masacre de Bahía Portete. De esta alianza hacen parte 'Chema Bala' y Arnulfo Sánchez González, alias 'Pablo', quedando este último al mando luego de la captura del primero. Bajo esta estructura los paramilitares se apoderan del negocio del narcotráfico, el contrabando, la venta de combustible, la extorsión y desde luego la contratación pública en municipios como Uribia. Así mismo fueron los responsables de muchas de las masacres, homicidios selectivos y desapariciones que las comunidades Wayúu tienen documentadas (ver informe).
Sin embargo, tras la desmovilización del bloque Norte en el 2006, la propia Defensoría del Pueblo y la MAPP/OEA empezaron a alertar sobre la presencia de reductos de paramilitares que no se habían desmovilizado y que se autodenominaban "Comandos Águilas Negras". Al parecer alias "Pablo", junto a sus hermanos se encontraban detrás de estas estructuras.
Paramilitarismo y narcotráfico hoy
Entre las hipótesis que se manejan localmente sobre la reciente masacre en Maicao existe una que ha empezado a tomar fuerza y que define el vínculo actual entre los reductos paramilitares y el narcotráfico.
Entre la comunidad Wayúu las muertes serían un ajuste de cuentas entre familias de su étnia, algunas involucradas con las redes de narcotráfico, y otras que han decido desligarse y han planteado otros mecanismos de resistencia. Este escenario tiene como trasfondo las estrategias utilizadas por el paramilitarismo para colocar en función de sus intereses –el narcotráfico- los conflictos históricos entre los diferentes clanes.
Lo que se dice en la región es que algunas personas entregaron información a las autoridades, lo que a su vez permitió la incautación de varios cargamentos de coca que las bandas emergentes pensaban sacar por la Alta Guajira. Al parecer una de las personas que delató algunos de los embarques estuvo en el lugar donde se cometió la masacre, abandonando el lugar minutos antes del hecho. Esta persona es conocida en la región como 'Wakuko' y actualmente se desconoce su paradero. Para muchos, la presencia del hijo de 'Chema Bala' y de Valdeblánquez en el lugar no es fortuita.
La masacre es atribuida a hombres de alias 'Pablo' quien siempre ha considerado a Maicao como una zona estratégica y de retaguardia, y al parecer es el responsable de coordinar la seguridad para estos envíos de coca. En este municipio mantiene dos emisarios quienes con unos 30 hombres controlan la extorsión en el triángulo conformado por Maicao, Majayura y Carraipía.
Así mismo transita entre Maicao y Uribia, ubicándose en estribaciones del Cerro la Teta (Uribia), lugar donde también tiene su sede un destacamento del ejército.
Por otro lado y con relación al papel de alias 'Don Mario' en la zona hay también varias versiones. Lo cierto es que su presencia o la de los "venidos de Urabá", como los llaman los Wayúu, es evidente. En Maicao a inicios de este mes se supo del cobro de una doble extorsión al comercio por grupos distintos, uno a nombre de alias 'Julio' y otro a nombre de alias 'Mauricio'. Sin embargo, fuentes de inteligencia creen que al igual que pasó con lo 'Mellizos', 'Pablo' y su gente mantienen una estrategia de no confrontación y alianza para el envío de coca, ahora con 'Don Mario'.
En la Alta Guajira algunas comunidades Wayúus están resistiendo a la presión de estos grupos ilegales. Algunas personas de la comunidad, consultadas por Verdadabierta, temen que ante la falta de presencia de la fuerza pública en la zona, sean los mismos wayúus los que se tomen la justicia por su cuenta, cómo ha pasado en casos de venganzas entre familias de esa étnia.
En la Guajira la desmovilización paramilitar no parece ser referenciada como tal por sus habitantes y los poderes políticos locales involucrados con estos grupos aún mantienen vigencia. Así mismo, la aparente omnipresencia de 'Don Mario' en distintas zonas del país solo parece explicarse, como en este caso, por las varias estructuras de las antiguas Auc que nunca se desmovilizaron y que hoy en día defienden con las viejas prácticas paramilitares su participación dentro del negocio del narcotráfico.
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Conflicto hoy - Rearmados
Lunes, 01 de Diciembre de 2008 12:39
Verdad Abierta estuvo en la Guajira y pudo constatar procesos de rearme paramilitar en la media y alta Guajira, además de la fuerte presencia de hombres de 'Don Mario' en la región y el preocupante impacto del narcotráfico en esta zona del país.
Ideas para la Paz para Verdadabierta
El 19 de noviembre la Policía Antinarcóticos incautó 2.5 toneladas de coca en la alta Guajira. Foto: Policía Nacional
- Bandas emergentes toman fuerza
- Las Farc se reacomodan para seguir en la guerra
Dos hechos ocurridos en noviembre muestran lo que ocurre en la Guajira en orden público. Por un lado la masacre de seis personas en Maicao y por otro la reciente incautación de 2.5 toneladas de coca en la alta Guajira. Ambos con un hilo conductor, la fuerte presencia bandas armadas integradas por ex paramilitares e involucradas de lleno en el negocio del narcotráfico.
El sábado 8 de noviembre fueron asesinadas seis personas pertenecientes a la etnia Wayúu en Maicao. Ese día dos personas en una motocicleta dispararon a un grupo familiar en el barrio Santander y le causaron la muerte a Rafael Antonio Valdeblánquez Barros, Eider Manuel Barros, José David Mindiola Gámez, los hermanos Carlos y Arturo Iguarán Acuña, y María Mary Epiayú Ipuana, quien se encontraba en estado de embarazo.
Entre los muertos se encontraba Eider Manuel Barros, hijo de José María Barros Ipuana, alias "Chema Bala", conocido paramilitar miembro de los Wayúu y quien hacía parte del frente contrainsurgencia Wayúu del bloque Norte que lideraba "Jorge 40". "Chema Bala" comandó junto a otros paramilitares la masacre de Bahía Portete (municipio de Uribia) en abril de 2004 en la cual fueron asesinadas 12 personas, desaparecidas más de 30 y originó el desplazamiento de más de 600 Wayúu.
