La red “anticorrupción” de Jorge 40
Al reconstruir la contabilidad encontrada en una finca de Jorge 40, se descubrió que entre paramilitares y políticos se repartían el 10 por ciento de un impuesto que cobraban a la contratación municipal y departamental, a las administradoras del régimen subsidiado y a los proveedores. Estarían por abrirse cientos de investigaciones disciplinarias y penales.
Por Tadeo Martínez, corresponsal de Semana en Barranquilla
Fecha: 08/25/2008 -
En cuatro meses del año 2004 el Bloque Norte de las AUC tuvo ingresos reportados en su contabilidad por valor de 989 millones de pesos. Esos dineros provenían de un impuesto que cobraban a la contratación pública de 101 municipios y cuatro departamentos a las Administradoras del Régimen Subsidiado y a los proveedores. Esa contabilidad está registrada en un libro que se llamaba la “Red de Contratación”, un sistema que tenía como objetivo evitar que los “comandantes militares de frente”, en complicidad con los “comandantes financieros”, se quedaran con los recursos que las diferentes entidades territoriales tributaban al Bloque Norte.

Toda esta información de la contabilidad de Jorge 40 fue encontrada en un allanamiento que realizaron las autoridades en una finca del ex jefe paramilitar en San Ángel que sirvió de base al Bloque Norte de las Auc. Allí las autoridades de policía judicial y la Fiscalía encontraron abundante información sobre las finanzas del Bloque Norte y las relaciones entre las autoridades en los cuatros departamentos con el grupo paramilitar comandando por Tovar.

En marzo de 2002 Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, creó un grupo de trabajo al que llamó la Red de Contratación porque la plata que se recogía por diferentes conceptos en La Guajira, El Cesar, Magdalena y Atlántico, no llegaba completa a su “tesorería”. Esa red estuvo funcionando durante casi cuatro años, entre 2002 y 2006, cuando el Bloque Norte se desmovilizó en La Mesa y Chimila, Cesar.

Una planilla del "ministerio de Hacienda" de Jorge 40
Los miembros de la red sostenían reuniones periódicas y a ellas asistían los comandantes de los frentes con el “tesorero”, un hombre de confianza de Jorge 40 encargado de auditar estas finanzas. La contabilidad tenía tres columnas; contratación, ARS y proveedores. Una cuarta columna contenía las diferentes zonas geográficas en los cuatro departamentos, tal y como estaban organizados los frentes.

El Cesar estaba dividido en cinco zonas: la zona 16, la Herradura, Zona 39, Zona de Danilo y la Zona de Alex. En el Magdalena había siete zonas que correspondían a los alias de los comandantes: Carlos Tijeras. Jose, Rafa, Codazzi, Eduardo, La Herradura y Chane. La Guajira sólo tenía dos zonas, la de Ramiro y la de 39; y en Atlántico operaba la de Don Antonio.

El departamento que más aportaba económicamente era Cesar. Según el reporte de los cuatro meses al que tuvo acceso SEMANA, entre mayo y agosto de 2004, los cinco frentes del Cesar reportaron en total casi 560 millones de pesos (exactamente 557.197.741); seguido por la Guajira con 206 millones ($206.562.201); Magdalena con 205 millones ($205.562.201) y Atlántico con 10 millones de pesos. Llama la atención los pocos ingresos reportados por el frente de Atlántico, comandado por alias Don Antonio, pues en las finanzas halladas en el computador de Jorge 40 había registrados ingresos mensuales superiores a 45 millones de pesos. También hay que decir que con esos ingresos pagaban la nómina de sicarios y otros gastos. Además de acuerdo con la versión del propio “Don Antonio” ante Justicia y Paz, sólo Sitionuevo reportó en 2004, 120 millones de pesos que no se reflejan en ese registro.

Además de las reuniones que sostenía periódicamente el “tesorero de la empresa” (las AUC), con los comandantes de frentes, estos también organizaban reuniones con los alcaldes, concejales, diputados, senadores, representantes y gobernadores. En esas reuniones se repartían las utilidades concertadas de la siguiente manera sobre el 10 por ciento del valor total de un contrato: 3.33 por ciento para el frente que la reporta; 3.33 por ciento para el alcalde, gobernador, parlamentario, diputado o concejal que así lo exigiera; 1 por ciento para los tesoreros municipales, departamentales o de la entidad territorial (llámese hospital, organismo descentralizado, corporaciones ambientales etc) que les colaboraban, pues gracias a la información que suministraban los tesoreros se sabía qué contratos se iban a pagar; y el 2.33 por ciento para la Red de Contratación, que a su vez la reportaba a la organización. En total, el 5.6 por ciento del impuesto se quedaba en manos de las autodefensas.

En los documentos hallados también hay referencias a la inconveniencia del Puerto de Palermo y al manejo de tierras por parte de Incoder, una especie de glosas sobre proyectos y entregas de tierras. Un gran número de fiscales y jueces han comenzado a solicitar esta información como prueba, para diferentes procesos en los que están involucrados funcionarios de las entidades territoriales. En otros casos y ante las revelaciones que están haciendo los paramilitares postulados ante Justicia y Paz, se está conociendo lo que sucedió en las regiones durante casi diez años de dominio de los grupos armados de autodefensa.

También llevaban una contabilidad de distribución de esos ingresos, correspondiendo la mayor parte a los seis frentes del Cesar, que recibían más de 239 millones de pesos; los siete frentes del Magdalena, más de 76 millones y los de la Guajira casi 133 millones de pesos. Al frente José Pablo Díaz del Atlántico no le giraban.

