El lío de los títulos colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó

El lío de los títulos colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó
En la ruta de los Castaño

La mano del narcotráfico y del paramilitarismo está presente en el desarrollo de la industria palmicultora en la zona del Urabá chocoano. En la región hoy se viven tensos momentos por las investigaciones de la Fiscalía.
Norbey Quevedo H. / Juan David Laverde P.





sábado, 16 de febrero de 2008

A la representante legal del Consejo Comunitario de Curvaradó (Chocó), Ligia María Chaverra, la quieren matar. Desde septiembre de 2003, esta anciana agricultora, líder de la resistencia contra la ocupación de los terrenos que fueron adjudicados a su gente en 2000 como títulos colectivos, es un blanco móvil en la tensa confrontación que hoy se vive en el Urabá chocoano por cuenta de la extensión de cultivos de palma de aceite infiltrados por el paramilitarismo y el narcotráfico.

Manuel Denis Blandón, ex representante legal del Consejo Comunitario de Jiguamiandó (Chocó), también esquiva la muerte por defender su comunidad y por haber promovido zonas humanitarias y de biodiversidad en medio de la guerra a muerte que libran el Estado y las Farc, en el dramático presente de una región convulsionada que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había advertido desde 2003 y que hoy trata de restaurar la Fiscalía investigando cómo fueron ocupadas las tierras de las comunidades chocoanas con la mano larga de las autodefensas.

Una estratégica labor de despojo agrario en el Urabá chocoano, liderado por Vicente Castaño, Freddy Rendón Henao y otros jefes de las autodefensas, con el propósito de extender en estas áreas rurales del municipio de Belén de Bajirá y otras comunidades vecinas, el rentable proyecto empresarial de la palma de aceite. El negocio de moda para producir biodiesel –que se perfila como el combustible del siglo XXI–, que el Gobierno apoya decididamente en todo el país, pero que en el departamento del Chocó, por mano rapaz, terminó por convertirse en un polvorín a punto de estallar.

Desde las escrituras

Trece empresas hoy invierten en palma de aceite en las cuencas de Jiguamiandó y Curvaradó. Tres constituidas en Barranquilla, Santa Marta y San Jacinto (Bolívar), dos de Medellín, una de Apartadó y siete más de la región. En una entrevista a la revista Semana en 2005, el fugitivo jefe paramilitar Vicente Castaño, aceptó también su presencia: “Yo mismo conseguí los empresarios para invertir en esos proyectos que son duraderos y productivos”. Una mínima revisión de las escrituras de constitución de esas empresas palmicultoras, dejan advertir su mano sigilosa y otras sorpresas judiciales.

Por ejemplo, tres años después del desplazamiento forzado a que fueron sometidas las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó en 1997, en la Cámara de Comercio de Barranquilla se constituyó la empresa Unión de Cultivadores de Palma de Aceite de Urabá (Urapalma). Entre los accionistas, compareciendo a su nombre y en representación de Construcciones Unidas Ltda., con un capital de $225 millones, apareció el empresario barranquillero Alberto Zúñiga Caballero. En la compañía Palmas de Urabá (Palmura), constituida en Santa Marta en 2003, vuelve a aparecer Zúñiga Caballero y varios de sus familiares como los socios principales.

En torno a la familia Zúñiga Caballero, desde los años 80, existe documentación judicial que relaciona a uno de sus integrantes, Julio César Zúñiga Caballero, con el tráfico de estupefacientes. De hecho, el 24 de marzo de 2005, en desarrollo de la Operación Patria, la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía ocupó 56 propiedades de su núcleo familiar, entre ellas varias inmobiliarias, empresas oleaginosas o estaciones de servicio en la Costa Atlántica, en cuyas actas de registro de fundadores también aparecen algunos socios de las Palmeras de Urabá.

Otro caso representativo de los ambiguos orígenes de la explotación de palma de aceite en el Urabá chocoano, lo constituye la Asociación de Productores Agrícolas de Belén de Bajirá (Asoprobeba), un predio de 1.000 hectáreas ubicado en el poblado de Caño Manso, ubicado en la cuenca del Río Curvaradó, que el antiguo Incora le otorgó a René Palacios en 1992, pero que 10 años después apareció, primero convertido en un organismo para la defensa gremial de los campesinos y casi simultáneamente como objeto de una peculiar compraventa en la única notaría de Carepa (Antioquia), que se llevó a cabo el 14 de diciembre de 2002.