Así mismo otro de los asesinados, Rafael Antonio Valdeblánquez, era hijo de Gervasio Valdeblánquez Ipuana conocido comerciante guajiro que ha sido relacionado con los paramilitares y el narcotráfico en la región. En junio de 2007 circuló una foto suya en compañía de Vicente Castaño quien al parecer se escondía en la Guajira.
'Chema Bala', quien convivió con una hermana de Gervasio Valdeblánquez, fue capturado en octubre de 2004 por la DIJIN y posteriormente se acogió a la Ley de Justicia y Paz, luego de las desmovilizaciones del bloque Norte en marzo de 2006. Barros Ipuana fue pedido en extradición por los Estados Unidos el 22 de agosto de 2007, y esta fue autorizada por el gobierno colombiano el pasado 10 de octubre. Hoy espera en la cárcel de Cómbita su traslado a la Florida.
La incautación el pasado 19 de noviembre de 2.5 toneladas de clorhidrato de cocaína en la alta Guajira es el más reciente golpe de las autoridades a las redes de narcotráfico que operan en la zona. Estas redes que en un principio eran lideradas por el bloque Norte de las AUC y luego vendidas a los 'Mellizos', hoy están bajo el poder de 'Don Mario' y de Arnulfo Sánchez González, alias 'Pablo'.
Arnulfo Sánchez González alias "Pablo" lider de los grupos rearmados en la media y alta Guajira. Foto Policía
Este último cargamento, avaluado en 63 millones de dólares, fue incautado por la Policía Antinarcóticos en zona rural de Puerto Chimare dentro de un camión de estacas con placas del Estado de Zulia (Venezuela), y según las autoridades pertenecía a alias "Don Mario".
El operativo es el último de una serie que en lo que va de este año ha significado la incautación de 113 toneladas de cocaína en el país. En la Guajira en febrero de este año fue incautada una tonelada en Manaure, en agosto fueron dos toneladas más cerca de Puerto Bolívar y en septiembre 4.83 toneladas fueron halladas enterradas en un sector denominado Parajimarahu.
La llegada de los paramilitares a la Guajira acrecentó la importancia de esta zona para los narcotraficantes.
Los "paras" a la Guajira
Los paramilitares llegaron a la Guajira por el sur en el año 2002 a manera de ejército de ocupación, motivados por los narcotraficantes de la zona y algunas familias locales relacionadas con negocios ilícitos. Con su entrada 'Jorge 40' y sus hombres asesinaron a dos hombres claves del negocio del contrabando y el narcotráfico, ambos de ascendente Wayúu, Mario Cotes el 10 de julio de 2002 y Luis Ángel González el 6 de marzo de 2003. Luego de otra serie de asesinatos selectivos el jefe del bloque Norte coloca a "Felipe" como comandante de la zona y empiezan a apoderarse de territorios como Maicao, Manaure y Uribia.
Posteriormente se crea el frente contrainsurgencia Wayúu a partir de una alianza entre 'Jorge 40' y la familia Ipuana, que se consolida tras la masacre de Bahía Portete. De esta alianza hacen parte 'Chema Bala' y Arnulfo Sánchez González, alias 'Pablo', quedando este último al mando luego de la captura del primero. Bajo esta estructura los paramilitares se apoderan del negocio del narcotráfico, el contrabando, la venta de combustible, la extorsión y desde luego la contratación pública en municipios como Uribia. Así mismo fueron los responsables de muchas de las masacres, homicidios selectivos y desapariciones que las comunidades Wayúu tienen documentadas (ver informe).
Sin embargo, tras la desmovilización del bloque Norte en el 2006, la propia Defensoría del Pueblo y la MAPP/OEA empezaron a alertar sobre la presencia de reductos de paramilitares que no se habían desmovilizado y que se autodenominaban "Comandos Águilas Negras". Al parecer alias "Pablo", junto a sus hermanos se encontraban detrás de estas estructuras.
Paramilitarismo y narcotráfico hoy
Entre las hipótesis que se manejan localmente sobre la reciente masacre en Maicao existe una que ha empezado a tomar fuerza y que define el vínculo actual entre los reductos paramilitares y el narcotráfico.
Entre la comunidad Wayúu las muertes serían un ajuste de cuentas entre familias de su étnia, algunas involucradas con las redes de narcotráfico, y otras que han decido desligarse y han planteado otros mecanismos de resistencia. Este escenario tiene como trasfondo las estrategias utilizadas por el paramilitarismo para colocar en función de sus intereses –el narcotráfico- los conflictos históricos entre los diferentes clanes.
Lo que se dice en la región es que algunas personas entregaron información a las autoridades, lo que a su vez permitió la incautación de varios cargamentos de coca que las bandas emergentes pensaban sacar por la Alta Guajira. Al parecer una de las personas que delató algunos de los embarques estuvo en el lugar donde se cometió la masacre, abandonando el lugar minutos antes del hecho. Esta persona es conocida en la región como 'Wakuko' y actualmente se desconoce su paradero. Para muchos, la presencia del hijo de 'Chema Bala' y de Valdeblánquez en el lugar no es fortuita.
La masacre es atribuida a hombres de alias 'Pablo' quien siempre ha considerado a Maicao como una zona estratégica y de retaguardia, y al parecer es el responsable de coordinar la seguridad para estos envíos de coca. En este municipio mantiene dos emisarios quienes con unos 30 hombres controlan la extorsión en el triángulo conformado por Maicao, Majayura y Carraipía.
Así mismo transita entre Maicao y Uribia, ubicándose en estribaciones del Cerro la Teta (Uribia), lugar donde también tiene su sede un destacamento del ejército.
Por otro lado y con relación al papel de alias 'Don Mario' en la zona hay también varias versiones. Lo cierto es que su presencia o la de los "venidos de Urabá", como los llaman los Wayúu, es evidente. En Maicao a inicios de este mes se supo del cobro de una doble extorsión al comercio por grupos distintos, uno a nombre de alias 'Julio' y otro a nombre de alias 'Mauricio'. Sin embargo, fuentes de inteligencia creen que al igual que pasó con lo 'Mellizos', 'Pablo' y su gente mantienen una estrategia de no confrontación y alianza para el envío de coca, ahora con 'Don Mario'.