Estos ingresos daban para la manutención del Bloque Norte y sus 16 frentes, que incluía pago de salarios y una diversidad de gastos de transporte, gasolina, viáticos, municiones y sobornos, entre otros.

A manera de ejemplo, hay documentos del pacto entre los aspirantes a Senado y Cámara por el Magdalena, Dieb Maloof, Jorge Castro, José Gamarra y Gustavo Orozco Jaraba, fue suscrito también por los alcaldes titulares de Pivijay, San Ángel, Algarrobo, Zapayán, Remolino, Chivolo, Salamina y Ariguaní. En ese pacto firmado el 21 de noviembre de 2001 se establece que los votos de la provincia serán para José Gamarra, quien los endosará a Maloof. Según el acuerdo, éste debe conseguir recursos de inversión social y deberá dar participación burocrática a sus socios del Magdalena de manera equitativa.

También revelan documentos y los testimonios de los ex paramilitares que en los municipios de la Zona Bananera, Fundación, Ciénaga, El Retén, Pueblo Viejo y Aracataca en Magdalena, el ex paramilitar “Carlos Tijeras” hizo pactos con los senadores Salomón Saade, Luis Eduardo Vives, Dieb Maloof y Flor Gnecco y los representantes a la Cámara Alfonso Campo, Jorge Caballero y José Gamarra para que apoyaran financieramente al Frente a través de las finanzas de los municipios y la contratación y suministro de los hospitales donde ellos tenían influencia y cuotas políticas. Los jefes políticos se comprometieron a que los alcaldes de la zona contribuirían con el impuesto y a cambio Tijeras les permitía hacer política en la zona. “Nosotros, dijo “Tijeras” en Justicia y Paz en su versión del pasado 24 de julio, nos metimos en la mitad y les dijimos que los directores de los hospitales tenían que pasar por el colador de la empresa (las AUC). Revisábamos las hojas de vida y les hacíamos entrevistas a los aspirantes. Teníamos que convivir: ellos conservaban sus cuotas políticas, se encargaban del parapeto de la meritocracia, pero se comprometían a menos burocracia, cero corbatas, nada de contratos chimbos y cero embargos arreglados. El cuarto compromiso era pagar el impuesto a la contratación, una ley obligatoria en los cuatro departamentos”.

El acuerdo entre políticos y paramilitares parece haber funcionado a la perfección, pues los políticos según los documentos hallados, se encargaban de los nombramientos y el manejo administrativo y los paramilitares “vigilábamos la gestión, los recursos, revisábamos las cuentas y los apretábamos para aconductarlos”, dijo Tijeras. Los paramilitares brindaban “protección y orden”, y los políticos veían la forma de darle presentación legal.

Pero los ingresos gruesos de la organización no están reportados en esta contabilidad, pues provenían del negocio del narcotráfico. En Atlántico funcionaba un frente que rendía cuentas a Jorge 40 y cuya jurisdicción iba desde la salida de Cartagena hacia Barranquilla hasta el muelle donde queda el muelle de la Drummond en Ciénaga, Magdalena. Hace tres semanas ante una fiscal de Justicia y Paz, el ex comandante de éste grupo, Miguel Villarreal Archila, alias Salomón, dijo que cobraron a varios carteles del narcotráfico impuestos por 100 toneladas de cocaína anuales durante tres años, a razón de 50 dólares por kilo. El grupo de Salomón puede haber recaudado por impuestos de embarque cobrado a los narcotraficantes más de 30 mil millones de pesos en tres años, los cuales eran entregados al ex jefe paramilitar Rodrigo Tovar, alias Jorge 40.

Semanas antes de ser extraditado, Nodier Giraldo, alias “el cabezón” , comandante de finanzas del Resistencia Tayrona, había dicho que entre el 2002 y el 2005 las fincas y el comercio rural del Magdalena habían pagado 1.450 millones de pesos; el comercio de Santa Marta había aportado 13.250 millones de pesos; los contrabandistas de gasolina e insumos químicos habían aportado en diez años (1995 – 2005), 23.640 millones y por el impuesto de embarque de más de 170 toneladas de cocaína entre 2005 y 2006, la suma de 17 mil millones de pesos, el 60 por ciento de los cuales fueron entregados por el Frente Resistencia Tayrona a Jorge 40, comandante del Bloque Norte.
Entre Salomón y el Resistencia Tayrona, recaudaron en tres años por concepto del impuesto del embarque de narcotráfico aproximadamente 47 mil millones de pesos; esto es alrededor de una quinta parte de los impuestos legales que se recaudan anualmente en una ciudad como Barranquilla.

La existencia de esta red de contratación del Bloque Norte dedicada a llevar el registro de los ingresos que la organización obtenía por el cobro de impuestos a entidades públicas, revela de manera escandalosa hasta dónde fueron capaces los jefes de las Auc de infiltrar al Estado y capturar sus rentas. Todos estos hechos ocurrieron con la complicidad de autoridades de policía, jueces, fiscales, agentes de organismos como el DAS y la SIJIN. Cientos de alcaldes, gerentes de hospitales, secretarios de alcaldías, contralores, personeros, concejales, empresarios y contratistas, hicieron parte de delitos como concierto para delinquir, concusión y cohecho. Los fiscales de Justicia y Paz han empezado a compulsar copias para que los fiscales anticorrupción y la Procuraduría empiecen también investigaciones que permitan sancionar disciplinaria y penalmente a los responsables.



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