Sin abogado defensor de las víctimas, arrancó el juicio contra el ‘Alacrán’, por la masacre de Trujillo

Sin abogado defensor de las víctimas, arrancó el juicio contra el ‘Alacrán’, por la masacre de Trujillo
Arranca el proceso judicial contra Henry Loaiza, en el que se busca saber la verdad sobre los autores materiales e intelectuales de los cerca de 300 crímenes ocurridos en este municipio del Valle a comienzos de la década de los 90.
Por Luis Ángel Murcia, corresponsal de Semana en Cali
Paradójicamente, el único sonriente en la sala de audiencias número tres del palacio de justicia de Buga, era el acusado Henry Loaiza Ceballos. Su alegría y espontaneidad contrastaba con el duelo desesperanzador que cubría los rostros de la docena de familiares de las víctimas que acudieron a la sesión preparatoria del juicio más esperado en los últimos años en la región. “No esperamos milagros, pero sí una luz que nos permita conocer la verdad y a esa esperanza nos aferramos”, explicó a Semana.com Luz Mila Ospina, esposa de Fabio Berrío, asesinado en 1989; ella viajó desde Medellín hasta Buga, para presenciar el juicio.

El ‘Alacrán’, como se le conoce a este presunto narcotraficante del cartel del norte del Valle y que cumple 13 años en prisión, siempre se mostró simpático, saludó, abrazó y le susurró al oído a varios de los asistentes a la audiencia, e incluso dedicó algunos minutos para hablar con la prensa. Durante las cuatro horas de alegatos nunca se le vio preocupado y sólo interrumpió la sesión para pedir que lo dejaran cambiar de silla, ya que padece una dolencia en la columna. El próximo 4 de febrero cumple 60 años de edad.

Como una señal de lo tortuoso que será el camino jurídico del caso, el mismo arrancó sin la presencia procesal del abogado Eduardo Carreño Wilches, quien actúa en representación de las familias de las víctimas. Una solicitud de Fernando Artavia, abogado del señor Loaiza Ceballos, impidió que el defensor hiciera parte activa de la audiencia, ya que carecía del poder de las familias de uno de los tres muertos que se le endilgan a el ‘Alacrán’. La jueza acató la solicitud, pero dejó claro que una vez se aportara el poder, el abogado podrá ser parte procesal en el juicio. La nueva sesión será el jueves 31 de enero.

Ese primer revés sumado a la petición del abogado de Loaiza en el sentido de repetir las 245 pruebas testimoniales en contra de su protegido y en la que lo señalan como uno de los autores de la muerte de Otoniel Ospina Vélez, Ricardo Alberto Mejía Valencia y Jairo Antonio Ortiz Sánchez, ocurridas en 1990, en Trujillo y que sirvieron a la Fiscalía para formular pliego de cargos, dejan entrever la importancia de la parte civil en el juicio y la presión que ejercen sobre este caso organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, “Estamos aquí porque queremos hacerle seguimiento a uno de los hechos de violencia más dolorosos que vivió el país en la década pasada”, argumentó María Victoria Uribe, quien integra el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.

Precisamente ese interés de las ONG ha causado malestar en Loaiza y su abogado Artavia, a tal punto que manifiestan al unísono que este caso judicial se mueve con intereses políticos influenciados por ellas, “Es un proceso político donde yo soy el chivo expiatorio pero lucharé hasta el final y no dejaré que me achaquen esa masacre”, dijo a Semana.com el sindicado.

En efecto, en 1995 el Estado colombiano durante el gobierno del presidente Ernesto Samper aceptó su responsabilidad en al menos un centenar de crímenes, torturas y desapariciones forzadas ocurridas en el municipio de Trujillo y que al parecer fueron perpetradas por grupos paramilitares asociados con narcotraficantes de la región y con la colaboración de la fuerza pública. Aunque para dicha época el Gobierno destinó cerca de $30.000 millones para indemnizar a las familias de las víctimas, los recursos no llegaron en su totalidad a los beneficiarios y lo más importante, no hubo responsables por los hechos. Salvo la captura en 2007 del mayor del ejército Alirio Urueña, en la actualidad no existe condena alguna por la masacre, entre ellas el descuartizamiento del cuerpo del padre Tiberio Mafla, cuyos restos fueron arrojados al río Cauca.