En la Alta Guajira algunas comunidades Wayúus están resistiendo a la presión de estos grupos ilegales. Algunas personas de la comunidad, consultadas por Verdadabierta, temen que ante la falta de presencia de la fuerza pública en la zona, sean los mismos wayúus los que se tomen la justicia por su cuenta, cómo ha pasado en casos de venganzas entre familias de esa étnia.
En la Guajira la desmovilización paramilitar no parece ser referenciada como tal por sus habitantes y los poderes políticos locales involucrados con estos grupos aún mantienen vigencia. Así mismo, la aparente omnipresencia de 'Don Mario' en distintas zonas del país solo parece explicarse, como en este caso, por las varias estructuras de las antiguas Auc que nunca se desmovilizaron y que hoy en día defienden con las viejas prácticas paramilitares su participación dentro del negocio del narcotráfico.
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Detienen al segundo jefe de la banda de alias 'Cuchillo'
Se trata de José Vicente Rivera Mendoza, alias 'el Soldado', con lo cual parece inminente la caída de Pedro Oliveiro Guerrero,
álias 'Cuchillo', cuya detención exige el presidente Álvaro Uribe, es el jefe de la banda criminal Erpac, Ejército Popular Antiterrorista Colombiano.
La captura de Rivera se produjo cuando observaba un partido de fútbol en una cancha ubicada en la vereda las Violetas, entre los municipios de Guamal y Castilla la Nueva. La captura la hicieron el DAS y la Policía.
Con esta ya son 10 las bajas de 'Cuchillo' en cuatro semanas.
Hace un mes la Dijín capturó a cuatro de sus hombres de confianza y su jefe de seguridad murió en enfrentamientos con la Policía.
Y hace menos de 15 días cayeron también su esposa, Deisy Yamile Molano, así como alias 'Sargento García', suboficial retirado del Ejército, que según las autoridades era el hombre enlace de Cuchillo con miembros de la Fuerza Pública que habrían facilitado su fuga en la operación de hace un mes de la Dijín.
Alias 'el Soldado', al que le aparece una orden de captura por homicidio y desaparición forzada, estaba acompañado de su esposa, a la que le fueron decomisadas dos pistolas (tenían salvoconducto) y por su escolta, al que le figura una orden de captura por concierto para delinquir con fines terroristas.
www.eltiempo.com
Se trata de José Vicente Rivera Mendoza, alias 'el Soldado', con lo cual parece inminente la caída de Pedro Oliveiro Guerrero,
álias 'Cuchillo', cuya detención exige el presidente Álvaro Uribe, es el jefe de la banda criminal Erpac, Ejército Popular Antiterrorista Colombiano.
La captura de Rivera se produjo cuando observaba un partido de fútbol en una cancha ubicada en la vereda las Violetas, entre los municipios de Guamal y Castilla la Nueva. La captura la hicieron el DAS y la Policía.
Con esta ya son 10 las bajas de 'Cuchillo' en cuatro semanas.
Hace un mes la Dijín capturó a cuatro de sus hombres de confianza y su jefe de seguridad murió en enfrentamientos con la Policía.
Y hace menos de 15 días cayeron también su esposa, Deisy Yamile Molano, así como alias 'Sargento García', suboficial retirado del Ejército, que según las autoridades era el hombre enlace de Cuchillo con miembros de la Fuerza Pública que habrían facilitado su fuga en la operación de hace un mes de la Dijín.
Alias 'el Soldado', al que le aparece una orden de captura por homicidio y desaparición forzada, estaba acompañado de su esposa, a la que le fueron decomisadas dos pistolas (tenían salvoconducto) y por su escolta, al que le figura una orden de captura por concierto para delinquir con fines terroristas.
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Los hijos del Presidente
Los hijos del Presidente
Nación Tomás y Jerónimo Uribe ponen la cara a las críticas que les han formulado sobre sus actividades profesionales.
Hasta hace pocos días, el país sólo conocía de Tomás y Jerónimo Uribe por ser los hijos del Presidente y por aparecer frecuentemente en las revistas del corazón y las páginas sociales de los periódicos. Pero todo cambió el pasado martes 25 de noviembre. En un debate en el Senado sobre el escándalo de las pirámides, la senadora Cecilia López dijo "hay un ambiente de duda porque hay demasiados vínculos de DMG con Palacio, con personas muy cercanas al Presidente, como su hijo. Pidámosle al Presidente que ayude a aclarar esta serie de dudas y que presenten él y sus hijos las declaraciones de renta de 2002 y las de 2007, con esto, si ellos pueden demostrar cómo han generado sus ingresos, se acaba esa serie de rumores".
La reacción del presidente Álvaro Uribe fue inmediata. Al día siguiente, en una llamativa alocución presidencial a las 7 de la mañana, se refirió al tema. "Sobre mis hijos: ellos no están en la corrupción. Mis hijos no son corruptos. Mis hijos no son traficantes de influencias ante el Estado. Mis hijos no son atenidos al papá. Mis hijos no son hijos de papi. Mis hijos no son holgazanes. Mis hijos no son vagos con sueldo. Mis hijos han escogido ser hombres de trabajo, honestos y serios".
Las sentidas palabras de padre del primer mandatario no eran para menos. Durante los últimos meses se comenzó a crear una serie de rumores sobre los supuestos negocios de sus hijos. La mayoría de estos son falsos, muchos son exagerados y pocos son reales. Sin embargo, en esta confusión entre la ficción y la realidad llegó a poner el tema en la agenda nacional.
Son tantos los mitos que se han tejido, que si no fuera por ser los hijos del Presidente nadie les prestaría atención. Pero por serlo se explica la inusual y retadora solicitud de la senadora López, la vocera del principal partido de oposición, para que los hijos del Presidente le mostraran sus declaraciones de renta al país.
