Movilización indígena criminalizada por el gobierno

Movilización indígena criminalizada por el gobierno
Movimientos sociales


Indígenas que se han movilizado de forma pacífica por todo el país, han recibido por respuesta del gobierno violencia, muerte y la criminalización de la protesta que llevan a cabo desde hace una semana. La Gran Minga Nacional por la Dignidad, Protección y la Autonomía de los Pueblos Indígenas de Colombia tiene como objeto protestar por los abusos que, de forma sistemática, se han realizado en contra de las diferentes naciones y pueblos indígenas desde la conquista hasta nuestros días.

La protesta se realiza para exigir soluciones concretas a problemas como la libertad de expresión; la falta de protección social, que ha ocasionado que 18 etnias estén al borde de la extinción al contar cada una con menos de 300 personas; la celebración de contratos con multinacionales, que van en detrimento del desarrollo y pervivencia cultural de estos pueblos; una reforma agraria que distribuya, de forma equitativa y justa, tierras en territorios ancestrales; el cese de las fumigaciones con glifosato, que aquejan la salud de humanos, animales y cultivos; la legalización de territorios indígenas; el castigo al genocidio de los pueblos indígenas por parte de diferentes actores armados y la solución negociada del conflicto, entre otros.

Desde el 11 de octubre de 2008, diferentes movilizaciones se han llevado a cabo, a lo largo y ancho del territorio nacional, con el objeto de visibilizar que, al contrario de la celebración del encuentro de “dos mundos” que se lleva a cabo en octubre, los indígenas en Colombia siguen viviendo el exterminio, el colonialismo y la sumisión. De esta manera, en La Guajira se movilizaron 12.000 indígenas zenú, 15.000 indígenas más en Cauca, 1.200 en el Valle, 5.000 en Risaralda y otros más en Choco, hechos que han sido menospreciados por la gran prensa, que se centra en las declaraciones gubernamentales y en los acontecimientos violentos protagonizados por la Fuerza Pública en el Cauca.

El gobierno ha preferido responder a la movilización usando la fuerza o enviando representantes que no generan confianza a la comunidad indígena, como la viceministra del Interior, María Isabel Nieto, que ha acusado al senador Piñacué de servir a la guerrilla y a la movilización de estar intervenida por actores armados ilegales. De igual manera, Álvaro Uribe ha preferido no negociar y, por el contrario, hacer eco a las afirmaciones de la viceministra respecto a la influencia de la guerrilla en la protesta pacífica que se ha desarrollado en el Cauca, ignorando de forma conveniente las denuncias en las que se acusa a las FARC de asesinar a varios lideres indígenas. El gobernador del Cauca, por su parte, advirtió al defensor del pueblo en Cauca, Víctor Meléndez, sobre reportes de inteligencia que ponen en evidencia la intención de la columna Teófilo Forero de las FARC de asesinar a Feliciano Valencia, líder indígena y consejero del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

La Defensoría del Pueblo en Cauca, el CRIC, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Federación Intrnacional de Derechos Humanos (FIDH), el Sistema de Información Nacional sobre Derechos Humanos (Sindh) y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) han denunciado que se dispara contra los indígenas con armas de fuego, que se usan gases lacrimógenos en concentraciones donde hay niños, que miembros de la fuerza pública han usado machetes contra los manifestantes, que se ha impedido el acceso de ambulancias en la zona para atender los heridos y se ha culpado de esto a los indígenas, que, además, soldados de contraguerrilla se han infiltrando para criminalizar la protesta, dejando material de intendencia para luego ser aportado como evidencia por la policía y así hacer creíble la intervención de la guerrilla.

El resultado de las acciones del gobierno ha dejado como resultado cuatro muertos en los últimos tres días, entre ellos un niño de 20 meses de edad, y más de un centenar de heridos por disparos de fúsil. Sólo en el departamento del Cauca hay un indígena asesinado; 89 heridos de gravedad, 7 de ellos con arma de fuego, 17 con artefactos recalzados y 21 con machete; 8 familias desalojadas y el intento de violación de una menor de edad. Esto sin contar que, en el último mes, 29 indígenas fueron asesinados y que la cifra en los 6 años de gobierno de Uribe asciende a1.240 muertos y 53.885 desplazados.

A pesar de las alertas tempranas y denuncias que organizaciones de derechos humanos y la ONIC han hecho, Uribe expresa que “se infiltran terroristas, nos masacran a los policías, ejercen toda clase de violencia y en seguida nos acusan ante la comunidad internacional porque simplemente nosotros evitamos los bloqueos y enfrentamos la violencia”, declaraciones que alientan la grave situación en la que se encuentran los indígenas que participan de la minga, al legitimar el uso de la violencia y la no negociación de las peticiones de una minoría étnica que, según el DANE, representa el 3% de la población en Colombia. Con esto, la situación de los indígenas tiende a agravarse: según declaraciones de habitantes de la María Piendamó, la Fuerza Pública “permanece dentro del resguardo desde hace dos días […] a pesar del acuerdo al que se llegó con Naciones Unidas para que devolvieran la autoridad a quien le corresponde constitucionalmente: los indígenas”.

Los líderes indígenas por su parte, manifiestan que no van a ceder en cuanto a tomarse las vías y defenderse con sus bastones frente a las agresiones de policías y militares. Rechazan, de igual manera, las declaraciones que los hacen pasar por guerrilleros y otras dadas por la Policía, que argumentan que los indígenas se auto disparan para incriminar a la Fuerza Pública. La minga, lejos de dispersarse por la intimidación que se realiza desde el Estado, está dispuesta a seguir persistiendo en la defensa de sus derechos, pese a las consecuencias que traiga consigo el enfrentarse a la obtusa posición que, desde el gobierno, se les ofrece como respuesta. Muestra de ello son las declaraciones de Verito Cobaría: “si Uribe quiere hacer historia matándonos a todos, saldremos a las carreteras”.

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