Para rescatar cadáveres de los diputados muertos en poder de las Farc, el Gobierno prefiere a la OEA

Julio 1 de 2007 -
Para rescatar cadáveres de los diputados muertos en poder de las Farc, el Gobierno prefiere a la OEA
El presidente Uribe habló ayer con el secretario general del organismo, José Miguel Insulza, y le pidió concretar su colaboración. Aceptar una comisión de encuesta implica admitir que hay conflicto.


Además, el Gobierno se siente más cómodo y confiado con la OEA para la tarea de recuperar los cuerpos y hacer los exámenes del caso, pues, de hecho, considera que el papel que ha jugado el organismo en el proceso con los paramilitares avalaría ese papel, aunque es una incógnita cuál será la respuesta de las Farc.

El viernes pasado, cuando el Gobierno esperaba que los delegados de Francia, Suiza y España condenaran a las Farc por el asesinato de los diputados del Valle, secuestrados en el 2002, se conoció el comunicado en el que los ministerios de Exteriores de esos países proponían que se acudiera a la comisión de encuesta, creada en los protocolos de Ginebra para situaciones de guerra.

Pero la tesis de que en Colombia no hay conflicto, sino amenaza terrorista, que ha defendido a lo largo de sus cinco años de gobierno, está detrás de la dura reacción del Presidente a la propuesta de los tres países amigos del acuerdo humanitario de convocar a la comisión de encuesta.


Por esa sugerencia, el Gobierno cree que los países facilitadores hicieron una "interpretación acomodada" de la petición que el presidente Uribe hizo el pasado jueves, cuando pidió a la comunidad internacional solidaridad y apoyo para conformar una comisión forense que investigue el asesinato de los 11 diputados.


La Cancillería colombiana aseguró que los tres países "desconocen los esfuerzos hechos por el Gobierno colombiano para lograr la liberación de los secuestrados" y que tratan de poner al Estado y a las Farc en el mismo nivel.


"Nos sentimos mal interpretados. Eso no fue lo que el presidente pidió", explicó el canciller Fernando Araújo a EL TIEMPO.


El asunto es que esa figura es vista por los Estados como una especie de sanción, pues implica que en sus territorios hay una situación que se sale de su control.


De hecho, parte de la estrategia diplomática de Colombia en los últimos años ha sido desactivar las propuestas de comisiones de encuesta para el país por derechos humanos, especialmente la violencia contra sindicalistas.


Otras reacciones


Mientras el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Augusto Castro, llamó a estar abiertos a la ayuda externa para resolver el conflicto, monseñor Fabián Marulanda, secretario de la Conferencia, encontró válida la reacción del Presidente.


"Me parece que toda injerencia de gobiernos extranjeros en lo que se refiere a la política de paz debe ser rechazada, porque esto debe ser competencia exclusiva del Estado colombiano", dijo el prelado.


El ex procurador Jaime Bernal Cuéllar, por su lado, señaló que ese tipo de mecanismos suelen "no reconocer la realidad que se vive en los diferentes países y no reconocer los esfuerzos de los Estados por resolver los problemas".


El ex canciller Augusto Ramírez Ocampo señaló que el mecanismo podría servir y recordó en el caso de Machuca, por ejemplo, el gobierno Pastrana sugirió utilizarlo.

Los estados la ven como un castigo

En 1991 fueron elegidas 15 personas para conformar la Comisión Internacional de Encuesta, cuya función es "investigar las quejas por violaciones graves o infracciones al DIH".


Es un organismo independiente que entra a operar si hay solicitud y apoyo expreso de las "partes beligerantes" en una situación de guerra o conflicto, un término que precisamente es visto con reserva por los países que tienen conflicto interno, como Colombia.


Aceptarla en este caso, según internacionalistas consultados por EL TIEMPO, podría ser interpretado como un reconocimiento a las Farc como opositor legítimo.

Publicado en www.eltiempo.com