En la teoría, la exigencia parece un contrasentido: Tomás y Jerónimo no son funcionarios del Estado. Tienen el mismo derecho de privacidad que cualquier colombiano. Pero, como ellos mismos reconocen, los hijos del primer mandatario no son ciudadanos comunes y corrientes. Las actividades de la familia presidencial no sólo son de interés público, con o sin la anuencia de sus integrantes, sino también serán el blanco predilecto de interpretaciones maliciosas de su conducta. Tomás lo ilustra de la siguiente manera: "si me quedo tarde en una fiesta, fue porque estoy borracho. Si me siento solo en un sofá, es que estoy deprimido. Si tomo un café con una amiga, es que le estoy poniendo los cachos a mi esposa".
Era inevitable que, en algún momento, las actividades de los hijos del Presidente quedaran inmersas en el ámbito público. Para empezar, Álvaro Uribe es el líder político más popular en la historia reciente del país y, al mismo tiempo, un hombre frentero y polémico. Todo lo que hace o deja de hacer el Presidente es noticia y motiva una intensa controversia, en especial en esta Colombia con una polarización tan arraigada. Y a diferencia de los hijos de Pastrana, Samper y Gaviria -quienes estaban aún en el colegio cuando se hospedaron en la Casa de Nariño-, Tomás y Jerónimo Uribe han hecho su carrera universitaria y profesional durante la Presidencia de su padre.
Esa decisión de los jóvenes Uribe de quedarse en el país, asumir los riesgos de seguridad y enfrentar el escrutinio público también ha abonado el terreno para que se teja toda suerte de conjeturas y especulaciones alrededor de sus vidas. Pero ¿qué de todo lo que se dice es ficción y qué es realidad?
Tomás y Jerónimo son, ante todo, emprendedores. Pese a su escasa edad -Tomás tiene 27 años, y Jerónimo, 25-, manejan dos importantes empresas: Salvarte y Ecoeficencia S. A. También participan con su padre en las actividades de la ya célebre finca El Ubérrimo, en Córdoba, a la que ellos llaman "la empresa familiar", y son socios minoritarios con un tío del lado materno en una firma inmobiliaria que compra y vende propiedades en varias regiones del país.
Y se dedicaron a hacer empresa porque de tanto "sufrir la vida pública de mi papá y de escuchar las cosas que dijeron de él -explica Tomás-, me decidí por lo privado". Y aunque "desde muy pequeño me echaba mis discursos, no quise más lo público".
Tomás, quien estudió ingeniería química en la Universidad de los Andes, aún recuerda como si fuera ayer su primera incursión en la vida de los negocios, cuando aún su padre no había ganado las elecciones. En una visita a la plaza de mercado de Montería, le llamaron la atención unos sombreros en fibras naturales y de ala ancha. Tras regatear por 15 minutos, logró bajar el precio de 4.000 a 2.000 pesos. "Pensé que podría negociar con el proveedor a 1.000 pesos y venderlos en España para una buena ganancia", dice. Le propuso el negocio a su hermano y desde entonces acordaron participar siempre como socios 50-50. Al llegar Tomás al país ibérico, se encontró con su primera dura lección: no había tramitado el certificado de origen. Tras mucho papeleo que le tocó asumir a Jerónimo, pudieron poner los papeles en regla. Pero los sombreros no gustaron y perdieron casi la totalidad de los seis millones de pesos invertidos en su primer negocio.
No se resignaron. Tomás conoció unas manillas elaboradas en caña flecha e invirtió los 500.000 pesos que les quedaban y probó nuevamente suerte en el Viejo Continente. El éxito fue abrumador y allí nació Salvarte. Como repiten una y otra vez: "un producto bueno se vende solo".
Salvarte hoy tiene locales alquilados en los centros comerciales El Retiro, Atlantis y la Gran Estación, que son manejados por ellos. Los locales del Puente Aéreo y el aeropuerto El Dorado, que han sido objeto de suspicacia, son sólo franquicias.
El negocio de Salvarte, sin embargo, no es ajeno a la controversia. Es inevitable que haya quienes atribuyan su posicionamiento en el mercado a su condición de ser hijos del Presidente. Empresas como Comcel y gremios como la Andi han sido sus clientes. Sin duda, arrancan con una ventaja: ¿quién no le pasa al teléfono a un hijo de Uribe? Pero eso no garantizaría que una empresa les compre su producto, y menos su continuidad. Comcel, por ejemplo -comenta Jerónimo- hace dos años "que no nos compra nada", a pesar de las varias propuestas que han presentado. También recuerdan su fracasado intento de ingresar en el competido mercado de la moda con una ropa marca Salvarte. Aún les quedan prendas por saldar. Jerónimo maneja este negocio de artesanías.
La firma Ecoeficiencia, cuyo gerente general es Tomás Uribe, es menos conocida, pero es una apuesta de mayor envergadura. Es una empresa que provee servicios ambientales -reciclaje, tratamiento de aguas, mediciones de ruido-. Nació hace pocos años en sociedad con un viejo amigo del colegio, y hoy tiene 220 empleados. Su clientela incluye Bavaria, Quala y Postobón, entre otras grandes compañías industriales. Bajo la dirección del mayor de los Uribe Moreno, quien cumple a la letra el lema de su padre de "trabajar, trabajar y trabajar", han incrementado significativamente sus ventas. "No tenemos un solo contrato con el Estado", dice enfático, y explica la presencia de personal del Ejército custodiando las instalaciones a las obvias medidas de seguridad que debe mantener.
Entre artesanías y reciclaje, los hermanos Uribe sacan tiempo para estar atentos a las actividades de la finca de su padre, en Córdoba. Tomás es el encargado del cuidado y el mantenimiento del ganado del Presidente, mientras Jerónimo supervisa los caballos. Mientras la inmobiliaria de su tío materno es la que menos tiempo les demanda, por ser muy baja su participación.
