Mancuso salpica más congresistas y dice que el país debe conocer el alcance de sus acuerdos con el gobierno

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Mancuso salpica más congresistas y dice que el país debe conocer el alcance de sus acuerdos con el gobierno

En el juicio contra Erick Morris dijo que Eleonora Pineda y Miguel de la Espriella eran los dos únicos legisladores que pertenecían a las autodefensas y que el resto fueron “socios estratégicos”. También acusó a Pastrana de usar a las AUC para contener a las Farc.
El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso no para de revelar sorprendentes detalles acerca de la connivencia entre políticos y autodefensas en el país. Este lunes, en el juicio contra el ex congresista Erick Morris, al cual asistió en calidad de testigo, volvió a precisar nuevos nombres de congresistas implicados y hasta indicó que el país debe conocer el alcance de los acuerdos suscritos por las AUC y el gobierno, que según él “no son vergonzantes”.

Desde antes de la llegada del presidente Álvaro Uribe a la Casa de Nariño, es mucho lo que se ha especulado sobre los pactos entre el ejecutivo y la organización armada. El gobierno ha negado muchas veces que existan pactos por debajo de la mesa, pero algunas conversaciones entre el comisionado de paz y los jefes de las AUC, filtradas a la prensa a comienzos de la creación de la zona de despeje de Ralito, terminaron alimentando las denuncias de la oposición.

Además, cada vez que había una crisis en el proceso de desmovilización, los paramilitares salían a decir que el gobierno estaba incumpliendo los acuerdos al amenazarlos con la extradición.
También atacó al ex presidente Andrés Pastrana, de quien dijo que “se aprovechó” de las autodefensas para combatir a la guerrilla en el norte del país, mientras negociaba con ella en el sur.

El tema del crecimiento de los paramilitares durante la administración de Pastrana ha sido objeto de constantes discusiones con el gobierno de Álvaro Uribe. Mancuso, como Uribe, sostiene que si los paramilitares crecieron tanto entre 1998 y 2002 fue porque el ex jefe de Estado no hizo lo suficiente para controlarlas. De hecho, muchas de las masacres más graves perpetradas por dichos grupos armados ocurrieron en ese rango de tiempo y también es cierto que el Fiscal de la época, Luis Camilo Osorio, es hoy cuestionado por no haber actuado a tiempo para frenar la parapolítica. El caso de las masacres en Sucre, que estuvo engavetado durante mucho tiempo en su despacho, es uno de los que más comúnmente le mencionan los dirigentes de oposición.

Pero la alusión sobre Pastrana fue más bien corta. Mancuso dedicó su exposición a reseñar nombres de legisladores y establecer el grado de relación con las autodefensas. Dejó claro que aunque fueron muchos los que le pidieron ayuda solo dos de ellos pertenecían al grupo armado: Eleonora Pineda y Miguel De la Espriella. Los demás fueron “alianzas estratégicas”, indicó.

Entre los otros legisladores a los que mencionó se encuentran Juan Manuel López Cabrales, Musa Bessaile y Libardo López Cabrales, todos liberales, quienes –al decir del jefe paramilitar- le propusieron acuerdos y pactos políticos. De hecho señaló que el acuerdo burocrático establecido con Juan Manuel López Cabrales fue violado por el político y que esta fue la razón por la cual se presentó uno de los momentos críticos en el proceso de paz con el gobierno.

López Cabrales y De la Espriella sostuvieron, a finales de 2005, una agria disputa verbal frente al presidente Álvaro Uribe. Se dijeron mutuamente que eran socios de los paramilitares y se acusaron de entregarle parte de la burocracia local a Mancuso. Pese a la gravedad de los señalamientos, Uribe permaneció en silencio y solo puso el hecho en manos de la justicia cuando el altercado se filtró a los medios de comunicación, semanas después de ocurrido.

También mencionó que en alguna oportunidad amenazó con secuestrar a López Cabrales y que éste se quejó ante el comisionado de paz, quien le contó lo sucedido a Uribe.

Durante la audiencia contra Morris, Mancuso volvió a mencionar a Zulema Jattin y Julio Manzur, ex presidente del Partido Conservador, entre los políticos que le pidieron ayuda. Y agregó un nombre más al listado: Reginaldo Montes. Este senador uribista por Cambio Radical es uno de los firmantes del pacto de Ralito y está preso en la cárcel de La Picota, en Bogotá.