¿Qué pasa con los poderes del Estado?

¿Qué pasa con los poderes del Estado?

La disputa entre el Presidente y la Corte, deja en entredicho la institucionalidad de los poderes. ¿Cómo puede terminar este choque de trenes? Análisis de Semana.com
Por César Paredes
El concepto de “choque de trenes” se ha acuñado a un fenómeno relacionado con las discrepancias entre los poderes. En los últimos meses, las altas Cortes han hecho manifiestos, argumentos que no corresponden con los intereses del Ejecutivo y viceversa. Apropiado o no, el término alude a las recurrentes diferencias de intereses entre los organismos del Estado, que se vuelven periódicas, con un Ejecutivo ávido de figurar en los medios y dirigir la opinión pública y una Corte que enfrenta el reto de juzgar delitos como la para-política y el paramilitarismo.

Para mencionar un ejemplo, días atrás el tema de la interpretación de la Ley de Justicia y Paz revirtió en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que dejó en evidencia las limitaciones de la Ley para juzgar a los paramilitares rasos por el delito de sedición. En consecuencia, los paramilitares de base tendrían que juzgarse por delitos comunes. Inmediatamente la reacción del ejecutivo fue señalar a la Corte por impedir que el proceso de paz con los paramilitares tuviera buen curso. En el escenario entró el Congreso de la República, para formular una Ley que proveyera la figura necesaria para poder juzgar a los paramilitares de base exentos de la Ley de Justicia y Paz.

Luego de las desavenencias, se habló de la intención del Ejecutivo de tratar de influir en la Corte, de falta de delimitación de los poderes, del fenómeno de “des institucionalización”, causado por las declaraciones del Presidente, entre otras cosas.

Ahora el pleito entre la Corte Suprema de Justicia y la Casa de Nariño tiene una dimensión superlativa. Se trata de las acusaciones que hace la Corte al presidente Uribe, de tratar de torpedear a la justicia, luego de que este le pidiera a la Fiscalía que adelantara una investigación para establecer si el magistrado Iván Velásquez, responsable de investigar a los para-políticos, ofreció prebendas a un paramilitar para involucrarlo en un crimen. El Presidente, de cierta manera, pone en entredicho la función de la institución al hacer pública su petición.

El hecho revive la querella entre los poderes en la que se abren preguntas sobre ¿qué está pasando con las instituciones?, y ¿cuál debe ser la relación entre los poderes del Estado?, entre otras.

Para el Decano de la Escuela de Ciencias y Humanidades de la universidad Eafit de Medellín, Jorge Giraldo, el fenómeno tiene una explicación que radica en la apuesta de los sistemas de democracias constitucionales, en los que el poder judicial tiene una mayor visibilidad. Para él, es de esperarse que hayan salidas de los representantes de las instituciones ante los medios, a defender sus puntos de vista o a acusarse mutuamente, no como un síntoma de debilitamiento, sino antes bien, de fortalecimiento de las instituciones del Estado.

“La institucionalidad colombiana es de pesos y contrapesos. Desde que se empezó a aplicar la Constitución de 1991. Ahora tenemos una Corte Suprema activista y un ejecutivo deliberante. Hay un cambio evidente. Por ejemplo, cuando la Corte pone talanqueras al Ejecutivo y es tajante en las decisiones frente a la Ley de Justicia y Paz. Pero ante esa institucionalidad en funcionamiento, no se puede esperar que exista la armonía, la pasividad, la mesura de antes”, dijo.

Respecto de las consecuencias, el analista plantea que la deliberación pública de los poderes de manera beligerante puede tener consecuencias negativas.

Para la Directora del Observatorio “Congreso Visible” de la Universidad de los Andes, por el contrario, hay una evidente des institucionalización. Cuando el presidente Uribe sale a acusar o a pedir que uno de los miembros de la Corte entregue información sobre una investigación, hay una injerencia política sobre uno de los poderes legítimos de una democracia, lo que procura su detrimento.

El hecho obviamente, es negativo, pues ante la opinión pública la Corte aparece debilitada. “Cuando la institución se ve permeada por la emotividad los resultados no pueden ser buenos”, dice.

Una de las frases utilizadas por el Presidente para justificar su petición de la investigación fue: “el juez natural de un Estado de Derecho es la opinión pública”. Entre líneas se advierte la transferencia de una función de un organismo del Estado a un ente abstracto que es la “opinión pública”. “Esta frase es ilustrativa del desprecio que el Ejecutivo manifiesta por las instituciones. Nunca la opinión pública, se puede sobreponer a una de las ramas fundamentales del poder. No es que no estén establecidos los límites de los poderes, es que el Presidente se empeña en desdibujarlos”, agregó la analista.

Sin embargo, el Presidente esgrime el argumento de que en su gobierno ha habido un aumento en la inversión para el fortalecimiento de las instituciones. A lo que el presidente de la Corte, Julio César Valencia Copete, contestó esta semana que ese era el deber del Ejecutivo, y eso no amerita darle las gracias.

Es entendible que en una democracia la confrontación de los poderes es necesaria para el buen funcionamiento de sus instituciones. Según Rafael Rubiano, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia: “En los sistemas democráticos deben confrontarse los poderes. Pero el presidente Uribe dirige la disputa a un terreno donde se avoca como el representante del sentimiento del país. De esta manera desacredita la institución judicial, lo que genera confusión en la opinión pública”.

El hecho sin precedentes, pone en evidencia una transformación de la forma de ejercer el poder, en la que el presidente Uribe se proclama adalid de la democracia. Sin embargo, no queda claro que, si bien, para la democracia no es sano el unanimismo de los poderes, mucho menos lo es procurar el descrédito de uno de ellos.