Los pagarés del presidente del Congreso

Los pagarés del presidente del Congreso

El considerado cerebro del desfalco de Cajanal le entregó 250 millones de pesos en efectivo al senador Hernán Andrade días antes de su elección.

Cajanal es uno de los símbolos de la corrupción en Colombia. Se trata del desfalco más grande en la última década en el país. Por esa vena rota se han ido más de 500.000 millones de pesos de una manera sencilla: un cartel de abogados utiliza los nombres de miles de maestros y a través de demandas y tutelas logra que jueces complacientes, o en algunos casos comprados, ordenen el pago de pensiones a las que no hay derecho.
Los maestros, algunas veces, no tienen la menor idea de que su nombre está siendo utilizado para esos propósitos y, según la Fiscalía, en varios casos a los docentes no les llega ni un centavo de las famosas pensiones. Los abogados se quedan con gran parte del dinero.

Lo que nadie se habría imaginado es que varios millones de pesos del multimillonario desfalco fueron a dar a los bolsillos de algunos políticos, entre ellos a los del hoy presidente del Congreso de la República, el senador conservador Hernán Andrade.
La historia se comenzó a destapar el 25 de octubre de 2007, cuando un grupo de agentes del DAS allanó una oficina en Neiva en busca de pruebas para la investigación del desfalco a la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal). Y encontraron lo que para ellos era una verdadera mina de información: decenas de títulos, escrituras, letras de cobro, pagarés y promesas de compraventa.

La mayoría de esos papeles pertenecen a Armando Cabrera Polanco y Jeiner Guilombo, quienes figuran en los expedientes de la Fiscalía como cerebros del desangre de Cajanal. Todo indica que cuando se vieron perseguidos y para evitar que las autoridades descubrieran ese tesoro de su contabilidad, le pidieron a un abogado de su confianza que se llevara todos los papeles y se encargara de todo lo relativo a sus cobros de cartera. Ese hallazgo ha sido para los investigadores del caso del descalabro de Cajanal tan significativo como fue el computador de ‘Jorge 40’ para el escándalo de la para-política.

Entre los cientos de documentos se encontraron dos pagarés firmados por el congresista Hernán Andrade como garantía de un préstamo por un total de 250 millones de pesos. Uno es del 7 de marzo de 2006, por 150 millones de pesos, y el otro, del 10 de marzo del mismo año, por 100 millones de pesos.

Al revisar los pagarés (ver facsímil) llaman la atención varias cosas. En primer lugar, sólo aparecen los datos básicos de nombre, monto del préstamo y firma del deudor, pero quedan en blanco casillas fundamentales para este tipo de transacción, como la tasa de interés, la fecha de pago y las condiciones del mismo. Es decir, se trata de un pagaré en blanco.

En segundo lugar, la fecha de los préstamos. No sólo hay una diferencia de apenas tres días entre los dos préstamos, sino que dos días después de que Armando Cabrera le entregó los últimos 100 millones de pesos, el congresista Hernán Andrade se jugaba en las urnas su elección como senador de la República.

Y en tercer lugar, es curioso el hecho de que el dinero se haya entregado en efectivo. Por lo menos en Colombia, la entrega de grandes sumas de dinero líquido, a escasos días de una jornada electoral, trae a la memoria recuerdos muy poco gratos.
¿Por qué Hernán Andrade recurre a este tipo de préstamos tan poco ortodoxos? ¿Y justo en ese momento?

En el menos grave de los escenarios, se trataría de una simple ligereza de Andrade. No queda bien que un congresista se le mida a hacer este tipo de transacciones tan informales con un particular. Sin embargo, comienzan a despertarse serias sospechas si se tiene en cuenta que Armando Cabrera, para la fecha del préstamo, ya tenía a cuestas una condena a siete años de prisión. La condena se la impuso un juez en septiembre de 1997 y fue ratificada en casación por la Corte Suprema de Justicia, porque desde 1991 ya había comenzado a poner en práctica su invento de cobrar las pensiones especiales, con una prueba piloto de 92 maestros en Cajanal. Es decir, el primer desfalco.