A pesar del ostentoso -y necesario- despliegue de seguridad que los cuida día y noche, hacen hincapié en su vida austera. Tomás, quien está recién casado con la ex reina Isabel Sofía Cabrales, vive en un apartamento alquilado de 115 metros cuadrados. Y Jerónimo, a pesar del buen desempeño de Salvarte, sólo en enero de este año empezó a devengar salario. Como buenos empresarios de tradición antioqueña, reinvierten todas las utilidades de sus empresas.
Dadas sus muestras de seriedad en los negocios, sorprende que se hayan visto afectados por dos episodios polémicos. En el primero, por ser demasiado confianzudo con un amigo de la universidad, Jerónimo aceptó firmar un pagaré a un desconocido. Esa persona, sin que lo supiera el hijo menor del Presidente, era uno de los desfalcadores de Cajanal. En el segundo caso, tanto Jerónimo como su hermano terminaron relacionados con uno de los implicados en el monumental escándalo de DMG.
Hoy, ambos reconocen sus errores de juicio, que atribuyen a su falta de malicia. El caso de Cajanal es quizás el más embarazoso. Según explica Jerónimo, un compañero de universidad de Tomás le presentó a mediados de 2005 al abogado Jeiner Guilombo. Este señor, dice el menor de los Uribe, prometió prestarle a su amigo 100 millones de pesos para realizar unos eventos en Neiva. Jerónimo accedió a ser testigo en un pagaré por 50 millones y responsable directo por otros 50. Sólo se acordó del asunto hace dos años, cuando una abogada le cobró la deuda. Esta fue pagada en septiembre de 2007, según Jerónimo, con recursos que su amigo, quien vive en Australia, le consignó. Jerónimo, quien al momento de la firma tenía 22 años, dice que fue una primiparada y que aprendió su lección. De todos modos, es inaudito que un hijo de Presidente, quien es consciente de su "responsabilidad pública", sea tan ingenuo.
Otro episodio incómodo fue la amistad de los dos Uribe con Daniel Ángel, uno de los socios de David Murcia Guzmán. Tomás conoció a Ángel en Australia en 2002 y se hicieron muy buenos amigos. A mediados de 2006, Ángel le propuso a Jerónimo hacer unos documentales sobre Salvarte en todo el país para un nuevo canal llamado Body Channel. Jerónimo accedió y no le puso mayor misterio hasta febrero de 2007, cuando salió un artículo en la revista Cambio que planteaba unas dudas sobre el origen de la financiación del canal. En ese momento, el hijo del Presidente llamó al general Óscar Naranjo para pedirle consejo. Naranjo fue tajante: era mejor apartarse.
Aunque Jerónimo nunca más participó en el canal, tanto él como Tomás siguieron compartiendo con Ángel e incluso asistieron a su matrimonio. Para algunos, la advertencia de Naranjo debería haber sido suficiente para acabar de manera abrupta esa relación. Pero en el mundo real, las cosas nunca son blancas y negras. Ángel era un amigo que apreciaban mucho y a pesar de que dudaran de sus negocios, sólo ahora se están confirmando las actividades delincuenciales. Los Uribe no fueron los únicos sorprendidos; decenas de compañeros de colegio y universidad todavía hablan asombrados de Ángel y su conexión con Murcia y el bajo mundo.
En cambio, es poco lo que pueden hacer Tomás y Jerónimo para poner fin a muchas de las leyendas que se arman alrededor de sus vidas. Porque ellos sufren de lo que se puede denominar el síndrome de los supuestos amigos de los hijos del Presidente. Aquellos que utilizan su precaria relación, un saludo en público o una foto casual, para pedir favores en su nombre. Y siempre habrá el incauto que les come cuento.
El otro dilema que enfrentan, paradójicamente, es el éxito de sus empresas. Ni Tomás ni Jerónimo le ven mayor beneficio a ser hijos del Presidente para sus intereses empresariales. Es muy difícil -e incluso para ellos aceptarlo- que sean reconocidos como empresarios exitosos e innovadores mientras su padre sea Presidente. Siempre habrá personas que atribuirán sus logros a su condición de hijos de Álvaro Uribe. Si ganan un negocio en franca lid, siempre será más fácil para los perdedores alegar favoritismo. Nunca serán juzgados por sus méritos y sus capacidades, sino por sus conexiones. Poco importa para sus críticos que Ecoeficiencia tenga todos los certificados de calidad ISO y que eso sí es una ventaja competitiva en un sector donde reina la informalidad.
Los Uribe cuentan que se abstuvieron de suscribir un crédito de bajos intereses de Bancoldex y que su padre les recomendó optar por una tasa más alta de la banca privada para evitar suspicacias. Tampoco accedieron a los 5.000 dólares de Proexport que tenían derecho por las actividades de Salvarte.
Es también cierto que esa lupa que los persigue los obliga a ser muy cuidadosos en sus cuentas, sus declaraciones de renta y en el trato con sus empleados. Saben que cualquier error puede impactar la imagen de su padre.
A veces, incluso, su sola participación en algún proyecto privado puede afectar una obra pública, como ocurrió con la vía El Codito-Sopó. El Presidente decidió no autorizar una carretera que pedían los habitantes de esa región de la Sabana porque la sociedad familiar donde son accionistas minoritarios tiene una propiedad en ese sector. El ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, le confirmó a SEMANA esa decisión, que terminó afectando a una comunidad y se hizo para evitar un aparente conflicto de intereses.
Es irónico: los hijos del Presidente se quejan más cuando hablan de cómo les afecta su relación con el gobierno. Subestiman, eso sí, la ventaja inherente que les genera precisamente el apellido Uribe. No todo cristiano puede, por ejemplo, llamar al general Naranjo y pedirle consejos.
Menos evidentes son los favores que les hacen Raimundo y todo el mundo -el presidente de una empresa, el gerente de un banco, el alcalde de un pueblo- por ser Tomás y Jerónimo Uribe. Son las prebendas intangibles del poder. Lo que hace que el administrador de un centro comercial como Atlantis se alegre por tener un Salvarte. O la razón por la cual, como ellos dicen, "nos sale mucho socio".
