Desplazamiento forzado bajó a la mitad, dice Acnur

Noviembre 20 de 2007

Desplazamiento forzado bajó a la mitad, dice Acnur

Sin embargo, llama la atención sobre el bajo presupuesto para acciones de prevención y la impunidad, pues apenas van 13 procesados por el destierro de más de 600 mil personas entre el 2003 y el 2006.

Con las personas que salieron de sus viviendas a causa de la violencia en el 2006 casi se podría repoblar una ciudad como Itagüí.

Cada año, entre el 2003 y el 2006, fueron desterradas unas 200 mil personas, que no obstante representan apenas la mitad con relación al éxodo anual de 412 mil personas que se registró en el 2002, según un informe que presentó ayer en Medellín la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

El documento no lo menciona, pero las fechas coinciden con la desmovilización de más de 30 mil paramilitares y el inicio del gobierno de Álvaro Uribe.

Hoy día el fenómeno no se da de manera homogénea en todas
las regiones, pues el 73 por ciento se van de 15 zonas donde reside apenas el 17 por ciento de la población de nuestro país.

Estas quedan sobre todo en Nariño, Cauca, Valle y sur de Chocó, la Sierra Nevada de Santa Marta, Antioquia, el norte de Caldas, Meta, Arauca, Caquetá, el Atrato y el Magdalena Medio.

Según el análisis de Acnur, entran a jugar factores como la disputa territorial entre grupos armados, las acciones para la erradicación de cultivos ilícitos, los paros que declara la guerrilla y la presencia de campos minados.

Cuatro de los puntos rojos del mapa quedan en Antioquia que, a la vez, continúa siendo el departamento que más expulsa gente. En el trienio fueron cerca de 70 mil personas, y eso que la cifra bajó al mismo ritmo que el promedio nacional, es decir en un 50 por ciento.

La situación se muestra todavía peor cuando se examina la microzona del suroriente de ese departamento que linda con Caldas, donde no viven ni el medio por ciento de los colombianos pero registra el 6 por ciento de los desplazados.

Luces y sombras

"Es un panorama de luces y sombras", dijo el representante de la Acnur, Roberto Mignone, al advertir que esta realidad se da en la nación del mundo que tiene la legislación más avanzada para atender el problema.

Mignone destacó como hechos positivos la existencia de una política pública al respecto, los fallos de la Corte Constitucional que obligan al Estado a proteger a esta población vulnerable y las acciones que en igual sentido han emprendido la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo y varios gobiernos regionales.

Según la Gerencia de Acción Social de la Presidencia de la República, en el primer cuatrienio del gobierno Uribe se invirtieron 1,8 billones de pesos y del 2007 al 2010 serán 4,1 billones, el mayor presupuesto de la historia.

Acnur reconoce los avances en la atención de las víctimas en el primer momento de la emergencia, pero advierte que estamos en pañales en generación de ingresos para los afectados, recuperación de tierras y vivienda.

En deuda con la prevención

Además, critica que apenas el uno por ciento de lo que se destina para desplazados vaya para programas de prevención.

Además, advierte una gran impunidad, pues solamente van 13 personas procesadas por desplazamiento, mientras que las víctimas de este crimen en tres años suman 619 mil.

Para completar, en el mismo periodo han asesinado a 85 desplazados.

"Nuestra recomendación sería fortalecer la presencia civil del Estado en muchas zonas de conflicto. En particular, mecanismos como los defensores comunitarios de la Defensoría del Pueblo son muy valiosos y pueden contribuir a disminuir el riesgo de la población", sostiene Mignone.

MEDELLÍN