Y, como si fuera poco, casi 10 años después de esta condena, al señor Cabrera la Fiscalía General le abrió dos nuevas investigaciones en 2006 que lo tienen de nuevo en la cárcel y a las puertas de un juicio. En el expediente se asegura que toda la fortuna de Cabrera Polanco y los documentos y pagarés que se encontraron en el allanamiento mencionado son producto de la manera ilícita como se enriqueció por el desfalco a Cajanal.

“Con las diversas pruebas se puede concluir sin lugar a equívocos que Armando Cabrera Polanco y Jeiner Guilombo (su socio) lograron defraudar a la Caja Nacional de Previsión por un monto que supera los 100.000 millones de pesos”, sentencia la Fiscalía en su resolución de acusación.

Palabras más, palabras menos, el hoy presidente del Senado, Hernán Andrade, habría recibido en los días previos a su campaña 250 millones de pesos procedentes del enriquecimiento ilícito del gran desfalco financiero de la última década al Estado colombiano.

Al ser consultado por SEMANA, el congresista confirma buena parte de la información: dice que Armando Cabrera le hizo el préstamo y que lo recibió en efectivo. Para algunos tendría toda la lógica del mundo. Los Cabrera Polanco son una familia conocida del Huila, departamento en el cual hace política el senador, y en esa época, según Andrade, estaban prestando al 2 por ciento de interés, una tasa muy atractiva.

Pero a la hora de responder sobre el para qué de los 250 millones de pesos, el senador terminó entrando en contradicciones. Mientras a las primeras preguntas respondió que el propósito del préstamo no era “estrictamente electoral (...) era también para una operación comercial, no sólo para asuntos electorales” y que Armando Cabrera le “había colaborado en otra época, en otra campaña”, al final negó todo lo anterior y trató de ser rotundo al decir que era exclusivamente por “razones comerciales (que) explicaré a las autoridades”. Es difícil imaginar a un político que en los días decisivos de su campaña recibe tanta plata en efectivo para hacer un negocio comercial.

De otra parte, Andrade dice que ni en ese entonces, ni ahora ve problema en haber recibido el préstamo de Cabrera porque, según afirma, no conocía sus antecedentes, ni siquiera la condena que le habían impuesto. Tal desconocimiento suena por lo menos extraño tratándose de un hombre que, como el senador, no sólo debe estar enterado de lo que ocurre con los personajes de Huila, sino también ha mostrado mayor interés que cualquier otro congresista en Cajanal. Tanto es así que es tal vez el único que ha hecho un debate de control político sobre el tema en el Congreso.

Al ser preguntado sobre si luego de conocer el nuevo proceso penal contra Armando Cabrera puso en conocimiento de las autoridades el préstamo que este le había hecho, Andrade asegura que así lo hizo. Pero una vez más, se niega a especificar ante qué autoridad lo puso en conocimiento y promete que luego lo dirá. Y para completar las contradicciones, en unas primeras respuestas dice que ya pagó la deuda, y en otras, que no la ha pagado.

Lo que tendrían que averiguar las autoridades es para qué, en efecto, utilizó el congresista ese dinero y sobre todo si existía algún otro interés de Armando Cabrera a la hora de entregarle esos recursos a un personaje que, como Andrade, en su calidad de senador y hoy como presidente del Congreso, puede tener tanta influencia sobre varios actores estratégicos en el proceso de Cajanal.

Lo que se sabe hasta ahora es que el senador Andrade se ha caracterizado por ser el más asiduo visitante a las directivas de Cajanal. Tanto, que en la administración anterior llegó al punto de visitar prácticamente cada semana la Caja de Previsión con ocho o 10 números de cédulas de maestros en mano para, según les decía él, resolver sus temas de pensiones.

Y a las directivas de la nueva administración, Andrade les llegó a pedir en tres oportunidades –dos el año pasado y una como presidente del Congreso– que le ayudaran al abogado Óscar Torres quien, según testigos, en las reuniones sacaba listados de cerca de 300 personas a las que les estaba tramitando las pensiones.

El senador Andrade admite que sí conoce al abogado en mención, pero que nunca lo ayudó con nadie del gobierno ni de Cajanal para tramitar pensiones. “Me lo presentaron como un empresario del fútbol de Neiva”. Y justifica sus asiduas visitas diciendo que se trata de trámites que ayuda a hacer a la gente de su región, como parte de su compromiso como congresista.