Para muchas personas, los hijos son la manera más eficaz de llegarle al corazón grande del Presidente. Y es un riesgo tan evidente, que no puede aceptar ninguna suerte de ligereza por parte de ellos.
Si Uribe finalmente termina su período el 7 de agosto de 2010 y no opta por lanzarse a una segunda reelección, tal vez los más contentos serán Tomás y Jerónimo. A veces sienten que están en un juego en el que "con cara gana usted y con sello pierdo yo". Jerónimo es aún más lapidario cuando escucha las críticas sobre su decisión de ser empresario: "Entonces, ¿a qué se deben dedicar los hijos del Presidente?".
De todo lo anterior, lo primero que se deduce es que ser hijo de gobernante es más difícil de lo que la gente piensa. Y más si se tiene en cuenta que el padre dura ocho años en la Casa de Nariño que coinciden con una década importante en el impulso y la productividad de sus hijos.
Los hermanos Uribe tienen muchos rasgos parecidos a su padre. Son trabajadores, disciplinados, frenteros y talentosos. Conscientes de su situación de privilegio, han evitado tener negocios que dependan del Estado. Sin embargo, sería ingenuo pretender que ser delfines ha sido una desventaja en lo que respecta al sector privado. El prestigio del Presidente y la simpatía personal de los hijos indudablemente abren muchas puertas. La mayoría de los jóvenes de esa edad tiene que golpear más veces. Igualmente se enfrentarán a un público escéptico que siempre creerá que su éxito depende más de las conexiones que de su talento.
Como hijos de presidente cargan la maldición de que, en sus éxitos, la gente los juzga no por lo que son, sino por lo que representan. Y esto sin duda tiene algo de injusto. Pero injusto o no, es innegable que se han convertido, antes de llegar a los 30 años, en unos de los jóvenes empresarios más exitosos del país.
Lo que sí es seguro es que el apellido Uribe, no sólo en política sino en el sector privado, va a sonar en Colombia durante muchos años.
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Nación Tomás y Jerónimo Uribe ponen la cara a las críticas que les han formulado sobre sus actividades profesionales.
Hasta hace pocos días, el país sólo conocía de Tomás y Jerónimo Uribe por ser los hijos del Presidente y por aparecer frecuentemente en las revistas del corazón y las páginas sociales de los periódicos. Pero todo cambió el pasado martes 25 de noviembre. En un debate en el Senado sobre el escándalo de las pirámides, la senadora Cecilia López dijo "hay un ambiente de duda porque hay demasiados vínculos de DMG con Palacio, con personas muy cercanas al Presidente, como su hijo. Pidámosle al Presidente que ayude a aclarar esta serie de dudas y que presenten él y sus hijos las declaraciones de renta de 2002 y las de 2007, con esto, si ellos pueden demostrar cómo han generado sus ingresos, se acaba esa serie de rumores".
La reacción del presidente Álvaro Uribe fue inmediata. Al día siguiente, en una llamativa alocución presidencial a las 7 de la mañana, se refirió al tema. "Sobre mis hijos: ellos no están en la corrupción. Mis hijos no son corruptos. Mis hijos no son traficantes de influencias ante el Estado. Mis hijos no son atenidos al papá. Mis hijos no son hijos de papi. Mis hijos no son holgazanes. Mis hijos no son vagos con sueldo. Mis hijos han escogido ser hombres de trabajo, honestos y serios".
Las sentidas palabras de padre del primer mandatario no eran para menos. Durante los últimos meses se comenzó a crear una serie de rumores sobre los supuestos negocios de sus hijos. La mayoría de estos son falsos, muchos son exagerados y pocos son reales. Sin embargo, en esta confusión entre la ficción y la realidad llegó a poner el tema en la agenda nacional.
Son tantos los mitos que se han tejido, que si no fuera por ser los hijos del Presidente nadie les prestaría atención. Pero por serlo se explica la inusual y retadora solicitud de la senadora López, la vocera del principal partido de oposición, para que los hijos del Presidente le mostraran sus declaraciones de renta al país.
En la teoría, la exigencia parece un contrasentido: Tomás y Jerónimo no son funcionarios del Estado. Tienen el mismo derecho de privacidad que cualquier colombiano. Pero, como ellos mismos reconocen, los hijos del primer mandatario no son ciudadanos comunes y corrientes. Las actividades de la familia presidencial no sólo son de interés público, con o sin la anuencia de sus integrantes, sino también serán el blanco predilecto de interpretaciones maliciosas de su conducta. Tomás lo ilustra de la siguiente manera: "si me quedo tarde en una fiesta, fue porque estoy borracho. Si me siento solo en un sofá, es que estoy deprimido. Si tomo un café con una amiga, es que le estoy poniendo los cachos a mi esposa".
Era inevitable que, en algún momento, las actividades de los hijos del Presidente quedaran inmersas en el ámbito público. Para empezar, Álvaro Uribe es el líder político más popular en la historia reciente del país y, al mismo tiempo, un hombre frentero y polémico. Todo lo que hace o deja de hacer el Presidente es noticia y motiva una intensa controversia, en especial en esta Colombia con una polarización tan arraigada. Y a diferencia de los hijos de Pastrana, Samper y Gaviria -quienes estaban aún en el colegio cuando se hospedaron en la Casa de Nariño-, Tomás y Jerónimo Uribe han hecho su carrera universitaria y profesional durante la Presidencia de su padre.
Esa decisión de los jóvenes Uribe de quedarse en el país, asumir los riesgos de seguridad y enfrentar el escrutinio público también ha abonado el terreno para que se teja toda suerte de conjeturas y especulaciones alrededor de sus vidas. Pero ¿qué de todo lo que se dice es ficción y qué es realidad?
Tomás y Jerónimo son, ante todo, emprendedores. Pese a su escasa edad -Tomás tiene 27 años, y Jerónimo, 25-, manejan dos importantes empresas: Salvarte y Ecoeficencia S. A. También participan con su padre en las actividades de la ya célebre finca El Ubérrimo, en Córdoba, a la que ellos llaman "la empresa familiar", y son socios minoritarios con un tío del lado materno en una firma inmobiliaria que compra y vende propiedades en varias regiones del país.
