Y de las víctimas qué?
Formalmente los gobiernos se comprometieron a garantizar la reparación a las víctimas. ¿Qué pasará con la verdad y la justicia?
Fecha: 05/14/2008 -
El camino de la extradición a los paramilitares lo abrió Carlos Mario Jiménez, Macaco, el pasado 7 de mayo, cuando luego de una pelea jurídica que duró más de un mes, el Consejo Superior de la Judicatura tumbó la tutela que había frenado durante un par de semanas la extradición del jefe paramilitar del Bloque Central Bolívar.

La tutela interpuesta por las víctimas pedía que, hasta no responder ante la justicia en Colombia, los jefes paramilitares pedidos en extradición no fueran llevados a Estados Unidos, como mecanismo para que quienes sufrieron por el accionar de estos grupos pudieran acceder a la justicia, la verdad y la reparación.

El Consejo Superior de la Judicatura, sin embargo, declaró improcedente esta acción de tutela porque, de acuerdo a la sentencia, las víctimas pueden ser reparadas por decreto y porque la extradición “no impide que puedan continuar las investigaciones y juicios a que hubiera lugar, puesto que la justicia colombiana no pierde la competencia para seguir adelantando dichas actuaciones”.

De acuerdo a esta sentencia, la extradición y la ley de Justicia y Paz no se excluyen la una a la otra. El ejecutivo ha dicho que, por lo menos en cuanto a reparación, las víctimas pueden estar seguras de que se les cumplirá.

“El Gobierno ha pedido, y los Estados Unidos han aceptado, que la riqueza que las personas extraditadas entreguen por acuerdos con jueces de ese país se dedique a reparar a las víctimas colombianas. Nada se opone a que la reparación moral se lleve a cabo desde los Estados Unidos”, dijo en su alocución de este martes al mediodía el presidente Uribe.

¿Verdad y justicia?

Pero pese a lo que han dicho las Cortes, y a lo que ha refrendado el Ejecutivo, las víctimas se muestran enfáticas en demandar verdad y justicia antes que una reparación económica.

Eduardo Pizarro, presidente del Comité Nacional para la Reparación y la Reconciliación, dijo a Semana.com, que la víctima promedio de los grupos paramilitares en Colombia es una mujer madre cabeza de familia, de origen rural, con primaria incompleta y entre los estratos cero y uno. Perfil que se debe tener en cuenta cuando se plantee el acceso a la justicia de estas víctimas.

El mecanismo operativo a través del cual en los días venideros éstas personas podrán acceder a la verdad y a la justicia, no es del todo claro ni del todo convincente. El representante del Movimiento de Víctimas de los Crímenes de Estado, Iván Cepeda dijo temer que con el anuncio de la reparación económica se crea que ya los victimarios cumplieron con su deber.

Cepeda también contó que en el viaje que recientemente hizo a Estados Unidos, el grupo de víctimas al cual representa hizo contactos con abogados de éste país para que los representen. “Lo primero es entregarle el poder de representación a los abogados. Luego, que se evite cualquier tipo de acuerdo que vaya a lesionar los derechos de las víctimas”. Esta sería una de las formulas que estarían a disposición de las víctimas para demandar de sus victimarios aquellos derechos que están en duda.

En carta fechada este miércoles al embajador William Brownfield, la Comisión de Reparación invoca la ley Alien Torts Claims Act –ley para demandar agravios cometidos por extranjeros- como estrategia para evitar el detrimento de los derechos de las víctimas. De acuerdo a lo dicho por Pizarro, esta ley ha sido efectiva en más de un centenar de casos similares en Estados Unidos, donde han sido juzgados ciudadanos foráneos. Posiblemente esta fórmula se aplique a los paramilitares extraditados, paralelamente a los procesos que enfrentan por narcotráfico en Estados Unidos.

Con la Corte Penal Internacional también hay posibilidades para que los crímenes de lesa humanidad,- algunos de los cuales ya han sido confesados- cometidos por los jefes paramilitares extraditados no queden impunes. El abogado Jorge Gómez Pardo, experto en derecho internacional, dijo que si bien la CPI aún no tiene competencia en Colombia para juzgar delitos de guerra, o genocidios, si la tiene para juzgar los de lesa humanidad. “Si el país no tiene disposición o capacidad para juzgarlos, ahí entraría la Corte Penal Internacional”, dijo en diálogo telefónico con Semana.com. Una última formula a la cual se podría invocar de fallar las anteriores.

Las formulas judiciales existen, y en caso de no ser útil alguna, lo sería la otra. Sin embargo, el problema del acceso a la verdad y a la justicia sigue sin resolverse. Estos mecanismos no garantizan que esa mujer, cabeza de hogar, sin estudios, del campo y sumida en la pobreza, pueda reclamar la verdad, la justicia y la reparación a la cual tiene derecho.




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