Nación Estas son las maromas con que los organizadores del referendo buscan justificar la violación de los topes electorales, la misma que los tiene en la mira de las autoridades.
Ya está claro que los promotores del referendo para la reelección se rajaron en gramática. La manera como redactaron la pregunta a la cual la gente debe responder 'Sí' o 'No' tiene en entredicho la reelección de Álvaro Uribe para 2010. También se ha destapado que esos mismos promotores también tienen serias fallas de contabilidad.
La semana pasada, el Consejo Nacional Electoral tomó una decisión que podría calificarse de valiente en el actual contexto político del país y abrió investigación a los promotores por la posible violación de los topes individuales previstos por la ley para la financiación del referendo.
Más allá de los topes, al ponerles la lupa a cientos de documentos recogidos en el expediente, se puede trazar un mapa de todas las acrobacias que han tenido que desplegar para tratar de hacer aparecer como legales las cuantiosas contribuciones recibidas.
El 17 de julio del año pasado Luis Guillermo Giraldo concretó la fórmula para financiar la costosa recolección de firmas. Se había puesto como meta recoger cinco millones de ellas para que no quedara duda de que los colombianos querían convocar un referendo para reelegir a Uribe. Eso le costaba 2.000 millones de pesos. Para ajustarse a los topes que impone la ley tenía dos alternativas. La primera, que cerca de 700 personas se metieran la mano al bolsillo y le dieran tres millones de pesos cada una. Y la segunda, buscarle una presentación acorde con la ley al dinero que ya habían aportado un puñado de amigos contratistas, comerciantes e industriales en donaciones de 20 millones a 150 millones de pesos.
La decisión fue presentarlo como un préstamo. Para eso aprovechó que el equipo que le estaba haciendo fuerza al referendo que hasta ese momento era uno solo, en el papel podía verse como dos distintos: por una parte la Asociación Colombia Primero y por otra el Comité de Promotores para la Reelección. Ambos eran presididos por Giraldo y tenían casi los mismos miembros. Ese día Giraldo autorizó un préstamo que para todo efecto práctico era, como se dice coloquialmente, de 'yo con yo'. Como presidente de la Asociación convocó a su junta directiva y le solicitó "autorización para dar un préstamo al Comité, a fin de formalizar las gestiones que se han venido adelantando". Así consta en las actas de la Asociación.
Ese mismo día, ésta firmó un 'contrato de préstamo' con el Comité de Promotores con unas gabelas muy especiales: no tenía un monto definido, el dinero ni siquiera tenía que pasar por manos del Comité porque la Asociación podría pagar directamente sus cuentas, el Comité no tendría que cancelar ningún tipo de interés y podría pagar el préstamo hasta un año después de que la Asociación se lo cobrara.
Hay dos detalles que han despertado inquietud sobre lo que verdaderamente se estaba haciendo. Por un lado, quien firma el préstamo por parte de la Asociación no es Giraldo como su presidente o representante legal que era en ese momento, sino Doris Ángel, como representante legal suplente. Giraldo habría podido firmarlo, pero el contrato quedaba con la firma de él estampada en dos partes: como quien da el dinero y como quien lo recibe. El otro aspecto, y quizás el más importante, es que la Asociación para ese momento, es decir, antes de que se concediera el préstamo, ya había desembolsado 1.180 millones de pesos de la campaña de recolección de firmas, según consta en su contabilidad. ¿Cómo van a justificar que el gasto de estos 1.180 millones de pesos se ajusta a los topes electorales sin préstamo de por medio? ¿Cómo se soporta ese desembolso sin que la junta de la Asociación lo hubiera autorizado? ¿En realidad era la Asociación la encargada de recoger la mayor parte del dinero para el referendo y la idea de la triangulación llegó tarde?
En la práctica, a la campaña del referendo sólo entraron 68 millones de pesos en efectivo y cheques, y 38 pagarés a su favor por 74 millones de pesos (que luego se endosaron a la Asociación y nadie ha hecho efectivos). Los otros cerca de 2.000 millones que se gastaron, se canalizaron a través de la Asociación.
