Ocho puntos incluye reforma a la justicia presentada por el Gobierno a presidentes de las Cortes

Foto: Ministerio del Interior

En la presentación de la reforma estuvieron (de izq. a der.) Hernando Torres, Fabio Valencia, Francisco Ricaurte, Enrique Gil, Édgar Sanabria, y Humberto Sierra.

Habría doble instancia para juzgar a congresistas y en pérdida de investidura. Ejecutivo quiere ser el que terne al Procurador, pero ofrece no hacerlo con magistrados.


El ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia, se reunió con los presidentes de las altas cortes y les mostró las cartas del Gobierno. En esencia, el Ejecutivo ofrece soltar algunas de sus atribuciones, pero también ganar algunas que prometen polémica.

En el tema de la doble instancia en la reforma, anticipado por EL TIEMPO hace dos semanas, le da oídos a un viejo reclamo de los congresistas: que supuestamente tienen menos garantías procesales que el resto de colombianos, porque no tienen una instancia superior a la que reclamar cuando son condenados.

Hoy, en los procesos penales y en los de pérdida de investidura hay una sola decisión; en la Sala Penal de la Corte Suprema y en el Consejo de Estado, respectivamente.

¿Qué propone el Gobierno? Que la primera instancia en los casos penales la haga el Tribunal Superior de Bogotá y que la segunda sea la Sala Penal de la Corte Suprema. Otra alternativa sería que la primera instancia la haga la Sala Penal y la apelación sea competencia de la Sala Plena, que tiene 23 magistrados.

En el caso de pérdidas de investidura, la propuesta es que un primer juzgamiento lo haga el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la apelación llegue a la Sala Plena del Consejo de Estado.

Otro cambio fundamental en las investigaciones contra funcionarios con fuero sería quitarle esa función a la criticada Comisión de Acusación y pasarla al Fiscal General. El Congreso seguiría con la facultad de acusar y juzgar.

Cortes elegirían a los suyos

Otro de los cambios que propuso el Gobierno es que el Procurador salga de una terna que quede exclusivamente en manos del Presidente de la República, como ya sucede con el Fiscal General.
Así mismo, plantea ampliar los períodos del que tanto este cargo, como el Fiscal y el Contralor aumenten los períodos.

En una especie de contrapartida, el Ejecutivo se declara partidario de que todas las elecciones de magistrados se hagan internamente en las Cortes (el mecanismo de cooptación). En teoría, el Gobierno soltaría una atribución clave: la de postular a tres de los magistrados de la Corte Constitucional.

Ótra 'zanahoria' que ofreció el Ministro es ampliar el período de los magistrados hasta doce años (están en 8) y que la edad de retiro forzoso pase de 65 a 70 años. Se planteó, además, que los magistrados lleguen al cargo con mínimo 45 años de edad y 20 o más años de experiencia. Hoy, los presidentes de las cortes Suprema y Constitucional promedian la cuarta década.

El Gobierno revive su vieja idea de reducir el Consejo Superior de la Judicatura.

La Sala Administrativa de esa corporación, que se encarga de manejar presupuestos y distribuir personal, estaría compuesta por los tres presidentes de las cortes y un magistrado más elegido por ellos. Esta sala elegiría un gerente de la Rama. La Judicatura se quedaría solo con la Sala Disciplinaria, que juzga a jueces, fiscales y abogados.

"¿Cuál es el propósito de la reforma? Autonomía e independencia", dijo el ministro Valencia después de la reunión.

Discusiones serán intensas

Desde ya se anticipa que el trámite de la reforma, que tocaría decenas de artículos de la Carta del 91, será intenso.

En esencia, el juzgamiento de congresistas y la pérdida de investidura quedó en cabeza de los magistrados porque se suponía que el fuero evitaba que funcionarios de menor rango pudieran presionar a los miembros del Congreso con investigaciones.

La Rama, además, tiene sus propias ideas. En algunas cortes se plantea, dado que la reelección modificó el sistema de pesos y contrapresos ideado por la Constitución, que se abra el debate sobre la elección del Fiscal General. Las salas plenas analizarán la propuesta.


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