Uribe anuncia segundo intento para darles beneficios políticos a 'paras'
Julio 25 de 2007 - FISCALÍA DICE QUE NO SABE QUÉ HACER CON SITUACIÓN JUDICIAL DE 18 MIL DESMOVILIZADOS
Uribe anuncia segundo intento para darles beneficios políticos a 'paras'
Dos jefes de las Auc se negaron ayer a declarar ante fiscales de Justicia y Paz. Corte pide respeto a independencia de poderes.
Una versión inédita del 'choque de trenes' -Gobierno frente a la Corte Suprema de Justicia- quedó sobre la mesa ayer, en la celebración del segundo aniversario de la Ley de Justicia y Paz.
En un foro sobre la norma en la Universidad Santo Tomás, en Bogotá, el presidente Álvaro Uribe reiteró sus críticas a una reciente decisión de la Corte que cerró de plano la posibilidad de que los delitos de los 'paras' tengan algún beneficio político.
Es la misma providencia por la que los jefes de las Auc se declararon en rebeldía desde el martes y por la que ayer los banquillos de dos de ellos -'Juancho Prada' y 'Monoleche'- estuvieron vacíos en las fiscalías de Justicia y Paz de Barranquilla y Medellín.
"Les he pedido al Ministro del Interior y al Secretario Jurídico de Presidencia que invitemos a la Corte a un diálogo de cara al país sobre el tema, porque el proceso de paz es del Estado y no es capricho del Presidente", dijo Uribe.
Vuelve y juega el proyecto
El mandatario anunció que retomará la idea de revivir la figura de la sedición para los paramilitares, un tema del que se habló a mediados del año pasado -cuando la Corte Constitucional tumbó el artículo 71 de Justicia y Paz por razones de trámite- pero que no ha tenido eco político.
"O que reviva la sedición, excluyéndola para los servidores públicos, o que nos den la alternativa de otra figura que permita que, sin ninguna duda y sin ningún temor, a esos a quienes no les han aparecido otros delitos se les pueda dar la figura de cesación de la acción penal", dijo Uribe.
El argumento del Gobierno es que hay 18 mil desmovilizados que no tienen definida su situación jurídica, tras el fallo de la Corte Constitucional.
Altas fuentes de la Fiscalía confirmaron que, literalmente, no saben qué hacer con ellos, pues no les pueden dar ningún paz y salvo judicial, pero tampoco están en capacidad de investigarlos, por física falta de recursos.
Uribe reiteró que no ve diferencia entre los delitos de los 'paras' y los de la guerrilla: "No entendería que sobre un cadáver mutilado se pueda decir que el autor de ese crimen es un guerrillero con ideales y sobre otro cadáver mutilado se pueda decir que es un delincuente paramilitar".
La reacción de la Corte fue contundente. Su presidente, César Julio Valencia, afirmó que el tribunal no está obstaculizando el proceso de paz y dijo que no permitirá injerencias de otros poderes en las decisiones de la justicia.
Y el presidente de la Sala Penal, Alfredo Gómez, dijo que la amnistía y el indulto son figuras exclusivas para los delitos políticos y que el problema está en una debilidad de la Ley de Justicia y Paz y no en la interpretación de la Corte.
En la polémica terció el viceprocurador, Carlos Gómez, quien dijo que "el legislador tiene ciertos poderes, pero no es omnipotente para convertir pan en vino".
Precisamente, en caso de que el proyecto sea aprobado quedan serias dudas sobre su futuro en la Corte Constitucional. Ese tribunal no se pronunció de fondo sobre el polémico tema. Pero la Corte Suprema advirtió que equiparar lo que hicieron los 'paras' con sedición es un "imposible jurídico" que va contra la Carta del 91, los tratados internacionales y la jurisprudencia.
"La Corte no es obstáculo para el proceso de paz. Lo que sí reclama es autonomía. No podemos aceptar ninguna injerencia".
César Julio Valencia, presidente de la Corte Suprema.
¿Qué pasará con los ex 'paras' que no acudan a las audiencias?
Ayer, un día después de que los 'paras' desmovilizados dijeron que suspendían sus confesiones hasta tanto la justicia no les aclare su futuro jurídico, Javier Roldán, 'Monoleche', y Juan Francisco Prada, 'Juancho Prada', se negaron a continuar sus versiones libres en la Fiscalía de Justicia y Paz en Medellín y Barranquilla, respectivamente.
Sin embargo, el propio presidente Álvaro Uribe les advirtió que quien no siga con el proceso podría perder los beneficios que les otorga la Ley 975.
Según la Fiscalía, quienes desistan de las diligencias quedarían por fuera de la ley y sus procesos pasarían a la justicia ordinaria. En esa jurisdicción podrían enfrentar penas de hasta 40 años, mientras que en Justicia y Paz la máxima sería de 8.
Este fue el caso de la discordia
El proceso sobre el que la Corte Suprema falló el 11 de julio pasado y que motivó la rebelión 'para' es el de Orlando Caballero Montalvo.
El 22 de noviembre del año pasado, el Tribunal Superior de Antioquia negó una solicitud para que se cerrara el caso que Caballero tiene en su contra por paramilitarismo.
El ex 'para' había solicitado esa prebenda con el argumento de que se desmovilizó del bloque 'Élmer Cárdenas' y que la Ley de Justicia y Paz temporalmente equiparó el concierto para delinquir de los 'paras' con la sedición, que es amnistiable e indultable.
En su fallo, la Corte hizo un duro pronunciamiento sobre la Ley: "Hay razones superiores para cuestionar la legitimidad de las decisiones legislativas que soterradamente pretenden introducir beneficios a determinada clase de delincuentes. Resultan político-criminalmente precarias, jurídicamente incorrectas y moralmente injustas".
Abelardo de la Espriella, abogado de varios de los 'parapolíticos' y defensor de la idea de que se les procese por sedición y no por concierto para delinquir, anunció ayer que entablará una tutela para que se cierre el proceso contra el ex 'para' de Urabá.
Las dos caras de Justicia y Paz
En estos dos años, el punto débil de la Ley de Justicia y Paz han sido las víctimas.
Esta fue la conclusión del foro 'Desarmando la Violencia y Armando la Paz', en la Universidad Santo Tomás, donde se hizo un balance a los dos años de esa legislación.
Eduardo Pizarro Leongómez, presidente de la Comisión Nacional de Reparación (CNR), dijo que una de las sombras ha sido la inseguridad para las víctimas, por la aparición de nuevos grupos 'paras' en 16 departamentos.
Sergio Caramagna, de la OEA, resumió: "El proceso de Justicia y Paz tiene sus grandes dificultades... Pero ha debilitado la cadena de mando de ejércitos poderosos y ha brindado posibilidades de espacios a las víctimas para que el pasado no se cancele con impunidad". Unos 500 homicidios han sido aclarados gracias a las versiones de los 'paras'.
Otro de los problemas es el número de procesos que debe resolver la Fiscalía. La OEA, la Procuraduría y la CNR pidieron más recursos.
Sobre esto, el presidente Álvaro Uribe anunció que, para el 2008, se adicionaron al presupuesto de la Fiscalía 75.000 millones de pesos para 25 fiscales y 800 investigadores (hoy ascienden a 23 y 150, respectivamente).
Publicado en www.eltiempo.com
lunes, 30 de julio de 2007
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario