Investigacion
El roscograma de la tierra en Colombia
La restitución de tierras a los desplazados es un elemento clave en la reparación a las víctimas del conflicto. Sin embargo, el Estado ha desvirtuado este modelo de acceso a la tierra premiando el interés particular, por sobre el general, según revela una investigación que presentó este jueves la senadora liberal Cecilia López.
Por César Paredes, periodista de Semana.com
Fecha: 08/22/2008 -
“Carimagua, un modelo desplazador”, es el nombre de la investigación hecha por la senadora del partido liberal Cecilia López, que revive el debate del acceso a la tierra en Colombia, y que fue presentado este jueves ante el Congreso. La investigación surgió del debate público que causó la entrega por parte del gobierno de tierras de una hacienda de ese nombre en el Meta a cultivadores privados de palma, en febrero pasado. Esas tierras habían sido prometidas antes a varias familias de campesinos desplazados.

En esa ocasión el gobierno se defendió con el argumento de que las tierras no eran aptas para el cultivo y que entregarlas en concesión al sector privado garantizaría la generación de empleo para los mismos desplazados. Pero se conoció que detrás del negocio de Carimagua había personas cercanas al Ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga y al coordinador de Acción Social, Luis Alfonso Hoyos con intereses personales y menos nobles que defender los derechos de los desplazados.

En la propuesta que el gobierno estuvo a punto de aceptar para entregar los predios a los palmeros participó una empresa de nombre Sapuga, de la cual uno de los miembros es Mario Escobar Aristizabal, tío del Ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga. Escobar Aristizabal también habría financiado campañas políticas de Luis Alfonso Hoyos Aristizabal, actual coordinador de Acción Social, según la investigación. La otra empresa interesada en el negocio fue Palmasol, donante de la campaña de Uribe.

Lea el documento completo: Carimagua, modelo desplazador
La indignación llegó a tal punto que sectores de la oposición convocaron a un debate para pedir la moción de censura al Ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias.

En el capítulo “El debate sobre Carimagua”, la investigación se vale del emblemático caso de la hacienda que iba a ser entregada a los privados para hablar de los problemas que enfrentan los desplazados quienes tienen que abandonar sus tierras, y de la floja respuesta institucional de este gobierno. El estudio reseña como durante este gobierno el sector rural solo ha crecido una tercera parte del índice de crecimiento económico general del país, lo que demuestra el abandono del Estado a este sector económico.

Sin embargo advierte que no se trata de la discusión de la gestión del actual Ministro de Agricultura, sino de un debate más profundo: “es sobre el modelo de desarrollo que estamos (los colombianos) construyendo”.

En la investigación hecha por la senadora liberal y un equipo de investigadores, se pone en primer plano la falta de una política rural seria y se denuncia el histórico problema de la falta de una reforma agraria para permitir el acceso a la explotación de la tierra a los campesinos. En todos los momentos históricos, el Estado figura como actor determinante en el futuro de la tierra.

“Violencia y tierra han sido una dupla perturbadora desde los inicios de la nacionalidad y hoy vuelven a estar en el centro del conflicto. Entre cuatro y seis millones de hectáreas arrebatadas por la fuerza a tres millones de desplazados dan fe de la dramática situación que se vive actualmente el país, realidad que constituye una crisis humanitaria de diversas proporciones”, dice en síntesis el estudio en el capítulo que lleva por nombre: “La triste historia de la Tierra”.

En la última parte de este capítulo, la investigación alude a la última “contrarreforma agraria”, refiriéndose a las alianzas de narcotraficantes y paramilitares que terminó por agudizar el problema de la violencia rural, y por ratificar la tesis de que la tenencia de la tierra ha ido de la mano de la utilización de la violencia y del favorecimiento del interés particular por sobre el general.

La investigación pone de relieve el drama de los desplazados, cuya cantidad continúa ubicando al país en el deshonroso primer lugar de la lista de países con mayor número de personas que han tenido que dejar sus tierras a causa del conflicto. Recuerda que el Estado colombiano tiene la responsabilidad constitucional de garantizar la protección de sus derechos. Para esto cita tres fallos de la Corte Constitucional. Uno de ellos dice: “las autoridades están obligadas -por los medios que estimen conducentes – a corregir las visibles desigualdades sociales, a facilitar la inclusión y participación de sectores débiles, marginados y vulnerables de la población en la vida económica y social de la nación, y a estimular un mejoramiento progresivo de las condiciones materiales de existencia de los sectores más deprimidos de la sociedad”.

“Ante esto, ¿cómo respondió el gobierno?”, se pregunta la senadora Cecilia López en la investigación y procede a contar cómo fue que el gobierno en 2004, con apoyo de otros países y organismos internacionales planeó un proyecto ambiental de gran calado en la hacienda Carimagua, que pretendía beneficiar a desplazados y campesinos de la región, y después pretendió cambiar su destino para entregarlo en manos de particulares.

El documento incluye un“roscograma” (palabra acuñada por el propio presidente Álvaro Uribe para referirse al clientelismo en las instituciones del Estado) que da cuenta de quienes eran los principales beneficiados del proyecto que se pretendía llevar a cabo en la hacienda: personas cercanas al Presidente, entre ellos dos donantes de su campaña y familiares de miembros de su gabinete.

La investigación lista los documentos que demuestran que la tierra sí es viable para el cultivo, que sí se le había prometido a los desplazados y que sí había un proyecto ambiental para integrarla en los mercados verdes del mundo. Así rebate los argumentos con los que el gobierno pretendió justificar su decisión, y que según el estudio fueron “mentiras” de las que se valió para no cumplir con el proyecto inicial.

La investigación cuestiona la premisa de que son los grandes empresarios los ejes del desarrollo y los desplazados son “minusválidos productivos”. Y resalta que el 95 por ciento de los recursos del programa Agro Ingreso Seguro, consistente en subsidios del gobierno dedicados al sector agrícola, se entregan a grandes y medianos empresarios y sólo el 3 y el 4 por ciento se entregan a pequeños campesinos. En este punto concluye que a los desplazados el gobierno les exige requisitos incumplibles, “que impiden un real acceso a la tierra, en este caso, a subsidios”.

Finalmente, la investigación propone una salida de fondo a la situación humanitaria que atraviesan los desplazados aduciendo que “si la pérdida de la tierra por la violencia ha sido la causa más importante del desplazamiento, el acceso a la misma debe ser parte sustantiva de la solución”. Para esto, López asegura que son imprescindibles dos condiciones: que haya paz en el campo y que se lleve a cabo un verdadero proceso de modernización de la producción rural, “que no se puede limitar a la expansión de las llamadas islas de modernidad, como las flores y la palma de aceite entre otras opciones, que hoy se mezclan con las precarias agricultura y ganadería campesinas”.



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