El 11 de agosto, los promotores de la reelección con Luis Guillermo Giraldo a la cabeza, entregaron poco más de cinco millones de firmas en la Registraduría. El 2 de septiembre era el plazo máximo de rendición de cuentas. Ese día aplicaron la estrategia y presentaron una cuenta de cobro de la Asociación al Comité por un préstamo de 1.903 millones de pesos y un pagaré de Giraldo como vocero del Comité por ese mismo valor. Pero las autoridades electorales no cayeron en la maraña contable, construida para desviar la atención de los recursos realmente recibidos.
En la sorprendente contabilidad del referendo también aparece otro detalle que deja abiertos interrogantes. Se trata de un "evento artístico cultural en apoyo de la reelección presidencial", realizado el 28 de julio en el Hotel Dann de Bogotá. Los 500 invitados pagaban un bono de medio millón de pesos y a cambio les entregarían un cuadro del maestro Pío Uribe. También se rifaría otra obra del mismo artista avaluada en 15 millones de pesos. Es decir, se trataba de un aporte en especie equivalente a 265 millones de pesos, que no aparece en la contabilidad. Además, ese día sólo aparecen ingresos por cerca de 19 millones de pesos ¿Qué sucedió con el resto? ¿Acaso la asistencia fue baja? Más llamativo aún, en la contabilidad figura que al maestro le dieron 20 millones, es decir a razón de 40.000 pesos por cuadro.
Más allá de los malabares del préstamo, en cuanto a las donaciones hechas a la Asociación también hay reparos. Si se acepta que esas donaciones eran aportes que hacían particulares a una organización sin ánimo de lucro, lo mínimo que debían cumplir era un requisito en notaría que se conoce como escritura pública de insinuación notarial. Cuando las autoridades revisaron este punto encontraron que de las decenas de donaciones sólo una, la de RCN, se hizo antes de la entrega del dinero, el resto fueron posteriores, incluso algunas con ocho meses de retraso, cuando las autoridades indagaron sobre el tema.
Las dudas sobre este punto, que algunos pueden considerar menor, podría enredarles la vida a los aportantes si se llega a comprobar que se orquestó un tinglado para evadir el control de las autoridades. No sólo habrían violado los topes, sino que podrían iniciarse procesos contra ellos, al igual que contra los miembros del Comité de Promotores del referendo, por fraude procesal.
El otro hecho que sorprende en la documentación que han entregado los promotores del referendo para explicar sus actuaciones tiene que ver con los certificados que la Asociación Colombia Primero les ha dado a sus aportantes para efectos tributarios. En ellas (ver facsímil) dicen que el objeto de Colombia Primero es, entre otras "fomentar la solidaridad a favor de los discapacitados como consecuencia de la violencia y el conflicto armado en Colombia" y "prestar ayuda económica y sicológica a los afectados y a las viudas y huérfanos que ha dejado el conflicto". SEMANA buscó en la Cámara de Comercio los registros de esta Asociación y encontró que el principal objeto es ciertamente distinto al mencionado. Dice: "El fomento de todo tipo de actividades cívicas, culturales, ideológicas, sociales, investigativas, de iniciativas populares, de participación ciudadana y comunitaria, que se dirijan hacia la promoción de la democracia". ¿Qué buscaban los organizadores del referendo con este tipo de certificaciones? ¿Sería esta la forma de sustentar que los aportes que la Asociación recibió no eran para la recolección de firmas sino para las víctimas de la violencia?.
El manejo financiero de la campaña de recolección de firmas para el referendo no brilló propiamente por su trasparencia. El hecho de que la ley imponga unos topes para los aportes individuales no es un mero capricho del legislador, tiene una razón de ser fundamental y es que la convocatoria de un referendo -y más si se trata de uno como este que transforma la historia de las costumbres políticas en el país- tiene que surgir de un auténtico clamor del pueblo y no como resultado de una campaña montada por ciertos poderes económicos.
Con el buen desempeño del presidente Álvaro Uribe en las encuestas, es muy probable que se podrían recoger los millones de firmas necesarios para el referendo, sin tener que acudir a estos abultados aportes. Pero lo que no se puede admitir es que una iniciativa que propende por la democracia burle las normas mínimas del derecho.
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