Estocada a la para-política
Mientras en la Corte Constitucional se abrió un boquete para que vía tutela los congresistas investigados le hagan el quite al castigo judicial, en el Senado la reforma está a punto de morir y no habría sanción política para ellos.
Fecha: 05/31/2008 -1361
Uno de los escándalos más sonados de los últimos tiempos en el país, el de la para-política, recibió esta semana dos certeros golpes que lo dejan -al menos momentáneamente- tendido en la lona.

En una curiosa coincidencia, dos instituciones emblemáticas del Estado les lanzaron sendos salvavidas a los congresistas que comenzaron a ser detenidos desde hace un año y medio por hacer pactos con paramilitares, o incluso en algunos casos ser coautores de asesinatos, para conseguir sus votos.

De un lado, en el Congreso de la República, con lo ocurrido la semana pasada, todo indica que la reforma política tiene sus días contados. Es decir, no será aprobada la famosa "silla vacía" que les quitaría la curul a los congresistas con medida de aseguramiento por la para-política, y así aplicaría una sanción a los partidos que dejaron filtrar en sus filas a políticos de fachada de los grupos ilegales.

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Y de otro lado, la Corte Constitucional dio a conocer un fallo en el que ordena modificar el mecanismo con el que la Corte Suprema investiga y juzga a los congresistas. Con ese argumento, por vía de tutelas, los congresistas implicados en la para-política podrían incluso lograr que sus procesos se caigan. Sobre todo los ya condenados, Eric Morris y Mauricio Pimiento, y otros a los cuales una misma instancia de la Corte Suprema los investigó y los está juzgando, como Luis Eduardo Vives, Juan Manuel López, William Montes y Karelly Lara.

Los dos golpes que en una misma semana les lanzan salvavidas a los para-políticos parecen una verdadera carambola. Y mucho más luego de que el país se ha enfrascado en intensas polémicas sobre cómo encontrar la salida a la más grave crisis política de muchas décadas en Colombia.

El fallo de la Corte no tendría que despertar ninguna suspicacia, pues se ajusta a los estándares mundiales de justicia. Tirios y troyanos coinciden en que en ningún país del mundo civilizado existe esta figura de que el mismo investigador es el que juzga, como ocurre hoy con la Corte Suprema en el caso de los congresistas. Pero también llama la atención que sólo ahora, 17 años después de promulgada la Constitución, se caiga en cuenta de este 'pequeño detalle'.

En cuanto a lo ocurrido con la reforma política, es claro que la Casa de Nariño entró a terciar fuertemente y admitió, de cierta manera, que no está de acuerdo con ella porque minaría sus mayorías en el Congreso. El debate de esta semana promete estar como para alquilar balcón.

Así se cocinó el fallo

La sala plena de la Corte Constitucional empezó hacia las 4 de la tarde del pasado miércoles a debatir una demanda de un ciudadano que alegaba que los congresistas no estaban teniendo iguales garantías ante la ley, pues mientras cualquier ciudadano es investigado por la Fiscalía y juzgado por un juez, los parlamentarios sólo tienen un investigador y juez: la sala penal de la Corte Suprema.

La ponencia para tan delicado tema recayó en el magistrado Nilson Pinilla -presidente de la Corte Suprema en 2000- y en sala plena sostuvo, palabras más, palabras menos, que el juzgamiento de los congresistas no les violaba ningún derecho fundamental. Y ahí empezó la 'guerra'.

El primero en revirar fue el polémico Jaime Araújo Rentería. Araújo les dijo a sus compañeros de sala que el procedimiento utilizado por la Corte Suprema no se ajustaba a las normas modernas de un juicio justo.

Aunque ninguno de los siete magistrados (faltaban Manuel José Cepeda y Mauricio González) pronunciaba la palabra para-política, todos sabían que estaban decidiendo la suerte del proceso judicial más importante de que se tenga noticia en Colombia en los últimos años. A Araújo Rentería lo apoyaron sin vacilar los magistrados Clara Inés Vargas, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil y Marco Gerardo Monroy. El otro magistrado, Humberto Sierra Porto, era el que más lejano se mostraba a la postura de la mayoría.

Uno de los magistrados que estuvieron en aquella sala le dijo a SEMANA que la postura que sostuvo la Corte Constitucional durante varias horas enterraba el proceso de la para-política. Cinco de los siete magistrados querían producir una providencia retroactiva.