Pese a que la Fiscalía involucró en el proceso al narcotraficante Diego Montoya, capturado en octubre del año pasado y sobre quien recae una medida de aseguramiento por al menos 35 de esos crímenes, se conoció que a comienzos de enero le adelantaron una diligencia de indagatoria donde se le preguntó por la masacre; sin embargo, el capo se negó a responder el interrogatorio.

Por esa razón, este juicio se convirtió en la única esperanza de cientos de familias que aun lloran a sus seres queridos y pese a la adversidad aun creen en la divina providencia y en la justicia colombiana.

Sin paz interior

Ni las secuelas de la vejez logran que Esmeralda Marín olvide cada segundo que duró la despedida de su esposo Orlando Cabrera Rodríguez, un humilde repartidor de leche que nació y creció en las entrañas de las montañas que bordean al municipio de Trujillo, en el norte del Valle del Cauca.

Ella aún recuerda con nitidez las escuálidas pero tiernas palabras con las que su marido acostumbraba alejarse en el pequeño campero cargado de tinajas repletas con leche recién ordeñada.

Justamente esa mañana del viernes 17 de noviembre de 1989, su hijo de 13 años de edad, sería el acompañante de la travesía de al menos diez veredas de los municipios de Trujillo y Bolívar, al norte del Valle del Cauca.

El recorrido culminó abruptamente en la primera estación del caserío denominado San Isidro, donde varios impactos de bala perforaron la pobre humanidad de don Orlando.

“Como buen campesino, paró ante el llamado de un hombre que le pidió un aventón, pero en fracción de segundos aparecieron otros tres sujetos vestidos de civil y armados. Le apuntaron a nuestro pequeño, pero Orlando alcanzó a protegerlo con su propio cuerpo”, recordó entre sollozos la anciana.

Para esa época, dicha región era el eje central donde se gestaba una guerra visceral caracterizada por desapariciones forzadas y crímenes mediáticos a cargo de paramilitares al servicio de narcos. Esa estela de muerte que duró al menos tres años, sumó cerca de 130 víctimas.

Por ello y desde ese mismo instante, doña Esmeralda supo que su destino y el de sus tres hijos sería el destierro, el mismo que hoy enfrenta con gallardía y ansiedad a la espera de una luz de justicia. Dos de sus primogénitos aun viven fuera de la región.

“Sabemos que nada nos devolverá a nuestros seres queridos, pero es mucho más triste tener que aceptar que los autores de esas muertes no pagarán sus pecados ante la justicia y que incluso algunas familias ni siquiera sabrán donde reposan los restos de sus familiares”, balbuceó doña Esmeralda.

Añadió, “A esta desgracia se suma que muy pocas familias de las víctimas de crímenes ordenados o ejecutados por sicarios al servicio de los ‘paras’ recibirán ayudas para subsanar el daño ocasionado. No habrá ninguna reparación y mucho menos se conocerá la verdad, porque esos asesinos no están obligados a confesar”.

Dijo estar convencida del grado de impunidad de la Ley, tras afirmar que “El Estado lo que quiere es amparar a los asesinos”.

Similar apreciación hizo Hilda Liria Gómez Mejía, otra de las afectadas por la masacre de Trujillo; ella perdió a su abuelo Carlos Enrique Mejía de 74 años de edad y aun espera que le devuelvan el cuerpo sin vida de su hermano Jesús María Gómez, quien fue raptado con tan sólo 20 años.

Ambos casos ocurrieron entre septiembre de 1988 y enero de 1991. Catorce años después de vivir esa tragedia asegura que a veces piensa que es mejor no saber quiénes fueron los autores de esos crímenes.

“Para qué saber esa verdad y si en últimas no se hará justicia, porque en este país hace escuela la frase ‘yo asesino, me arrepiento y me perdonan’”, argumentó la mujer que a sus 37 años de edad es cabeza de hogar y coordina una de las cooperativas asociadas donde laboran familiares de las víctimas de la masacre.

Agrega, que el derecho a no confesar los crímenes es el peor lunar de la Ley y advierte que uno de los mayores fracasos es permitirles evadir penas severas



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