El Tribunal del Pueblo

El Tribunal Permanente de los Pueblos en Colombia

El Estado colombiano ha implementado históricamente políticas y prácticas contrarias a la soberanía y al bienestar popular, garantizándole a las empresas transnacionales el saqueo de los recursos naturales, el control territorial y la explotación y precarización de los trabajadores, generando todo tipo de daños ambientales, materiales, morales, individuales y colectivos, que han puesto en riesgo o mayor vulnerabilidad a cientos de comunidades.

Estos casos se han venido presentando ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), que es un tribunal de carácter no gubernamental que tuvo su origen en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los Estados Unidos en la guerra contra el pueblo de Vietnam, conocido como el Tribunal Russel. En su segunda sesión (1974-1976), el TPP enjuició a las dictaduras militares de América Latina. La base de los juicios del TPP son las convenciones y declaraciones internacionales sobre derechos humanos y se realizan sin las ataduras que crean los poderes políticos, económicos y de los Estados, por lo tanto, está por fuera de las estructuras judiciales de los países y representan, de alguna manera, la conciencia ética de los pueblos, de la humanidad.

Un proceso de diecisiete audiencias preliminares, nacionales e internacionales, y seis audiencias especializadas para los sectores agroalimentario, petrolero, minero, de biodiversidad, de servicios públicos y sobre el genocidio contra las comunidades indígenas evidencia la responsabilidad de varias empresas y gobiernos en múltiples crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos fundamentales de los colombianos, atendiendo las denuncias que, desde abril de 2006 hasta julio de 2008, cuando se desarrolló la audiencia final en Bogotá, los jueces del TPP recogieron en las regiones afectadas. Múltiples víctimas y organizaciones, con las pruebas en las manos, dieron a conocer un panorama más que completo de la situación y demostraron las relaciones entre ciertas prácticas económicas con las profundas afectaciones políticas y militares que éstas han impuesto sobre sus derechos.

Con base en el Artículo I de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos (Argel 1976), que dice “todo pueblo tiene derecho a existir”, y en vista de que las empresas multinacionales atentan contra este derecho de diferentes maneras, por sus políticas y prácticas en Colombia fueron acusadas las empresas: Coca Cola, Nestlé, Chiquita Brands, BP, OXY, Repsol, Drummond, Cemex, Holcim, Muriel, Glencore-Xtrata, Anglo American, Bhp Billington, Anglo Gold, Monsanto, Smurfit Kapa - Cartón de Colombia, Multifruits S.A. - Delmonte, Pizano S.A - Maderas del Darién, Urapalma S.A, Dyncorp, Unión Fenosa, Aguas de Barcelona, Canal Isabel II, Endesa, Telefónica y TQ3. Así mismo, fueron acusados, por sus acciones y omisiones, los gobiernos de Colombia y de aquellos países donde reposan las casas matrices de estas empresas.


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