Consultado sobre el caso, el director de Cajanal, Augusto Moreno, dijo a SEMANA que el senador Andrade le presentó el año pasado al abogado Torres y que en varias oportunidades le solicitó que lo atendiera. De hecho, el funcionario lo recibió, pero se negó a la pretensión de Torres de que Cajanal reconociera un fallo de un juez de Cali que les reconoció la pensión especial a varios educadores, ya que consideraba que eran ilegales.

El caso del desfalco de Cajanal es aterrador. Cada día surgen pruebas que demuestran cómo quienes montaron el tinglado supieron convencer a maestros con faltas de conducta, comprar jueces y sobornar a funcionarios de Cajanal. En cierta época, por ejemplo, mafias de abogados se encargaban de pagarles periódicamente el almuerzo a empleados de la Caja de Previsión y en Navidad enviaban no menos de 100 anchetas de 300.000 pesos.

El nombre de Armando Cabrera ha sido el centro de gravedad del mencionado escándalo de Cajanal, que ya va a ajustar dos décadas. En la resolución de acusación de la Fiscalía en contra suya y de su socio se hace mención particular de dos de los casos en los que se concretó el desangre: el de un juez laboral de Buenaventura que ordenó cancelar pensiones especiales de maestros por 69.000 millones, y el de un juez laboral de Ibagué que ordenó el pago de unos 49.000 millones. En el caso de Buenaventura el dinero ya fue girado y, según la Fiscalía, no les pagaron “ni un solo peso a los pensionados”.

Y lo más grave para los acusados es que en esta investigación, a diferencia del otro proceso penal por el mismo desfalco en el que una juez terminó absolviendo al hermano de Armando, Omar Cabrera, la Fiscalía tiene una prueba reina: dos letras de cambio por valor de 30 millones de pesos giradas por Armando Cabrera al juez de Buenaventura que condenó a Cajanal a reconocer el derecho de “pensión gracia” a más de 300 maestros. Esos documentos serían la prueba del soborno al juez para que acepte las pensiones ilegales, entre otras razones porque las letras de cambio tienen fecha de marzo y la condena a Cajanal se dio en julio del mismo año.

Ahora la expectativa es grande por lo que pueda ocurrir en el juicio de Armando Cabrera. Su abogado, Darío Bazzani, asegura que no es cierto, como dice la Fiscalía, que la fortuna de su defendido sea producto del desfalco de Cajanal. “No se ha probado ningún desfalco, toda vez que no se ha determinado si los pensionados que representaba la oficina de Armando Cabrera y Jeiner Guilombo tenían derecho a la pensión gracia o no. El patrimonio del señor Cabrera proviene de su participación en esa oficina, en el préstamo de dinero a interés y el negocio de esmeraldas”.

Esta historia apenas comienza. Hernán Andrade, un abogado de 48 años oriundo de Neiva, y que está viviendo, como presidente del Congreso, su cuarto de hora en la política, tiene que darle varias explicaciones a la opinión.

En su departamento natal lo conocen como un conservador que ha seguido al pie de la letra el manual del político: de concejal a senador, pasando por diputado y representante a la Cámara. El país apenas lo ha descubierto en los últimos meses, en los cuales ha mostrado una faceta de vocero de la Casa de Nariño que no es común a su tarea como presidente del Legislativo.

¿Por qué el senador Andrade le pide 250 millones a una persona condenada por desfalco al Estado? ¿Por qué no acudió a la banca comercial? ¿Por qué le dieron esa cantidad de plata en efectivo? ¿Cuándo pensaba saldar el presidente del Congreso su deuda con los involucrados en el lío de Cajanal?

Las autoridades judiciales tienen en sus manos un nuevo desafío. Así como en la época del proceso 8.000 o en la más reciente de la para-política, se ha logrado descifrar los sofisticados vínculos de la clase política con las mafias, ahora también es la oportunidad de aclarar de una vez por todas si políticos como Hernán Andrade han jugado algún papel o no en este capítulo que ha marcado la historia de la corrupción en el país.



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