¿Buscan arrinconar a la Sala Penal de la Corte Suprema?
En una jugada de varios alfiles, los investigados por parapolítica vuelven a defender sus causas, atacando a sus investigadores. El magistrado auxiliar y principal investigador de los vínculos entre congresistas y paramilitares, Iván Velásquez, ha sido el blanco principal de la ofensiva de esta semana.
Por María Teresa Ronderos, directora Semana.com
Fecha: 08/13/2008 -
Al comienzo de esta semana, la senadora Nancy Patricia Gutiérrez reveló la grabación que realizó en forma clandestina de una conversación que tuvo con Juan Carlos Díaz Rayo, uno de los investigadores del CTI de la Fiscalía adscritos a la Sala Penal de la Corte en las investigaciones sobre la parapolítica. En la conversación, que la misma Gutiérrez filtró a los medios, Diáz Rayo asegura que el magistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez, quien es coordinador de la investigación que lleva el alto tribunal de los casos de congresistas presuntamente involucrados en parapolítica, ordena investigaciones a los congresistas sin previo aviso a los investigados. También afirma que Velásquez ordenó investigar al senador Germán Vargas Lleras, después de que hubiera renunciado a su curul el 3 de julio pasado.

En entrevista con El Tiempo, Gutiérrez afirmó que había decidido grabar a Díaz Rayo porque él le había dicho que en los informes “no podía colocar cosas buenas que favorecieran a los investigados”. Dijo Gutiérrez que “esto nos generó gran preocupación con el abogado y consideramos que era necesario tener una prueba”.

A las denuncias de la ex presidenta del Congreso, quien es investigada por el presunto apoyo que recibió de paramilitares de Cundinamarca, se sumó la voz del presidente Álvaro Uribe, quien pidió a la Justicia que tomara en cuenta sus declaraciones y además denunció que conocía el rumor de una supuesta extorsión de la que era víctima un congresista, sin precisar nombre, por cuenta de integrantes del Alto Tribunal.

Así mismo, el sábado 9 de agosto, el diario El Espectador publicó un reportaje en el que Betty Barreto, quien fue cocinera del jefe paramilitar Martín Llanos, dijo que el magistrado Velásquez y otros dos investigadores del CTI de la Fiscalía (el mencionado Díaz Rayo y Rafael Castiblanco), la invitaron a tomar licor, según fue citada por el diario, para sacarle información sobre las reuniones de su patrón con autoridades políticas. “Yo creo que ellos querían emborracharme para que yo hablara”, escribió el diario.

Según El Espectador, los funcionarios le preguntaron por Germán Vargas Lleras y ella se negó a darles información. El diario contrastó la opinión de la cocinera del paramilitar prófugo y aún muy poderoso en Casanare, con la del magistrado. Según el magistrado si fueron a tomar un trago, pero nadie quiso emborrachar a nadie, conversaron largamente sobre la historia de las autodefensas en el Casanare que Barreto conocía bien, y nadie la forzó para que hablara de algún congresista en particular.

Puestos así los hechos, la sensación que probablemente le queda al ciudadano del común, es que los magistrados, y en especial Velásquez, deben estar haciendo mal trabajo pues han desatado una cacería de brujas contra los congresistas. Sin embargo, si se mira la cosa con perspectiva, el hecho de que los tres ataques se dieran al tiempo no parece mera casualidad

Para empezar, ¿qué hace una investigada por parapolítica, como lo es la senadora Gutiérrez, pidiéndole información reservada a un funcionario investigador de la Fiscalía sobre cómo lleva la Corte sus procesos? ¿Y qué hace un investigador con una carrera destacada como Díaz, que tenía acceso a información privilegiada de la estrategia investigativa de la Corte, compartiéndola con la persona investigada?

De hecho, según información de la misma Fiscalía, Díaz fue retirado de su función investigadora de apoyo a la Corte por esta conducta. Y hoy está en otras labores.

En cualquier película de abogados estadounidense dirían que eso se llama obstrucción a a la justicia, pero resulta que ese delito no está tipificado por la ley penal colombiana. El que sí existe en el código es el de abuso de autoridad por acto arbitrario. Y según penalistas consultados, la Fiscalía debería investigar si se pudo haber cometido este delito y debería retirar al Díaz del CTI por lo menos mientras se aclara el asunto.

La Sala Penal de la Corte Suprema solicitó hoy a la Prcuraduría que investigue a Díaz
"quien se ha puesto en contacto con personas sometidas a investigación, como es el caso de la Senadora Nancy Patricia Gutiérrez, a quien reveló supuestas irregularidades en el manejo de los procesos de la denominada parapolítica".

En su denuncia, el presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sigifredo Espinosa, señaló que Diáz había "distorsionado las directrices que esta Corporación ha observado en relación con las investigaciones que son de su competencia" y que había hecho cargos que no son ciertos y afectan el nombre de la Corte. .

Muchos observadores políticos han dicho además que la Fiscalía también debería estar investigando a los involucrados en otra andanada para dañarle la honra y el buen nombre al magistrado Velásquez, cuando se inventaron que él había presionado al testigo ex paramilitar alias Tasmania para que acusara al Presidente Uribe de un delito. La propia Fiscalía que investigó el caso, desestimó las acusaciones contra Velásquez, luego del que el propio Tasmania dijera que había mentido por consejo de su abogado, el mismo del narcotraficante extraditado, alias el Tuso Sierra.

