Ya no brilla la estrella del ejército
El coronel Hernán Mejía Gutiérrez y tres militares permanecerán recluidos mientras se termina de investigar su presunta vinculación con grupos paramilitares y varios homicidios. Ya son 32 los militares de este batallón investigados por falsos positivos, entre otros delitos.
Fecha: 05/07/2008 -
La Fiscalía dictó medida de aseguramiento contra el coronel Hernán Mejía Gutiérrez y el teniente coronel José Pastor Ruiz Mahecha por los presuntos delitos de concierto para delinquir, conformación de grupos armados al margen de la ley y homicidio. La misma orden cobija al sargento primero Aureliano Quejada y al suboficial retirado Efraín Andrade Perea. Los militares permanecerán recluidos en una guarnición militar en Bogotá. Con ellos, serían 32 militares del Batallón la Popa en Valledupar que están siendo investigados por varios delitos, pero principalmente, por falsos positivos.

La investigación contra estos oficiales se inició hace un poco más de un año, cuando el Ministro de Defensa Juan Manuel Santos, anunció en una rueda de prensa en Tolemaida en enero de 2007, que el Coronel Mejía Gutiérrez sería relevado de su cargo por las denuncias de un ex suboficial, que fue su escolta. El ex suboficial afirmaba que el Coronel, quien gozaba de una excelente reputación en las filas del ejército, había cometido varios asesinatos en un afán por mostrar bajas como comandante en esa región y había realizado alianzas con el Bloque Norte de las AUC. La gravedad de las denuncias del ex suboficial hicieron que el caso se trasladara de inmediato a la Fiscalía.

Recién llegó Mejía al batallón, conformó un grupo especial con 14 militares que se llegó a conocer como el grupo Zarpazo, de reacción rápida y que sospechosamente, cada vez que salía a realizar operaciones producía bajas. Entre 2002 y 2004, mientras Mejía estuvo a cargo del batallón también aumentaron los asesinatos de los indígenas kankuamos en la zona (Solo en el primer semestre de 2003 murieron 53). Los kankuamos denunciaron al Batallón de Artillería 2 La Popa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como responsables de varias de esas muertes.

Uno de los casos que está investigando la Fiscalía es el del asesinato de 18 supuestos guerrilleros del Eln en octubre del 2002, que en realidad resultaron siendo paramilitares. Los cadáveres aparecieron vestidos de camuflado y con brazaletes del Eln, pero en los calzoncillos tenían las iniciales de AUC. Además, cuando se produjo la muerte de estos supuestos guerrilleros, los familiares de las víctimas denunciaron que era mentira que ellos pertenecían a la guerrilla.

Según testigos de este caso, al parecer se trató de una especie de purga interna dentro del grupo 'Mártires del Cacique de Upar ' orquestada entre el Coronel Mejía y el jefe paramilitar David Hernández, o alias 39, quien era un amigo de infancia de Mejía, según el ex escolta del coronel. Hernández fue asesinado posteriormente por orden de Jorge 40, pero Mejía y sus tropas fueron los responsables de haber dado de baja al jefe paramilitar.

Ése no es el único caso de homicidio por el cual es investigado Mejía y algunos de sus hombres. La muerte de dos supuestos guerrilleros en el batallón en junio de 2002, que pretendían entrar al campamento, sin armas, y fueron capturados, torturados y luego asesinados también está siendo investigada como otro caso de falsos positivos.

El ex suboficial también confesó que él y el Coronel Mejía estuvieron presentes en una reunión con todos los jefes paramilitares del Bloque Norte: 'Jorge 40', el señor Hernán Giraldo, 'Tolemaida', 'Omega' y '39'. Según el testigo, ese día pactaron entre Mejía y Jorge 40 que él iba a recibir un sueldo de 30 millones mensuales a cambio de que el ejército no se metiera con las autodefensas en la zona. En su testimonio, Mejía le habría entregado fusiles Galil a 39 y a sus hombres para que lo ayudara con los falsos positivos.

El ex escolta también denunció que todas estas muertes se hicieron con la complicidad de la Fiscalía de Valledupar, específicamente con la fiscal Alix Cecilia Daza Martínez, quien durante varios años fue juez superior de Valledupar y que, a pesar de haber dejado de ejercer por mucho tiempo su profesión, fue nombrada por el fiscal Luis Camilo Osorio como directora de Fiscalías de Valledupar. Todavía no se conoce si Daza Martínez será llamada a indagatoria por su presunta colaboración en estos crímenes.

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