En los últimos cinco años, las ejecuciones extrajudiciales atribuibles a la Fuerza Pública aumentaron en un 65 por ciento

En los últimos cinco años, las ejecuciones extrajudiciales atribuibles a la Fuerza Pública aumentaron en un 65 por ciento

Un informe preliminar de la Misión de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia revela el incremento de los abusos cometidos contra la población civil.

La última vez que lo vio, iba montado en su caballo. Sixto Guzmán había salido de su casa en dirección al potrero para darles sal a unos terneros. Pero no volvió a la hora del almuerzo. Martha Liliana González, su esposa, lo esperó hasta las 4 de la tarde del 13 de septiembre, y en vista de que no llegaba, decidió caminar hacia donde suponía que debía estar. Los hechos ocurrieron en la vereda El Cóndor del corregimiento de Puerto Rico, Caquetá.

Una tragedia se cernía. Entró a la casa de una de sus vecinas, que aseguró haberlo visto. En su cara se advertía la palidez que produce el terror. Su vecina le contó que a él se lo habían llevado unos uniformados. Pero que no fuera sola porque podía ser peligroso, estaban armados y pedían información acerca de la zona. Que Sixto se había negado a guiarlos por los caminos, le habían quitado el caballo y lo habían amarrado.

Pasados unos minutos, a las 4:30, sonó una ráfaga de fusil. Luego, unos estallidos de granada. El pánico sobrecogió a las dos mujeres y a un hermano de Sixto, que para ese momento había llegado a buscarlo. Cuando pasó el ruido de las explosiones, media hora más tarde, Martha Liliana se lleno de coraje y fue a encarar a la escuadra del Batallón Cazadores que custodiaba el camino.

Uno de los soldados salió a su encuentro y le preguntó que para dónde iba. Ella contestó “devuélvame a mi esposo”. Martha Liliana pudo advertir, como contaría más tarde, que a unos metros se encontraba amarrado el caballo y a un lado del camino estaba lo que parecía un cuerpo, cubierto con hojas de helechos.

La pesadilla apenas comenzaba. Le dijeron que si ese caballo era suyo, que se lo llevara. Ella replicó que si no le entregaban a su esposo, los demandaría. “Ustedes hacen pasar a la gente como guerrilleros y les ponen armas para decir que mataron a unos bandidos”, les dijo indignada. La amenazaron, la grabaron con la cámara de un celular y le dijeron que volverían por todos los guerrilleros. “Nunca hubo un enfrentamiento con ningún grupo en la zona”, aseguraría Martha Liliana después.

Pasados tres días de búsqueda, de averiguar en la Sijín de Florencia, en el Batallón, Martha Liliana, junto con su hermano Alberto, logró encontrar el cadáver de Sixto. Fueron informados por el CTI de que dos cuerpos habían sido remitidos como N.N. de Cartagena del Chairá y que estaban en la Morgue de Florencia. Finalmente, el cuerpo les fue devuelto el lunes 16 de septiembre a las 4:30 de la tarde.

Hoy son muchas las preguntas que se abren para una familia de la cuál quedan tres hijos menores de edad y una mujer de 27 años. “Para ella ha sido muy difícil. Los niños no quieren volver a estudiar y el Ejército sigue en la zona” dice Alberto, su hermano. Todavía no se esclarecen los hechos, aunque ya fue radicada una denuncia en la Personería. ¿Por qué lo mataron?, ¿a dónde lo llevaron después?, más que preguntas por la verdad, es el clamor de una madre y esposa que está a la espera de justicia, con una mezcla de temor y coraje al mismo tiempo.

Inquietante coincidencia

En los últimos cinco años, las ejecuciones extrajudiciales atribuibles a la fuerza pública aumentaron en un 65 por ciento con respecto a los cinco años anteriores, al pasar de 577 a 955 casos. El asesinato de Sixto aún no entra en el registro de estos, debido a que es muy reciente. Pero si cumple con las características que tienen la mayoría. En un informe preliminar presentado esta semana por la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (Cceeu) se evidencia lo escabroso del tema.

Entre junio de 2002 y julio de 2006, las ejecuciones extrajudiciales tuvieron lugar en 27 de los 32 departamentos del país. Los casos aparecen en el marco de operativos militares anti-insurgentes, donde las víctimas, campesinos o indígenas en su mayoría, son capturadas en inmediaciones de su domicilio. Luego de la ejecución, son vestidos con prendas militares o reportados como “personal armado”, cuando los testimonios de sus familiares declaran que desaparecieron con su ropa habitual. A esto se suma la negligencia en el peritaje, la ocultación de información importante, o el hecho de que sea la “jurisdicción penal militar” la que lleva a cabo la investigación, lo que no garantiza su imparcialidad.

El Observatorio de derechos humanos y derecho humanitario de la Cceeu, conformado por observadores internacionales de Estados Unidos, Gran Bretaña, España, Alemania y Francia, establece cuatro características que revisten las ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la Fuerza Pública en Colombia:

* El aumento coincide con la política de “Seguridad democrática”
* Se han cometido en una porción importante del territorio nacional.
* Responden a patrones claros que se repiten en todo el país, independientemente de la unidad militar o policial implicada.
* Existe una intención deliberada de mantener en la impunidad esos casos. La mayoría está en la jurisdicción penal militar.

Según la Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad, en Colombia “existe suficiente evidencia para creer que la Fuerza Pública practicó esas ejecuciones”. Sin embargo, muchas son presentadas como un éxito militar, y la situación de la familias se agrava ante la descalificación reiterada que el Ejecutivo hace, en cabeza del presidente Uribe, cuando atribuye las investigaciones en materia de Derechos Humanos a una estrategia de la guerrilla.