Ese día compareció Hugo Fenel Bernal Molano, natural de Medellín, en calidad de vendedor del predio que diez meses antes le había comprado a René Palacios, y Sor Teresa Gómez Álvarez, vecina de Riosucio (Chocó) y natural de Amalfi (Antioquia), en calidad de compradora y representante legal de la Asociación de Productores Agrícolas de Belén de Bajirá (Asoprobeba). El negocio se cerró en $100 millones y hoy cobra importancia porque vendedor y compradora están comprometidos en investigaciones judiciales y Asoprobeba sigue desempeñando un papel activo en la compra de tierras y extensión de cultivos de palma de aceite en el Chocó.

Dos nombres clave

De Hugo Fenel Bernal Molano se tienen noticias judiciales desde los años 90, cuando fue retirado de las Fuerzas Militares por comprobados nexos con el capo de capos Pablo Escobar Gaviria. Desde hace unos años una Corte Federal de E.U. lo requería por delitos de narcotráfico y lavado de activos, ofreciendo cinco millones de dólares por su captura. Volvió a la palestra pública como uno de los extraditables a quienes le fueron borrados sus antecedentes en el DAS por acción del ex jefe de informática y testigo estelar de la parapolítica, Rafael García. El 5 de marzo de 2007 fue capturado en el municipio de Valencia (Córdoba).

En cuanto a Sor Teresa Gómez Álvarez, su historia está ligada a las entrañas del paramilitarismo. Casada con Manuel Gil, hermano medio de Fidel, Carlos y Vicente Castaño Gil, y suegra de alias Monoleche, jefe paramilitar hoy preso en la cárcel de Itagüi, trascendió por primera vez en abril de 1998 cuando la Fiscalía allanó el parqueadero Padilla ubicado en Medellín y descubrió la telaraña financiera de las autodefensas. Entre 70 disquetes con información de 16 cuentas bancarias en Montería y dos empresas de papel con multimillonarios giros de dinero, apareció la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor).

Esta fundación fue creada en marzo de 1991 por los hermanos Castaño Gil como una entidad sin ánimo de lucro para establecer contactos con ganaderos y políticos de la región a fin de facilitar entrega de tierras a los campesinos. En calidad de representante legal fue designada Sor Teresa Gómez Álvarez. Según información del periódico El Nuevo Herald de E.U., en 2001, Funpazcor se transformó en una empresa de fachada para la adquisición de tierras, tráfico de armas y lavado de activos. No obstante, las investigaciones judiciales del caso Funpazcor, en su mayoría terminaron archivadas durante la gestión del ex fiscal Luis Camilo Osorio.

Por eso Sor Teresa Gómez Álvarez reapareció en el Urabá y, en calidad de representante legal de Asoprobeba, en 2003 suscribió contratos de comodato con campesinos convertidos en cordones de protección familiar para nuevas tareas de apropiación ilegal de tierras. Para junio de 2001, la Cámara de Comercio de Urabá ya no registra su representación legal en la asociación, pero su nombre vuelve a relacionarse como sindicada del asesinato de la líder campesina Yolanda Izquierdo, ocurrido el 31 de enero de 2007, en medio de sus reclamos sobre la propiedad de tierras parceladas por los hermanos Castaño en el departamento de Córdoba.

Las reuniones

A pesar de estos antecedentes, Asoprobeba sigue participando en reuniones con representantes del Estado y los organismos de control para discutir la problemática de las tierras, los desplazamientos y los linderos de los títulos legítimos. Por ejemplo, en la vereda Santa María del municipio de Belén de Bajirá, el 8 de junio de 2007, a solicitud de los repobladores de Asoprobeba, se adelantó una reunión para discutir sobre propiedad de tierras y a ella acudieron el director regional del Incoder, el personero de Riosucio, el vocero de Codechocó y hasta el coordinador del programa presidencial Acción Social en Urabá, Luis Mario Gaviria Vélez.

Este último funcionario, hermano del asesor presidencial José Obdulio Gaviria, llegó como coordinador de Acción Social en Urabá en marzo de 2004 y desde entonces ha cumplido una activa labor para resolver los conflictos de titulación de tierras, retorno y reubicación de campesinos desplazados, seguridad alimentaria y obras de infraestructura del Estado. En su gestión, por fuerza de las circunstancias y las tensiones sociales en la región, también ha tenido que participar en reuniones para buscar aproximaciones entre las empresas palmicultoras y los campesinos que reclaman sus tierras.

Según lo documentó la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, en carta enviada el pasado 12 de febrero a la Vicepresidencia, los Ministerios del Interior y Medio Ambiente y los titulares de los organismos de investigación y control, el pasado 7 de febrero, en Bogotá, Luis Mario Gaviria se reunió con las empresas palmicultoras que hoy están investigadas por la Fiscalía por los delitos de desplazamiento forzado, concierto para delinquir y usurpación de tierras, a fin de propiciar un acuerdo para que parte del territorio colectivo que hoy está sembrado ilegalmente con palma de aceite, sea entregado a los trabajadores de las empresas.

