Gaulas en la mira

Gaulas en la mira

Justicia Varias de estas unidades del Ejército han resultado involucradas en actos? criminales y 'falsos positivos'. ¿Llegó la hora de reformarlas?

Las investigaciones que adelantan tanto la Fiscalía como las propias Fuerzas Militares sobre la misteriosa desaparición de jóvenes de varias ciudades que luego han aparecido muertos en supuestos combates ha dejado al descubierto una preocupante tendencia: en varios de estos casos hay involucrados miembros de los Gaula del Ejército.

En septiembre pasado la Fiscalía acusó al teniente coronel Álvaro Camargo Camargo, ex comandante del Gaula de Córdoba, así como a un mayor y cuatro militares, por la muerte de dos jóvenes de Caucasia. En 2006 habían sido contactados por un informante del Ejército que los llevó hasta un lugar donde estaban los militares, y allí fueron asesinados para luego ser presentados como muertos en combates. La Fiscalía encontró que los oficiales a cargo del Gaula alteraron las órdenes de batalla para justificar su crimen. Especial gravedad revistió el testimonio del informante, quien dijo que vio "cuando un soldado les disparó a los dos muchachos, mientras los demás soldados disparaban al aire", y agrega que vio cuando un sargento le ponía a cada uno de los muertos una pistola recién disparada al lado. Por llevar a los dos muchachos que iban a ser asesinados para fabricar un 'falso positivo', el informante recibió 600.000 pesos, que le pagaron de los gastos reservados.

Este mismo Gaula adscrito a la Brigada XI resultó involucrado en los asesinatos de 11 jóvenes de Toluviejo, y de otros dos que desaparecieron de Barranquilla.

Pero este no es el único caso. Hace dos semanas un fiscal ordenó la captura de prácticamente todo el Gaula de Casanare por el homicidio de dos civiles que fueron presentados como dados de baja en combate. Un año atrás esa misma unidad había terminado con sus miembros en la cárcel, incluido el coronel Gustavo Soto Bracamonte, que actuaba como comandante, también por ejecuciones extrajudiciales planeadas y ejecutadas de manera muy similar a las de Córdoba.

Los casos se han repetido en Caldas, Tolima, Meta y en la Costa. Especial interés suscitó el caso que se presentó en Puerto Velero, Atlántico. Allí se descubrió que el Gaula del Ejército había participado en el asesinato de seis personas, que fueron presentadas como una banda de secuestradores aniquilada durante un rescate. Pero nunca existió el supuesto secuestro y todo fue un montaje para justificar los crímenes.

La gravedad de estos casos tiene encendidas las alarmas del Ministerio de Defensa, donde se está estudiando la posibilidad de replantear todo el esquema de la lucha contra el secuestro, y en particular qué hacer con los Gaula militares. Estos fueron creados en un momento en que el país enfrentaba 3.500 secuestros al año, incluidos plagios masivos realizados por las guerrillas, como los retenes en las carreteras, el de los diputados de Cali, o el avión de Avianca. Esas acciones desembocaban en cautiverios prolongados en la selva, a la que sólo podían acceder los militares si se quería hacer un rescate. Los Gaula son grupos elite, especializados en operaciones comando, con armamento liviano y muy buen entrenamiento.

Hoy las cosas han cambiado. Según cifras del propio Ministerio de Defensa, el secuestro ha bajado 89 por ciento durante el gobierno de Álvaro Uribe. Y aunque persisten en promedio 500 secuestros al año, por lo menos el 70 por ciento lo comete la delincuencia común, la cual es enfrentada prioritariamente por la Policía y no por las Fuerzas Armadas.

Respecto al bajo desempeño en derechos humanos de muchas de estas unidades, tampoco ha servido la presencia en sus operativos de agentes del CTI o del DAS, que tienen facultades judiciales. En efecto, en algunos casos que tiene en su poder la Fiscalía, esos funcionarios estuvieron más al servicio del encubrimiento de las ejecuciones, que de garantizar el cumplimiento de la ley.

Muchos se preguntan entonces si lo adecuado es reducir los Gaula militares, que actualmente cuentan con 1.500 hombres, y que la labor contra las bandas de secuestradores sea asumida sobre todo por la Policía, y ésta busque apoyo en el Ejército cuando sea necesario.



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