Paras: “En Valle hay 300 fosas comunes con restos de 800 ejecutados”

Paras: “En Valle hay 300 fosas comunes con restos de 800 ejecutados”

A través de una carta, los paramilitares que actuaron en este departamento del sur occidente del país y que hoy buscan acogerse a la Ley de Justicia y Paz ofrecen contar dónde están enterradas sus víctimas.

Por Fabio PosadaFecha: 05/24/2007 -

Sin que aún el país se reponga del alboroto que causó la primera parte de la confesión de Salvatore Mancuso, ni del estupor por el hallazgo de más de 200 cadáveres en Putumayo, la estela de muerte que las AUC están revelando llegó al Valle del Cauca.

Según José Antonio Arboleda, comandante del Frente Pacífico adscrito al Bloque Calima, quien actúa como vocero de 116 paramilitares presos en la cárcel de máxima seguridad de Palmira, en este departamento habría al menos 300 fosas comunes donde estarían los restos de unas 800 víctimas.

La mayor parte de los ejecutados por el aparato de guerra de los paramilitares estarían enterrados en zonas rurales de los municipios de Buenaventura, Tuluá, Buga, Trujillo, La Cumbre y Dagua. La promesa de revelar la ubicación de 800 cadáveres hace parte de una oferta que por escrito hacen los paramilitares del Bloque Calima, que se encuentran presos en la cárcel de máxima seguridad de Palmira, para acogerse a la Ley de Justicia y Paz. De acuerdo con los ex miembros de las AUC, para hacer entrega de los mapas de ubicación de las fosas esperan recibir los beneficios.

“Lo que queremos no sólo es cumplir con las exigencias de la norma, sino ayudarles a esas familias que han sufrido la pérdida de sus seres queridos en el marco de este conflicto, para que sepan dónde están sus víctimas”, dijo Arboleda. Entre las fosas se encontrarían los restos del hermano de un ex senador y un ex representante a la Cámara, “que sus familias creen que están secuestrados, pero en realidad fueron ejecutados”, aseguró el vocero de las AUC.

La información fue divulgada por el diario El País y confirmada a SEMANA.COM por Andrés Santamaría, defensor regional del Pueblo, quien reconoce que su oficina ha tendido puentes entre las Fiscalía y los paramilitares presos. “Ellos no fueron incluidos en Justicia y Paz, pues ya estaban presos cuando entró en vigencia la ley y se dieron las desmovilizaciones, nosotros recomendamos que se estudie su caso por el alto número de desapariciones que con su información podemos aclarar”, precisó Santamaría.

Entre los sitios que fueron identificados por los paramilitares como campos de ejecución figuran sectores como La Inmaculada, Gamboa y R9 (en Buenaventura); la zona de Montañitas (entre Yumbo y La Cumbre), y Barragán y La Marina (en Tuluá), entre otros. “Existe una especie de cementerio paramilitar en la parte alta de Trujillo, en el sitio conocido como La Sonora, donde hombres y mujeres fueron enterrados”, precisó Arboleda. Como ha ocurrido en otras partes del país, las personas que se encuentran entre las fosas fueron asesinadas con tiros de gracia o desmembradas.

El Bloque Calima llegó al Valle en 1999 y extendió su violencia por buena parte del territorio, disputando las zonas que estaban en poder de las Farc. Parte de esa misión en el municipio de Buenaventura fue la que cumplió José Antonio Arboleda, quien llegó al Frente Pacífico del Bloque Calima con la misión de propiciarle bajas al Frente 30 de las Farc. “Yo era puntero de una escuadra que fue encargada de golpear a los hombres y auxiliadores de alias ‘Mincho’. Esos golpes los dimos en zona rural y en la zona urbana del puerto. Fueron muchas las bajas”, recuerda Arboleda.

De acuerdo con los paramilitares, las fosas que piensan entregar son sólo una parte de toda la información que poseen. “Nosotros aún tenemos personal afuera que nos entrega información y podemos ayudar a la liberación de varias personas que están en poder de las Farc”, manifiestan en su oferta. Han dicho además que están dispuestos a entregar la ubicación de varias válvulas ilegales con las que ordeñaban el poliducto de occidente para financiarse y que, ahora, estarían explotando otros delincuentes.

Los paramilitares advirtieron que las cifras sobre fosas comunes se podrían elevar cuando les permitan cotejar la información con los compañeros recluidos en las cárceles de Tuluá, Buga y Popayán. “Nosotros ahora no podemos revelar ninguna información porque en esta cárcel estamos revueltos con gente de las Farc, con dolientes de esas víctimas y eso podría desatar una guerra en el penal”, puntualizó Arboleda.

Hay que recordar que según la Ley de Justicia y Paz, los paramilitares desmovilizados, al igual que aquellos que permanecen presos, pueden ser cobijados por sus beneficios. Por eso José Antonio Arboleda ya fue incluido en un listado de verificación del Ministerio del Interior. El oficio precisa que el procedimiento a seguir “es revisar que la providencia judicial determine la pertenencia” de Arboleda al Frente Pacífico del Bloque Calima, para notificarle ese dato a la Fiscalía, ante la cual el paramilitar debe confesarse.

Para desenterrar su verdad, el Valle del Cauca tiene que esperar a que se termine de implementar el aparato operativo de Justicia y Paz, cuya demora nadie explica. Luego de que se aclare la situación jurídica de los paramilitares presos se les podrá recibir su confesión, por lo que la versión libre de Arboleda tardaría unos meses. Él y otros 115 reclusos de la penitenciaría de Palmira -entre ellos 72 condenados por la masacre del Naya- no fueron acreditados como paramilitares por Evert Veloza, alias ‘HH’, ex comandante del Bloque Calima, quien perdió los beneficios de la Ley de Justicia y Paz tras fugarse y ser capturado.