De pronto surgió una solución intermedia. El magistrado Marco Gerardo Monroy argumentó que darle carácter retroactivo a la sentencia sería hundir -aparte de los de la para-política- todos los procesos adelantados por la Corte Suprema en los últimos cinco años. Y por eso la mayoría de los magistrados (incluido Pinilla) acogió la idea de aplicar el fallo a partir de este 29 de mayo y previa expedición de una ley del Congreso; se debía separar en la Corte Suprema de Justicia a los investigadores de los juzgadores.

La reunión terminó casi a las 12 de la noche del miércoles. Y si bien no quedaron claros temas tan polémicos como quién juzgará en segunda instancia, la sentencia da por descontado que al ser la Corte Suprema investigadora y juzgadora, a muchos se les han vulnerado las garantías fundamentales.

Aunque expertos como el ex magistrado Eduardo Montealegre sostienen que la para-política está a salvo porque la sentencia no es retroactiva, un magistrado titular de la Corte Constitucional le dijo a SEMANA que vía tutela les aplicaría el principio de favorabilidad a muchos de los implicados en la para-política que fueron investigados, acusados, juzgados y condenados por la Corte Suprema.

De ser cierto, ¿será que se arrepentirán los 22 congresistas que renunciaron a su curul para ser investigados por la Fiscalía?

El jaleo en el Senado

La noticia del fallo de la Corte no se había conocido aún cuando, no muy lejos de allí, en el edificio del Congreso, en la mañana del jueves se definía el futuro de la reforma política que se propone aplicar medidas de choque en el Congreso para purgar la infección paramilitar que lo aqueja.

La sesión de la Comisión Primera (donde se lleva a cabo el séptimo de ocho debates) comenzó a las 10:40 de la mañana del jueves. Y estuvo marcada por hechos que algunos calificaron como bochornosos, como el protagonizado por el senador Juan Carlos Vélez, presidente de la Comisión, quien tenía que declararse impedido por ser el reemplazo de uno de los condenados en la para-política (Mauricio Pimiento), y se encargó, con su comportamiento, de dilatar la sesión.

Otro caso lo protagonizó el recién llegado Rodrigo Lara, quien quería declararse impedido, lo cual haría más difícil lograr el quórum para aprobar la reforma. Desde España, el jefe de su bancada y dueño de la curul que él ocupa, Germán Vargas Lleras, le mandó una carta en la que dijo estar dispuesto a renunciar al Senado para que Lara pudiera votar la reforma de manera afirmativa.

La sesión estuvo pues, marcada por la tensión y las jugadas estratégicas de los partidarios de tumbar la reforma (el uribismo) y los partidarios de aprobarla (los liberales, el Polo y Gina Parody). En criterio del ex senador Rafael Pardo: "Es una instrucción del gobierno que saboteen y que la reforma llegue a su muerte".

Esta semana debe continuar el debate, pero las matemáticas parecen no dar para que la reforma siga avanzando. De los 19 miembros de la Comisión, se necesitan 10 para que pase el sí. Pero, en funciones hay sólo 17, porque dos están detenidos sin reemplazo (Luis Fernando Velasco y Rubén Darío Quintero). De estos, ocho presentaron impedimentos y ya se aprobó el de Juan Carlos Vélez.

Si bien en este momento la pelea está en los impedimentos, lo cierto es que de los 16 que están todavía en juego, sólo seis senadores, y en el mejor de los casos ocho, votarían sí a la reforma con la silla vacía desde la medida de aseguramiento.

Los demás o van por el no o no han dejado ver sus cartas o están indecisos (los conservadores Carlina Rodríguez -que reemplaza a Ciro Ramírez-, Hernán Andrade y Roberto Gerlein, y Javier Cáceres, de Cambio Radical). Si este último grupo se llega a decidir, difícilmente lo haría por el sí, pues ya es evidente que la maquinaria de la Casa de Nariño se ha volcado a convencerlos de que hundan la reforma.

El Ministro del Interior ha dejado claro el interés del gobierno: "Tenemos la obligación de mantener la gobernabilidad y defender las mayorías".

La analista Claudia López rebate ese argumento y dice que matemáticamente, con los pocos más de 30 congresistas que perderían sus curules, el uribismo mantendría la mayoría. "¿En nombre de esa mezquindad se va a hundir una reforma que busca que no haya impunidad política? El problema para el gobierno es que los que dejarían la silla vacía son más fáciles de comprar a la hora de votar la reelección", explica.

Lo cierto es que de prosperar esos dos golpes, el de la Corte Constitucional y el de la reforma en el Congreso, es posible que muchos para-políticos se queden sin sanción jurídica ni política. ¿Ya se comenzó a escribir en Colombia el capítulo final de la para-política?


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