Y se dedicaron a hacer empresa porque de tanto "sufrir la vida pública de mi papá y de escuchar las cosas que dijeron de él -explica Tomás-, me decidí por lo privado". Y aunque "desde muy pequeño me echaba mis discursos, no quise más lo público".
Tomás, quien estudió ingeniería química en la Universidad de los Andes, aún recuerda como si fuera ayer su primera incursión en la vida de los negocios, cuando aún su padre no había ganado las elecciones. En una visita a la plaza de mercado de Montería, le llamaron la atención unos sombreros en fibras naturales y de ala ancha. Tras regatear por 15 minutos, logró bajar el precio de 4.000 a 2.000 pesos. "Pensé que podría negociar con el proveedor a 1.000 pesos y venderlos en España para una buena ganancia", dice. Le propuso el negocio a su hermano y desde entonces acordaron participar siempre como socios 50-50. Al llegar Tomás al país ibérico, se encontró con su primera dura lección: no había tramitado el certificado de origen. Tras mucho papeleo que le tocó asumir a Jerónimo, pudieron poner los papeles en regla. Pero los sombreros no gustaron y perdieron casi la totalidad de los seis millones de pesos invertidos en su primer negocio.
No se resignaron. Tomás conoció unas manillas elaboradas en caña flecha e invirtió los 500.000 pesos que les quedaban y probó nuevamente suerte en el Viejo Continente. El éxito fue abrumador y allí nació Salvarte. Como repiten una y otra vez: "un producto bueno se vende solo".
Salvarte hoy tiene locales alquilados en los centros comerciales El Retiro, Atlantis y la Gran Estación, que son manejados por ellos. Los locales del Puente Aéreo y el aeropuerto El Dorado, que han sido objeto de suspicacia, son sólo franquicias.
El negocio de Salvarte, sin embargo, no es ajeno a la controversia. Es inevitable que haya quienes atribuyan su posicionamiento en el mercado a su condición de ser hijos del Presidente. Empresas como Comcel y gremios como la Andi han sido sus clientes. Sin duda, arrancan con una ventaja: ¿quién no le pasa al teléfono a un hijo de Uribe? Pero eso no garantizaría que una empresa les compre su producto, y menos su continuidad. Comcel, por ejemplo -comenta Jerónimo- hace dos años "que no nos compra nada", a pesar de las varias propuestas que han presentado. También recuerdan su fracasado intento de ingresar en el competido mercado de la moda con una ropa marca Salvarte. Aún les quedan prendas por saldar. Jerónimo maneja este negocio de artesanías.
La firma Ecoeficiencia, cuyo gerente general es Tomás Uribe, es menos conocida, pero es una apuesta de mayor envergadura. Es una empresa que provee servicios ambientales -reciclaje, tratamiento de aguas, mediciones de ruido-. Nació hace pocos años en sociedad con un viejo amigo del colegio, y hoy tiene 220 empleados. Su clientela incluye Bavaria, Quala y Postobón, entre otras grandes compañías industriales. Bajo la dirección del mayor de los Uribe Moreno, quien cumple a la letra el lema de su padre de "trabajar, trabajar y trabajar", han incrementado significativamente sus ventas. "No tenemos un solo contrato con el Estado", dice enfático, y explica la presencia de personal del Ejército custodiando las instalaciones a las obvias medidas de seguridad que debe mantener.
Entre artesanías y reciclaje, los hermanos Uribe sacan tiempo para estar atentos a las actividades de la finca de su padre, en Córdoba. Tomás es el encargado del cuidado y el mantenimiento del ganado del Presidente, mientras Jerónimo supervisa los caballos. Mientras la inmobiliaria de su tío materno es la que menos tiempo les demanda, por ser muy baja su participación.
A pesar del ostentoso -y necesario- despliegue de seguridad que los cuida día y noche, hacen hincapié en su vida austera. Tomás, quien está recién casado con la ex reina Isabel Sofía Cabrales, vive en un apartamento alquilado de 115 metros cuadrados. Y Jerónimo, a pesar del buen desempeño de Salvarte, sólo en enero de este año empezó a devengar salario. Como buenos empresarios de tradición antioqueña, reinvierten todas las utilidades de sus empresas.
Dadas sus muestras de seriedad en los negocios, sorprende que se hayan visto afectados por dos episodios polémicos. En el primero, por ser demasiado confianzudo con un amigo de la universidad, Jerónimo aceptó firmar un pagaré a un desconocido. Esa persona, sin que lo supiera el hijo menor del Presidente, era uno de los desfalcadores de Cajanal. En el segundo caso, tanto Jerónimo como su hermano terminaron relacionados con uno de los implicados en el monumental escándalo de DMG.
Hoy, ambos reconocen sus errores de juicio, que atribuyen a su falta de malicia. El caso de Cajanal es quizás el más embarazoso. Según explica Jerónimo, un compañero de universidad de Tomás le presentó a mediados de 2005 al abogado Jeiner Guilombo. Este señor, dice el menor de los Uribe, prometió prestarle a su amigo 100 millones de pesos para realizar unos eventos en Neiva. Jerónimo accedió a ser testigo en un pagaré por 50 millones y responsable directo por otros 50. Sólo se acordó del asunto hace dos años, cuando una abogada le cobró la deuda. Esta fue pagada en septiembre de 2007, según Jerónimo, con recursos que su amigo, quien vive en Australia, le consignó. Jerónimo, quien al momento de la firma tenía 22 años, dice que fue una primiparada y que aprendió su lección. De todos modos, es inaudito que un hijo de Presidente, quien es consciente de su "responsabilidad pública", sea tan ingenuo.
