Justicia bajo fuego

Justicia bajo fuego


En los municipios donde hay actores armados la justicia funciona a medias o no funciona, concluye un estudio que pone la luz donde realmente se necesitaría una reforma a la justicia.
César Paredes, periodista de Semana.com



La mejoría en seguridad en muchas regiones del país no ha significado una mejoría en la administración de la justicia. En los municipios donde hay presencia de actores armados la justicia funciona a medias o no funciona, según una investigación del Centro de Estudios de Justicia y Sociedad, DeJuSticia.

La investigación que lleva por nombre ‘Jueces sin Estado’ y que será publicada próximamente, muestra que pese al avance en seguridad del gobierno entre 2002 y 2006, este no se traduce en una mayor fortaleza de la institucionalidad de la rama judicial.

DeJusticia puso el foco en los problemas que tienen que enfrentar jueces y fiscales, a la hora de hacer su trabajo en los sitios donde hay presencia de grupos armados ilegales.

Una de las conclusiones más alarmantes es que en los municipios donde los grupos armados ejercen influencia, se altera significativamente el ejercicio de la Justicia (ver gráfico). Para demostrar este punto, DeJusticia comparó la cantidad de demandas instauradas formalmente ante los despachos judiciales (entradas), y el número de decisiones judiciales (salidas) en municipios afectados por la violencia política, con otros municipios que no sufren la presencia de actores armados.

Los investigadores recolectaron información relacionada con varios delitos, como homicidio, hurto y lesiones personales y violencia doméstica, entre otros.

El resultado: en los municipios pequeños (de menos de 20 mil habitantes) donde hay presencia de actores armados tanto las demandas instauradas como las decisiones de los jueces (fallos o condenas) disminuyen drásticamente.

En un segundo análisis de las cifras, DeJusticia comparó el número de eventos de conflicto (confrontaciones, ataques a los municipios, secuestros masivos, incursiones) entre 2002 y 2006, período que corresponde al actual gobierno, con los procesos de justicia que se iniciaron o decidieron (demandas y fallos o condenas). Otra vez la hipótesis que los investigadores presumieron fue comprobada: “a mayor cantidad de eventos de conflicto, menor justicia procesada”.

Los investigadores, aunque no son concluyentes al respecto, mencionan algunas de las interferencias más comunes que la violencia crea sobre la justicia cotidiana en los municipios del país.

En algunos casos la presencia de grupos armados ilegales, usurpa las funciones del Estado y genera una “justicia” paralela. En otros casos, el control férreo y la intimidación sobre la población, en particular el ejercicio de sus derechos y libertades (movilidad, trabajo, vida social) disminuye la conflictividad por la falta de interacción social. Es decir hay menos conflictos entre la gente porque la gente socializa menos porque tiene miedo y desconfianza.

El poder judicial en las zonas donde hay presencia de guerrilla o paramilitares se debilita, ya sea por la presión directa ejercida contra los jueces y fiscales, o bien por el poder corruptor del narcotráfico. En el peor de los casos, los jueces actúan a favor de un grupo ilegal recibiendo órdenes directas, si se rehúsa a hacer lo que le mandan es amenazado o incluso asesinado.

En el mejor de los casos la presencia de los jueces es figurativa, pues no pueden hacer su tarea libremente y actúan con “prudencia” para no afectar los intereses de los grupos ilegales y poner así en riesgo su vida. Así, su trabajo se concentra a la resolución de casos menores y pequeños conflictos domésticos, mientras las decisiones judiciales trascendentales, no se toman nunca.

“En síntesis, la violencia debilita la justicia, y la justicia debilitada contribuye a la reproducción de la violencia”, dice el estudio.

No es un Estado moderno

Para introducir su investigación, el centro de investigación incluye un capítulo titulado Estado Territorio y Ciudadanía, en el que condensa la historia de la formación del Estado colombiano. En éste se cuenta el origen del concepto de Estado moderno, que se remonta a ocho siglos atrás en Europa. El capítulo explica por qué ese modelo de Estado, cuyo proceso de formación ha tenido una larga y compleja historia, al intentar aplicarse en América Latina, dio resultados distintos a los que dio en los países del viejo continente.

En la investigación se describe el modelo de Estado colombiano, que en algunas administraciones locales ha logrado una institucionalidad sólida, y en otras, su soberanía todavía está en vilo, como lo es el caso donde los jueces y fiscales ejercen su oficio a la sombra de los grupos armados.

DeJusticia caracteriza ese país variopinto, como país difuso, que se compone de un Estado que unas veces ostenta fuerza con los débiles, y en otras, debilidad con los poderosos, y una sociedad que en algunos casos se apropia de sus derechos y en otros se encuentra desvalida. En síntesis “Colombia no responde al modelo de democracia y de Estado de derecho que dicen sus leyes y su Constitución, pero tampoco es la negación total de eso” dice la investigación.

En ésta descripción, DeJusticia sostiene la tesis de que las personas marginadas, desde la época de la Colonia, sostuvieron relaciones clientelistas con quienes detentaron el poder. Esta singularidad pervive en la relación del Estado colombiano con la sociedad, lo que ha estimulado la idea de que es más importante el estatus que los derechos. La investigación cita una encuesta de este año, hecha por Invamer Gallup y la Universidad de los Andes, en la que el 74 por ciento de los encuestados dijeron que para lograr el éxito en Colombia era necesario tener palanca, es decir, un padrino influyente.

Esta práctica desdibuja el concepto de país moderno y no permite que el avance hacia la conformación de una sociedad civil activa, y un Estado eficaz a la hora de suplir las necesidades de la gente. También hace que la gente amañe la ley a su conveniencia (o que coloquialmente se conoce como leguleyada). “Cuando la diferencia entre lo obligatorio y lo permitido no está claramente especificada, las personas se valen de la incertidumbre para no cumplir”, dice la investigación.

Este libro será publicado en unas semanas, justo en medio del debate de la iniciativa gubernamental de Reforma a la Justicia, que para muchos analistas no aborda los problemas reales de la rama judicial, como su eficacia y acercamiento a la ciudadanía. La investigación que incluye testimonios de jueces y fiscales que han tenido que hacer su trabajo de cara al conflicto armado, se une a las voces que reclaman una reforma a la Justicia de fondo, que responda a las necesidades reales para que la rama judicial pueda hacer su trabajo y termine la impunidad.

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