Que la Corte Suprema no investigue más a congresistas propuso Gobierno en su reforma a la Justicia
Dicha función correría a cargo de la Fiscalía, agrega el texto, que le quita poder a las cortes. El Procurador, a su vez, tampoco podría sancionar disciplinariamente a los legisladores.
5 puntos clave de la reforma a la justicia
Borrador de reforma a la justicia busca desmantelar Constitución de 1991, dice Procurador Otros de los puntos de la enmienda son que ex ministros no tendrían que esperar un año para ir a Corte Constitucional; la pérdida de investidura podría tener gradualidades; magistrados tendrían períodos de 12 años; Procurador, Fiscal y Contralor gozarían de término de 4 años con derecho a reelección y el presidente ternaría al Procurador y al Fiscal.
Las propuestas del Gobierno están contempladas en el borrador de reforma a la justicia que el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, presentó ayer, primero en el Congreso, y luego a los magistrados de las altas cortes en un documento enviado a sus despachos.
Según esta iniciativa, de ser aprobada como está, los congresistas tendrían una primera instancia para los procesos penales en su contra en la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
La segunda instancia le correspondería tramitarla y decidirla a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
En la actualidad, por mandato de la Constitución, los congresistas solo tienen una instancia para ser investigados, acusados y juzgados: la Sala Penal de la Corte Suprema.
Según algunos juristas, la doble instancia a nivel constitucional, podría significar la caída de todas las investigaciones por parapolítica.
Gradualidad para investiduras
En el caso de los procesos por pérdida de investidura, el borrador presentado por Valencia, si bien propone que "la primera instancia corresponderá al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca y la segunda a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado", en otro aparte plantea que se debe "definir el texto sobre la gradualidad de las sanciones en los procesos contra la investidura de los parlamentarios".
Aunque la observación sobre una posible "gradualidad" para la pérdida de investidura de los congresistas está contenida en el artículo 13 del borrador de la reforma constitucional, el ministro Valencia hizo saber a través de un vocero suyo que ese podría ser un asunto para desarrollo legal posterior.
La legislación actual sobre pérdida de investidura, que data de la Constitución de 1991, es vista como muy severa y única en su género en el mundo, pues es el Consejo de Estado el que condena y solo admite un recurso de reposición ante la misma instancia.
Esta norma, a la que los congresistas le temen, es uno de los peores castigos en su contra, pues su imposición significa la 'muerte política', ya que nunca pueden volver a ser elegidos como miembros del Congreso.
En una frase puesta entre paréntesis en el borrador, Valencia también expuso su interés en acordar un "texto sobre el régimen disciplinario de los congresistas".
En la exposición de motivos se asegura, además, que el "Procurador no tendría la competencia para investigar y juzgar disciplinariamente" a los legisladores, por ser estos quienes lo elegirían.
Con la eliminación del actual artículo 240 de la Constitución, que se propone, los ex ministros no tendrán que esperar un año luego de su renuncia para aspirar a la Corte Constitucional.
La potestad de ternar al Procurador y al Fiscal, será solo del Presidente.
Elección por cooptación
En el borrador, el Gobierno también confirmó su interés en que los magistrados de las altas cortes sean elegidos por cooptación. Es decir, que los miembros de esos tribunales escogerán a sus sucesores después de un período ordinario de 12 años, sin posibilidad de reelección.
A partir de la vigencia de la reforma, si es aprobada, ningún ex magistrado de un tribunal podría ser elegido en otra corporación judicial.
Además, se establece la edad mínima de 45 años para ingresar a la magistratura y se aumenta a 70 años la de retiro forzoso.
Doble discurso del Ministro
El ministro Valencia presentó dos versiones del proyecto que dejaron ver algunas diferencias.
Por ejemplo, en el que mostró al Congreso y envió a las cortes, habló de períodos de 8 años para Procurador, Contralor y Fiscal. Pero, según una versión enviada a los medios los períodos de estos serían de 4 años.
Cuando el ministro fue preguntado por EL TIEMPO sobre este punto, dijo que un nuevo artículo precisará que los períodos de estos funcionarios serán de 4 años, con derecho a una reelección.
www.eltiempo.com
sábado, 2 de agosto de 2008
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