Entre los involucrados en este caso, además de Tasmania y su abogado, están el hermano del presidente Uribe, Santiago, quien llevó la carta con el falso testimonio de Tasmania a la Casa de Nariño, y el primo y aliado político del Presidente, el senador Mario Uribe, pariente político de Sierra, y amigo y vecino de finca del abogado. Entonces, la Corte acababa de llamar a indagatoria a Mario Uribe por posibles vínculos con el paramilitarismo, cuando se desató el escándalo contra el magistrado investigador del caso.

Entonces, como ahora, el Presidente salió a pedir investigaciones especiales contra los magistrados de la Corte.

En esta nueva ofensiva contra los investigadores, al igual que en el fallido caso de Tasmania, ya empezaron a parecer los huecos en los testigos contra el magistrado Velásquez.

En entrevista con La FM, este martes, Betty Barreto, la cocinera del paramilitar llanero Martín Llanos, dijo que El Espectador la había citado mal. Reiteró que cuando se reunió con los investigadores sí tomaron licor, pero que en ningún momento fue presionada para entregar información y que en la reunión que se extendió hasta las 12 de la noche sólo hablaron de cosas, distintas a las relaciones de su ex patrón con políticos. “Nos tomamos los tragos pero hablamos de otras cosas que nada tienen qué ver con eso, dijo Barreto. A la pregunta por si los investigadores preguntaron por Vargas Lleras, Barreto respondió: “Ellos no me mencionaron nombres, me preguntaron qué sabía de los políticos, pero no me mencionaron nombres”.

También aseguró que nunca más volvió a ver ni a hablar con los investigadores.

Lo que confirma que el magistrado Velásquez, tanto en el caso Tasmania, como en este, había dicho la verdad desde el principio.

Podría argumentarse que a pesar de haber obtenido la grabación del investigador del CTI en forma clandestina, sus comentarios ponen en evidencia que los métodos investigativos del magistrado Velásquez no serían tan rigurosos.

Diáz dice en la grabación que el magistrado investiga congresistas a sus espaldas. Sin embargo, es necesario aclarar que una tarea que la Sala Penal de la Corte encomendó al magistrado auxiliar Velásquez, fue precisamente hacer averiguaciones preliminares sobre quiénes podrían estar involucrados en el fenómeno de la parapolítica para poder tener algunos indicios a la hora de abrir formalmente una investigación.

“Ningún organismo judicial o de control puede abrir una investigación formal, si antes no tiene unas mínimas evidencias de que pudo haber cometido un delito o una falta”, dijo Armando Novoa, presidente de la Fundación Plural dedicada a investigar asuntos constitucionales.

Sobre lo segundo que dijo Díaz, que el magistrado investigaba a Vargas Lleras cuando ya no era congresista, es difícil creer que un magistrado de la experiencia de Velásquez haga algo tan torpe como investigar a alguien sobre el cuál no tiene jurisdicción. Entonces la probabilidad mayor es que por alguna razón que tendrá que investigar la justicia, Díaz pudo haber mentido para favorecer a una investigada con quien ya había cometido el error de pasarle información confidencial de la investigación.

No es de extrañarse entonces que este martes, en una reunión extraordinaria de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados al unísono, respaldaron, de manera "contundente y enfática", la labor de Velásquez como coordinador de la Comisión de Apoyo Investigativo. Es decir, los magistrados constataron que no había nada indebido en la labor de Velásquez.

El propio magistrado Velásquez dijo luego a los medios, que el motivo de las acusaciones en su contra radicaba en que él es visto como el motor de las investigaciones. “Desde 2005 que empezamos las investigaciones contaba con que podían haber actitudes de ciertos sectores para tratar de afectar el normal desempeño de las actividades. Ha habido actuaciones muy indebidas muy reprochables con el propósito de afectar mi imagen y la credibilidad de la Corte”, dijo Velásquez.

Tampoco es inesperado, que el Congreso, con más de 60 de sus miembros involucrados en investigaciones por presuntos vínculos con el paramilitarismo o con las guerrillas de las Farc, haya salido a avalar los argumentos de la senadora Gutiérrez de que no se está respetando el debido proceso en las investigaciones judiciales a sus miembros.

El presidente del Legislativo, el senador conservador Hernán Andrade, dijo que en el proceso de la parapolítica había un “cartel de testigos”. En sus declaraciones dijo que había que creerle al Presidente la versión de la supuesta oferta de dinero que le han hecho a senadores y calificó como valiente la denuncia de Gutiérrez.

“Todo lo que se ha dicho es muy grave, y hay que creerlo si lo dice el Presidente que es la primera autoridad política del país, pero debemos esperar que él mismo soporte la misma revelación", aseveró.

El problema es que el presidente Uribe en su denuncia de una supuesta extorsión a un congresista por parte de un magistrado, no dio nombres ni fechas. Sólo sembró una duda más sobre la transparencia del Alto Tribunal, sumándose así al coro de voces que han salido, todas a una, a cuestionar la legitimidad de las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia.



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