La citada asociación Asoprobeba, junto con la Corporación de Desarrollo y Vida del Darién (Cordesvida) y otras Ong del Urabá hacen parte del conglomerado llamado Alianza Colombiana Sin Hambre, organización asentada en San Pedro de Urabá que, según informaciones periodísticas, es el mecanismo a través del cual Vicente Castaño y sus segundos inciden en las comunidades del Bajo Atrato chocoano. Según el Colectivo Justicia y Paz, uno de sus promotores, a través de Cordesvida, es el ex alcalde de Chigorodó, Amador Caicedo, hoy procesado por apropiación ilegal de tierras.

Con esta clase de evidencias, cobra plena vigencia el comentario manifestado por el jefe paramilitar Carlos Mauricio García, alías Rodrigo Franco o Doble Cero, en septiembre de 2003, meses antes de ser asesinado por sus propios compañeros de armas: “Los proyectos de palma africana del sur el eje bananero de Urabá, chorrean sangre, miseria y corrupción. La forma en que han sido adquiridas las tierras y el dinero supuestamente prestado por entidades de fomento agroindustrial, hacen parte de una cadena de lavado de dineros del narcotráfico, testaferrato, desplazamiento forzado, muerte y violencia”.

Desde esa misma época ya lo había advertido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dos años después, en junio de 2005 lo hizo también la Defensoría del Pueblo. Lo tuvieron siempre claro el Incoder y Codechocó, pero dichas evidencias no fueron óbice para que las empresas palmicultoras fueran beneficiarias de créditos del Banco Agrario y Finagro por valor superior a los $10 mil millones. Sólo después de que el Consejo de Estado en agosto de 2007 aclaró que los títulos colectivos no podían sustituirse por otras formas de acceso a la tierra, el Ministerio de Agricultura pidió la intervención de la Fiscalía y denunció la apropiación de tierras en Urabá.

En diciembre de 2007, la Fiscalía ordenó vincular mediante indagatoria a 23 representantes legales de las empresas palmicultoras, y se han compulsado copias para investigar a funcionarios públicos que facilitaron acciones ilegales con los títulos de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó. Entre los llamados a comparecer ante la justicia aparecen Jaime Sierra Moreno y Antonio Zúñiga Caballero, dos de los representantes del gremio de los palmeros que desde mediados de 2005 sostuvieron activa interlocución con el Estado para resolver el conflicto de los territorios colectivos en Urabá.

Una de tales reuniones, como aparece documentado, tuvo lugar el 25 de mayo y, a nombre del Gobierno, participó el consejero presidencial Carlos Franco, quien envió un minucioso reporte a la Vicepresidencia, los Ministerios de Agricultura, Defensa e Interior, la gerencia del Incoder y las autoridades militares y de policía en Urabá, para avanzar en el esclarecimiento de los títulos colectivos. Paradójicamente y según se lee en el oficio, entre los cuatro representantes del gremio de los palmeros concurrió Ignacio Guzmán, quien desde el 10 de octubre de 2002 oficiaba como embajador de Colombia en México.

Su hoja de vida lo califica como activo defensor de los cultivos de palma de aceite, presidió la Asociación de Empresarios Exitosos por la Paz que apoyó la siembra de la palma de aceite, fue compañero de lista del ex senador Mario Uribe para la legislatura de 1986-1990, fundador del proyecto Primero Antioquia que llevó a Álvaro Uribe a la Gobernación del departamento, gobernador encargado en 17 ocasiones, director encargado de Corpourabá y desde el pasado 6 de agosto de 2007 desempeña funciones como cónsul en Miami. Hoy el diplomático está alejado del problema que judicialmente afrontan los palmicultores de Urabá por la acción de la Fiscalía.

Dos de los representantes legales de las palmeras ya rindieron indagatoria. Javier Daza Pretel de Urapalma e Iván Patiño Patiño de Palmas S.A. Tendrán que hacerlo también los representantes de Palmas de Curvaradó, Palmas del Atrato, Palmura, La Tukeka, Selva Húmeda e Inversiones Fregni Ochoa. Pero mientras la Fiscalía esclarece qué pasó en Urabá con los títulos colectivos, las empresas palmicultoras, los grupos paramilitares y el narcotráfico, ya hay una acción urgente para que el Estado no se vuelva a equivocar: urge proteger la vida de María Ligia Chaverra y Manuel Denis Blandón, los líderes negros de Jiguamiandó y Curvaradó.

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