“Va mal proceso de Justicia y Paz”: Armando Benedetti
El congresista del Partido de la U propone cambios para que sea más ágil la reparación de las víctimas que, de seguir como van la cosas, tendrían que esperar 2.000 años para obtener los beneficios que les ofrece la ley.
Fecha: 04/16/2008 -
Hace un poco más de dos años, cuando entró en vigencia la Ley de Justicia y Paz con la que se buscaba que los paramilitares se desmovilizaran, se celebró que este proceso incluiría a las víctimas por primera vez en la historia del país.

Aunque ya se han conocido algunas verdades, los paramilitares han entregado un tanto de sus bienes, y algunas víctimas han podido darle una sepultura digna a sus familiares que staban en fosas comunes, el proceso no va por buen camino.

El senador Armando Benedetti presentó en un debate este martes cifras con las que muestra que si las cosas siguen como se han desarrollado hasta hoy, las víctimas deberán esperar 2.000 años para obtener verdad, justicia y reparación. Para el Senador los crímenes cometidos por los paramilitares pueden quedar en la impunidad y si es que llega a haber reparación para las víctimas, sería irrisoria porque el comportamiento de las instituciones del Estado es, para él, “inoperante y negligente”.


La desmovilización y reparación de las víctimas es un tema complejo, que incluye a muchos organismos estatales. En su presentación, Benedetti sacó a relucir las fallas que durante este proceso han cometido los paramilitares, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Fiscalía y la misma Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr).

Para empezar, los paramilitares que se acogieron al proceso no han entregado ni la mitad de los bienes obtenidos como resultado de sus actividades ilegales. “No sabemos qué ha pasado con los bienes de los paramilitares que debían ser entregados como requisito para su desmovilización. De 3.257 postulados para justicia y paz tan sólo 12 han entregado bienes. Entre ellos se cuentan 652 prensas en regular estado, 70 pares de zapatos en regular estado, 4.518 vacas, 19 caballos, 12 predios rurales, 4 lotes urbanos, 2 inmuebles urbanos, 5 vehículos, 859 millones de pesos en efectivo y un televisor de 29 pulgadas en mal estado. Si se tuviera que reparar a las 125.368 víctimas registradas en justicia y paz, con lo que sus victimarios le han entregado al Estado, a cada una le corresponderían apenas 7 mil pesos”, explicó el senador.

Además, de esas más de 125 mil víctimas que están registradas en Justicia y Paz, sólo 8.634 han participado de las versiones libres, que es como la entrada al proceso para poder recibir los beneficios a los que tienen derecho según la Ley.

Y esos pocos que han logrado entrar a las audiencias de sus victimarios, han escuchado sobre todo confesiones sobre homicidios simples o lesiones personales, pero poco de homicidios agravados y torturas, que es lo que más inquieta a las víctimas. Tampoco se ha hablado mucho de los casos de violencia sexual. Hay 91 denuncias y sólo dos confesiones.

Pero la culpa del posible “fracaso” que vaticina el Senador no es sólo de los paramilitares por no querer entregar sus bienes.

Según explicó Benedetti, la Ley 975 de 2005 le ordena a la Defensoría del Pueblo brindar asistencia legal a las víctimas. Pero en dos años y medio que van del proceso, la víctimas no han recibido tal acompañamiento, ni acceso a facilidades para denunciar, ni mucho menos seguridad. Sólo 9 de cada 100 víctimas tienen abogado. Además, “están siendo asesinadas por denunciar delitos cometidos en su contra. Hasta hoy, han muerto 15 y hay amenazadas otras 92. De 204 solicitudes de protección se acogieron 70, que son atendidas por cuatro funcionarios”, dijo el Senador.

De acuerdo con el reporte presentado este martes, es grave la deficiencia de funcionarios asignados a la atención de las víctimas. Sólo hay 68 defensores públicos y cada uno tiene que atender a 815 víctimas. Fuera de eso, la mayoría de ellos trabaja en Bogotá, cuando hay más procesos en Medellín y Barranquilla.

Para Benedetti, si se miran la Fiscalía y la Procuraduría, el panorama no es nada alentador. La Fiscalía asignó 23 fiscales que deben atender 3.001 proceso por despacho en dos salas. Y la Procuraduría sólo tiene 12 funcionarios designados para atender los asuntos judiciales.

Ni siquiera la Cnrr se salvó de las observaciones del Senador. De ésta dijo que “ha actuado como un espectador más. Ha sido inoperante. Sus miembros están dedicados a otras actividades diferentes a las de garantizar los derechos de las víctimas, la participación en los procedimientos de esclarecimiento judicial, el seguimiento y la formulación de las recomendaciones sobre el cumplimiento de la Ley”.

Después de hacer sus observaciones con cifras en mano, Benedetti hizo varias propuestas. La primera, es que la Defensoría del Pueblo brinde asistencia legal integral a las víctimas. La segunda, quitarles el calificativo de delitos comunes a algunos que son realmente actos de guerra. La tercera, que las mujeres no estén obligadas a entregar pruebas de los delitos sexuales de las que fueron víctimas. Y la cuarta, que el Estado se comprometa a reparar a las víctimas, así el Fondo de Reparación no cuente con recursos.