Otro episodio incómodo fue la amistad de los dos Uribe con Daniel Ángel, uno de los socios de David Murcia Guzmán. Tomás conoció a Ángel en Australia en 2002 y se hicieron muy buenos amigos. A mediados de 2006, Ángel le propuso a Jerónimo hacer unos documentales sobre Salvarte en todo el país para un nuevo canal llamado Body Channel. Jerónimo accedió y no le puso mayor misterio hasta febrero de 2007, cuando salió un artículo en la revista Cambio que planteaba unas dudas sobre el origen de la financiación del canal. En ese momento, el hijo del Presidente llamó al general Óscar Naranjo para pedirle consejo. Naranjo fue tajante: era mejor apartarse.
Aunque Jerónimo nunca más participó en el canal, tanto él como Tomás siguieron compartiendo con Ángel e incluso asistieron a su matrimonio. Para algunos, la advertencia de Naranjo debería haber sido suficiente para acabar de manera abrupta esa relación. Pero en el mundo real, las cosas nunca son blancas y negras. Ángel era un amigo que apreciaban mucho y a pesar de que dudaran de sus negocios, sólo ahora se están confirmando las actividades delincuenciales. Los Uribe no fueron los únicos sorprendidos; decenas de compañeros de colegio y universidad todavía hablan asombrados de Ángel y su conexión con Murcia y el bajo mundo.
En cambio, es poco lo que pueden hacer Tomás y Jerónimo para poner fin a muchas de las leyendas que se arman alrededor de sus vidas. Porque ellos sufren de lo que se puede denominar el síndrome de los supuestos amigos de los hijos del Presidente. Aquellos que utilizan su precaria relación, un saludo en público o una foto casual, para pedir favores en su nombre. Y siempre habrá el incauto que les come cuento.
El otro dilema que enfrentan, paradójicamente, es el éxito de sus empresas. Ni Tomás ni Jerónimo le ven mayor beneficio a ser hijos del Presidente para sus intereses empresariales. Es muy difícil -e incluso para ellos aceptarlo- que sean reconocidos como empresarios exitosos e innovadores mientras su padre sea Presidente. Siempre habrá personas que atribuirán sus logros a su condición de hijos de Álvaro Uribe. Si ganan un negocio en franca lid, siempre será más fácil para los perdedores alegar favoritismo. Nunca serán juzgados por sus méritos y sus capacidades, sino por sus conexiones. Poco importa para sus críticos que Ecoeficiencia tenga todos los certificados de calidad ISO y que eso sí es una ventaja competitiva en un sector donde reina la informalidad.
Los Uribe cuentan que se abstuvieron de suscribir un crédito de bajos intereses de Bancoldex y que su padre les recomendó optar por una tasa más alta de la banca privada para evitar suspicacias. Tampoco accedieron a los 5.000 dólares de Proexport que tenían derecho por las actividades de Salvarte.
Es también cierto que esa lupa que los persigue los obliga a ser muy cuidadosos en sus cuentas, sus declaraciones de renta y en el trato con sus empleados. Saben que cualquier error puede impactar la imagen de su padre.
A veces, incluso, su sola participación en algún proyecto privado puede afectar una obra pública, como ocurrió con la vía El Codito-Sopó. El Presidente decidió no autorizar una carretera que pedían los habitantes de esa región de la Sabana porque la sociedad familiar donde son accionistas minoritarios tiene una propiedad en ese sector. El ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, le confirmó a SEMANA esa decisión, que terminó afectando a una comunidad y se hizo para evitar un aparente conflicto de intereses.
Es irónico: los hijos del Presidente se quejan más cuando hablan de cómo les afecta su relación con el gobierno. Subestiman, eso sí, la ventaja inherente que les genera precisamente el apellido Uribe. No todo cristiano puede, por ejemplo, llamar al general Naranjo y pedirle consejos.
Menos evidentes son los favores que les hacen Raimundo y todo el mundo -el presidente de una empresa, el gerente de un banco, el alcalde de un pueblo- por ser Tomás y Jerónimo Uribe. Son las prebendas intangibles del poder. Lo que hace que el administrador de un centro comercial como Atlantis se alegre por tener un Salvarte. O la razón por la cual, como ellos dicen, "nos sale mucho socio".
Para muchas personas, los hijos son la manera más eficaz de llegarle al corazón grande del Presidente. Y es un riesgo tan evidente, que no puede aceptar ninguna suerte de ligereza por parte de ellos.
Si Uribe finalmente termina su período el 7 de agosto de 2010 y no opta por lanzarse a una segunda reelección, tal vez los más contentos serán Tomás y Jerónimo. A veces sienten que están en un juego en el que "con cara gana usted y con sello pierdo yo". Jerónimo es aún más lapidario cuando escucha las críticas sobre su decisión de ser empresario: "Entonces, ¿a qué se deben dedicar los hijos del Presidente?".
De todo lo anterior, lo primero que se deduce es que ser hijo de gobernante es más difícil de lo que la gente piensa. Y más si se tiene en cuenta que el padre dura ocho años en la Casa de Nariño que coinciden con una década importante en el impulso y la productividad de sus hijos.
Los hermanos Uribe tienen muchos rasgos parecidos a su padre. Son trabajadores, disciplinados, frenteros y talentosos. Conscientes de su situación de privilegio, han evitado tener negocios que dependan del Estado. Sin embargo, sería ingenuo pretender que ser delfines ha sido una desventaja en lo que respecta al sector privado. El prestigio del Presidente y la simpatía personal de los hijos indudablemente abren muchas puertas. La mayoría de los jóvenes de esa edad tiene que golpear más veces. Igualmente se enfrentarán a un público escéptico que siempre creerá que su éxito depende más de las conexiones que de su talento.
Como hijos de presidente cargan la maldición de que, en sus éxitos, la gente los juzga no por lo que son, sino por lo que representan. Y esto sin duda tiene algo de injusto. Pero injusto o no, es innegable que se han convertido, antes de llegar a los 30 años, en unos de los jóvenes empresarios más exitosos del país.
Lo que sí es seguro es que el apellido Uribe, no sólo en política sino en el sector privado, va a sonar en Colombia durante muchos años.
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