sábado, 26 de julio de 2008

diplomacia
¿Qué busca el gobierno colombiano con la denuncia a Ortega?
Hoy jueves Colombia denunciará el apoyo del mandatario nicaragüense, Daniel Ortega a las Farc, como una violación al derecho internacional y a los acuerdos suscritos por los dos países. La estrategia detrás es impedir que las Farc sigan haciendo llegar sus mensajes a la arena internacional.
Fecha: 07/23/2008 -
Hoy jueves, el gobierno colombiano presentará ante la OEA una protesta verbal por el “apoyo” del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a las Farc. A través de su embajador Camilo Ospina, Colombia enfatizará ante el organismo las "persistentes violaciones" del gobierno nicaragüense a los acuerdos de lucha contra el “terrorismo”, y a los principios del derecho internacional.

Desde el pasado 18 de julio, Ospina solicitó la inclusión del tema dentro de la agenda programada para la reunión que se celebrará este 24 de julio.

La relación entre Colombia y Nicaragua se ha tensionado en los últimos días debido al aprecio que el mandatario nicaragüense ha expresado hacia el grupo guerrillero y a las continuas declaraciones en las que ha acusado al presidente colombiano Álvaro Uribe de “terrorista”, por su relación con el gobierno de los Estados Unidos.

Por estas razones el embajador colombiano ante la OEA denunciará verbalmente ante la comunidad internacional, la actitud del gobierno de Managua. Según Ospina el continuo apoyo de Ortega a las Farc, a través de sus declaraciones, viola la letra y el espíritu de la Convención Interamericana contra el terrorismo, y las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre el mismo aspecto.

“Las permanentes manifestaciones de apoyo a la guerrilla por parte del gobierno de Nicaragua, son una clara violación a las resoluciones en la lucha contra el terrorismo, a la Corte Internacional, y a la Convención Interamericana de Derechos Humanos.”, dijo a Semana.com, el embajador Ospina.

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Para el analista experto en temas de seguridad, Jairo Libreros, esta denuncia de Colombia, tiene como propósito continuar en la estrategia de “reducir la expansión política de las Farc”. Libreros explicó que en el país, el gobierno colombiano ha mantenido su calificación de terrorista al grupo guerrillero. “En su estrategia internacional el gobierno aplica la misma regla: un terrorista no es un actor político. Y por eso busca el cierre de espacios internacionales para que impedirle a las Farc que hagan llegar sus mensajes a los ámbitos diplomáticos”.

El analista recordó que la relación del gobierno colombiano con el nicaragüense ha sido de tensión permanente por el diferendo territorial del Archipiélago San Andrés y Providencia. También mencionó que en 1982 cuando Argentina hizo el reclamo de las Malvinas a Inglaterra, Colombia fue uno de los pocos países que no apoyó al gobierno suramericano con el argumento de que si lo hacía, Nicaragua podía aprovechar para reclamar a San Andrés.

Sobre el papel de la OEA, el analista dijo que el organismo buscaría establecer consensos. La experiencia de algunos países de Centro América en asuntos de conflicto, “dejó muchas enseñanzas. Entre ellas: que no se puede cerrar los espacios democráticos y por eso la OEA tiene que rechazar el comportamiento de las Farc, pero sin cerrar los canales de negociación”.

Tensiones in crescendo
Hace un mes, Ospina acusó al gobierno de nicaragüense apoyar públicamente a las Farc, pese a ser consideradas como una “organización terrorista”. En ese entonces Nicaragua había dado asilo a las colombianas, Doris Torres Bohórquez y Martha Pérez Gutiérrez, acusadas por Bogotá de ser guerrilleras. En una carta reciente de las Farc dirigida a Ortega, esta grupo guerrillero reconoció la pertenencia de las mujeres a la organización.

En respuesta el embajador de Nicaragua ante el organismo, Denis Moncada, defendió el derecho de su gobierno a decidir sobre este asunto. "(El gobierno de Nicaragua) tomó una decisión de carácter humanitario en el marco de la Constitución de Nicaragua, del ordenamiento jurídico interno de Nicaragua y de las normas del derecho internacional", dijo Moncada.

El episodio más reciente de tensión entre los dos países surgió por la carta que le enviaron las Farc a Ortega, el pasado 26 de junio. En la misiva el grupo guerrillero le dijo a Ortega que estaba interesado en reunirse con él para hablar sobre “asuntos de la guerra y de la paz “. El jefe de Estado nicaragüense respondió a sus hermanos de las Farc que estaba dispuesto a conversar con ellos para aportar a la paz en Colombia.

En una nota de protesta, con la que se estrenó el nuevo canciller colombiano, Jaime Bermúdez, advirtió a su homólogo en Nicaragua, Samuel Santos, que el gobierno colombiano "no autoriza ni avala gestión alguna que Managua pretenda adelantar en relación a una organización terrorista".

Ortega respondió que su gobierno no tiene que pedir permiso a nadie "para luchar por la paz".

A este hecho se suma la presunta reunión que tuvieron miembros de esta guerrilla con el mandatario nicaragüense, y que fue denunciada por el diario La Prensa de Managua este miércoles 23 de julio

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