Procuraduría destituye nueve militares por asesinato de dos civiles en Norte de Santander
La sanción cobija a un capitán y a ocho soldados profesionales que en 2005 dispararon contra un funcionario público y un campesino en el municipio La Esperanza, al suroccidente del departamento
Los militares simularon un combate, alteraron la escena de los hechos e hicieron pasar a dos civiles como paramilitares que abrieron fuego con armas cortas y que murieron en un combate. “Quemaron algunos elementos que llevaba una de las víctimas en un bolso cuyos fragmentos fueron luego recuperados en la escena y reconocidos por sus familiares (...) requisaron los cuerpos, sacaron sus documentos y después por el apuro de las circunstancias, dejando la cédula de Edyt Salcedo Vergel en la billetera de Edison Martínez Pacheco”, señaló la Procuraduría.

Por estos hechos que ocurrieron el 31 de mayo de 2005 en el departamento de Norte de Santander, la Procuraduría profirió una de las sanciones más drásticas en su historia y destituyó a un capitán y ocho soldados profesionales del Ejército que ejecutaron el asesinato en la vereda Los Planes del municipio La Esperanza. Además, los inhabilitó por 20 años para ocupar cargos públicos y contratar con el Estado.

El capitán William Lara; los soldados profesionales Jaime Caballero, Enrique Meza, Cristian Santos, William Plata, Marco Yesid Araque, Cristian Durán, Nelson Ortiz y Edgar Araque, miembros del Batallón de Infantería No. 14 “Antonio Ricaurte” del Ejército, fueron cobijados con la medida disciplinaria dada la grave falta que cometieron. Las víctimas, según el Ministerio Público, fueron asesinadas de forma injustificada y en condición de indefensión.

“El descrédito al que sometieron a la institución militar con el consecuente saldo negativo por el quebranto de legitimidad ante los administrados, debe alzarse con mayor acento contra el capitán William Lara, quien por su condición de oficial al mando de la unidad militar, tenía a su cargo un mayor deber de buen ejemplo ante sus subalternos”, dice el fallo de primera instancia que admite una apelación.

De acuerdo con las investigación de las autoridades, se cree que los militares actuaron en todo momento de manera “conciente, libre y voluntaria”. Sabían que su comportamiento era ilegal y que estaban desconociendo su deber de respetar el derecho a la vida.

Edyt Salcedo era un funcionario público que trabajaba como coordinador de Desarrollo Rural, y Edison Martínez era un campesino de la vereda. Al parecer, los dos fueron sorprendidos por los uniformados que atacaron a los civiles que se encontraban en la vereda. En ese sentido, el capitán y sus súbditos incurrieron en “falta disciplinaria por infracción grave de las normas del derecho internacional humanitario”, al haberles disparado injustificadamente, “conducta que se realizó a título de dolo”, es decir con mala intención.

El fallo de primera instancia se le notificará al comandante del Ejército, general Mario Montoya.
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